viernes, 16 de mayo de 2008

Desapareció una mañana

Chaira Rivera Gallo, hija del primer matrimonio del sindicalista. Foto: Oscar Pérez- El Espectador
Desde hace 25 días no hay rastro del presidente del Sindicato de Servicios Públicos.
Por: Carolina Gutiérrez Torres
Bogotá 15 Mayo 2008 - 10:58pm
Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este año han sido asesinados 23 dirigentes sindicales en todo el país y en Bogotá han desaparecido dos. Guillermo Rivera Fúquene, militante del Polo Democrático Alternativo, es uno de ellos.
a última vez que vieron a Guillermo Rivera Fúquene, dos patrullas y cuatro motos de la Policía lo interceptaron en un parque del barrio El Tunal. Iba trotando para el gimnasio y estaba a sólo una cuadra de su casa. Un uniformado alto y corpulento lo detuvo. El sindicalista preguntó asustado: “Qué pasa, si yo vengo de dejar a mi niña en la ruta”. “¿Cuál ruta, cuál ruta?”, gritó el policía, lo esposó y lo subió bruscamente a la patrulla.

Ese fue el testimonio que dio una vecina del barrio, quien pidió no ser identificada. Sonia Betancour Rojas, la esposa de Rivera, escuchó el relato, les solicitó a los edificios contiguos al parque los videos de las cámaras de seguridad para corroborar la versión. En las imágenes, borrosas y de mala calidad, se ve al sindicalista trotar cerca al parque, se ven las dos patrullas de la Policía y una moto, pero en la esquina exacta donde fue interceptado por los uniformados, según el testimonio, no había cámara. Betancour guarda los videos y los repasa de vez en cuando. Cree que esa prueba es fundamental para dar con el paradero de su esposo, desaparecido desde el 22 de abril.

El matrimonio
Fúquene y Betancour se conocieron en Cuba 13 años atrás. Ella vivía en La Habana. El pelo rubio, teñido, los ojos claros. Tenía 21 años entonces. Él, 38. Era sindicalista, un enamorado de la causa socialista. Ella repetía con la mano en la frente las consignas que eran la oración del colegio cada mañana: “Pioneros, por el comunismo, seremos como el Che”, “Qué viva la revolución”, “Socialismo o muerte”. Él hablaba del Che. Se encontraron en Cuba, los dos revolucionarios y comunistas. Se enamoraron y allí también se casaron.

“Él siempre repetía ‘yo amo esta isla, tengo que casarme con una cubana’ ”, recuerda Sonia Betancour. Y así fue. Viajó a Cuba de vacaciones en 1995. Un amigo le presentó a Sonia, la mujer de cuerpo bonito, shorts y camiseta, que se convertiría en su esposa dos años después. Sólo estuvo 15 días en la isla. Entonces, para conservar el amor, vinieron infinidades de llamadas y cartas y promesas de volver a estar juntos.

“Mi amor, a veces me da miedo tanta felicidad, pues temo que te enamores de una colombiana y te olvides de mí”, le escribió ella alguna vez. Después de unos meses fue él quien le hizo una propuesta: “¿Eres capaz de casarte conmigo, eres capaz de venirte a Colombia conmigo, eres capaz de tener hijos conmigo?”. Betancour no respondió. Entonces llegó una nueva carta, “¿Por qué no me has contestado las tres preguntas que te hice?”. Esta vez la respuesta inmediata fue sí.

Se casaron en Cuba y volvieron a Colombia a vivir, a trabajar –ella en enfermería y él en el sindicalismo– y a tener una hijita que tendría como nombre Gabriela. La niña de ocho años fue la última que vio a Guillermo Rivera esa mañana fría del 22 de abril.

La desaparición
El pasado 21 de abril Sonia Betancour y su esposo se pusieron una cita en el centro, cerca de la Contraloría de Bogotá, donde él trabajaba. Se encontraron y abordaron juntos el Transmilenio hacia su casa en El Tunal. En el camino, Rivera le habló a su esposa sobre una historia triste que había leído esa tarde en internet.

“Era la historia de una niña de nueve años que esperaba ser adoptada. Su hermana ya tenía una familia adoptiva y ella aún no. A Guillermo le impresionó mucho ese testimonio. Me decía, ‘ojalá yo nunca le falte a Gabrielita. Quisiera estar con mis hijas hasta que tengan una carrera y puedan defenderse solas’. Me lo dijo esa noche antes de desaparecer”.

jueves, 15 de mayo de 2008

Sindicatos realizan “Martes por la vida de Guillermo Rivera”

Completó 23 días desaparecido


Bogotá, mayo 15 (Redacción). Los trabajadores sindicalizados de la Contraloría Distrital participaron el martes 13 de mayo en nueva jornada para exigir la aparición con vida del presidente del sindicato de los servidores públicos de Bogotá –Sinserpub-, Guillermo Rivera Fúquene, quien se encuentra desaparecido desde el 22 de abril y por cuyo hecho existen testigos y grabaciones en cámaras de seguridad que involucran a integrantes la Policía Metropolitana de Bogotá.

Decenas de compañeros de labores del líder de los funcionarios públicos acompañaron a Sonia Betancur y a su hija Chaira Rivera, esposa e hija, en la siembra de un árbol de pino, como acto simbólico en la entrada de las instalaciones de la Contraloría Distrital, ubicada en la Calle 26 con Carrera 32, donde se anunció que cada martes entre las 12 M y las 2PM llevarán a cabo actos similares para presionar una respuesta urgente a esta situación que mantiene preocupados y consternados al conjunto de los trabajadores capitalinos.

En la concentración frente a la contraloría sus compañeros exhibieron la silla vacía en la cual laboraba cotidianamente el funcionario Rivera, sobre ella colocaron una foto y unos mensajes en los que anuncian que lo esperan ansiosamente como padre ejemplar, buen compañero de trabajo y excelente dirigente sindical.

Intervino Héctor Bermúdez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT- subdirectiva de Bogotá y Cundinamarca para ratificar la disposición de los trabajadores afiliados y el compromiso de participar activamente en las programaciones acordadas que permitan que vuelva con vida el compañero Guillermo Rivera Fúquene.

Bermúdez cuestionó la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez y exigió al gobierno nacional y distrital responder por la desaparición forzada del integrante de las fuerzas sindicales.

Vivo se lo llevaron, vivo queremos que nos lo entreguen, reclamó Bermúdez. El portavoz de la central obrera condenó igualmente el cinismo del Ministro del Interior y Justicia, Holguín Sardi, quien ante la exigencia de la madre de Rivera en una reunión de que se le resolviera el caso, le dijo que se lo reclamara a quienes organizaron la marcha del pasado 6 de marzo contra el paramilitarismo.

“Es la intolerancia oficial la que nos tiene condenados a esta situación”, declaró Bermúdez. El vocero de la CUT denunció al ejecutivo nacional y las autoridades investigativas por su incapacidad de resolver en Colombia los crímenes del paramilitarismo y optar por extraditar a Estados Unidos a los cabecillas de esos grupos de narcotraficantes y criminales de ultraderecha, con quienes adelanta un fracasado proceso de “justicia paz”.

Harán plantón por la vida en Plaza de Bolívar

El Comité Por la Vida y la Libertad de Guillermo Rivera convoca a toda la ciudadanía a una acción pública de denuncia el día viernes 16 de mayo a partir de las 12.00 a.m. frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Plaza de Bolívar.

Cada día que pasa corre en contra de la vida de éste dirigente sindical y político, es necesario redoblar la acción de búsqueda y denuncia nacional e internacional y exigir a las autoridades estatales, nacionales y distritales, un pronunciamiento claro que contribuya efectivamente a su pronta recuperación sano y salvo. La Fiscalía no puede seguir dilatando la investigación y el Gobierno Nacional no puede continuar con su ineficiencia en el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda urgente establecidos en la Ley, asegura Gabriel Becerra, integrante del Comité.

Los indicios recogidos hasta el momento responsabilizan a la Policía Metropolitana de Bogotá de haber cometido éste horrendo acto de desaparición forzada. El cual se suma a otros hechos de agresión y provocación que se vienen presentando en la ciudad en las últimas semanas, relacionados con amenazas de grupos paramilitares en sectores populares, agresiones contra la universidad pública y saboteos en jornadas de movilización como los presentados el 1 de mayo. Indica el portavoz.

Consideran los miembros del Comité por la Vida que el Alcalde Mayor de Bogotá, como máxima autoridad de Policía, debe ordenar a la institución que responda por éste acto de Desaparición Forzada contra un afiliado del PDA. Debe ofrecer una recompensa a quien de información de su paradero y de los responsables de cometer el delito. Debe exigir respeto por el derecho legítimo a la organización y la participación sindical en la ciudad. El Contralor de la ciudad debe hacer las acciones que sean necesarias para esclarecer el paradero con vida de uno de sus funcionarios, ofrecer públicamente su compromiso y solidaridad al igual que el personero distrital. No bastan las buenas intenciones es urgente actuar rápido y contundentemente.

Denuncia de la Fundación Sumapaz

Bogotá, mayo 12 (Fundación Sumapaz). A la 1:10 de la tarde del día 7 de mayo de 2008, miembros del Ejercito Nacional de Colombia interceptaron a los señores Winston Gallego Pamplona defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz y Jorge Meneses mensajero de la misma institución.

En momentos en que los dos integrantes de la institución abordaban un taxi a las afueras de la Universidad de Antioquia, fueron abordados por dos hombres de civil que portaban armas de fuego y se identificaron posteriormente (ante los requerimientos de un miembro de la policía nacional) como integrantes del Ejército Nacional, quienes apuntando al vehículo obligaron al conductor a detenerse; procedieron a abrir las puertas del taxi y mediante insultos obligaron a entregar sus pertenencias (morrales) y su documento de identidad (Cédula de ciudadanía)

El agente de policía (Gómez Borja con placa 62386) que prestaba el servicio en las afueras de la Universidad , se acercó al vehiculo con revolver en mano, preguntando que pasaba; en ese momento Winston Gallego se bajó del taxi para dar a conocer la situación, ante lo cual los hombres reaccionaron con insultos obligándole nuevamente a montarse al taxi y retirarse de la zona.
Los dos miembros de la Fundación ante la dicha situación, se acercaron a funcionarios de la Unidad Permanente de Derechos Humanos Personería de Medellín, los cuales se encontraban cerca del lugar de los hechos. Con el personal de la Unidad los dos miembros de la Fundación se devolvieron a la zona donde ocurrieron los hechos y abordaron al policía que fue testigo de la situación. Se anota que este agente de policía no tomó ninguna medida frente a la situación que se presentaba en el momento.

A la pregunta realizada por miembros de la Personería acerca de los sujetos que interceptaron y hurtaron las pertenencias de los dos integrantes de la Fundación Sumapaz, el agente responde que no posee ningún tipo de identificación de estos dos sujetos, pero que se presentaron ante él (autoridad policial) como miembros del Ejercito Nacional; uno de ellos dijo ser Sargento de inteligencia del Ejercito y que por esto los dejó ir, no obstante estar vestidos de civil y portar armas de fuego.

Este es uno más de los hechos dirigidos por el estado colombiano en contra de las ONG, organizaciones sociales, líderes comunitarios, sindicalistas y estudiantes, lo que agudiza su situación frente a la defensa, protección y garantía de los derechos humanos y contribuye a la estigmatización y la eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos humanos.

Estos hechos son graves en la medida que representan una omisión de la institución de la fuerza pública (policía) ante lo sucedido el día 7 de mayo. Y una persecución a los defensores de derechos humanos por parte del Ejercito Nacional.
Exigimos a esta institución esclarecer los hechos que se dieron por parte de sus integrantes y responsabilizamos al estado colombiano por las acciones que se puedan derivar de lo sucedido y de la presente denuncia.

Fundación Sumapaz
Bogotá, 8 de Mayo de 2008

miércoles, 14 de mayo de 2008

COMUNICADO SOBRE PRESOS COMUNISTAS DEL CAGUAN

LIBERTAD PARA LOS DIRIGENTES COMUNISTAS DE REMOLINOS DEL CAGUÁN

Entre el domingo 11 y el lunes 12 de mayo, en un operativo conjunto de DAS y Ejército fueron detenidos 25 ciudadanos del municipio de Remolinos del Caguán, departamento del Caquetá. Los informes de la prensa oficial hablan de decomiso de armas, cocaína y material “subversivo”. Estas personas fueron trasladadas al CTI de la Fiscalía bajo sindicación de rebelión, por cuenta del Fiscal 53, delegado ante las Fuerzas Militares.

Como de costumbre, se habla de un “golpe a la subversión”. Pero mienten sobre los ciudadanos detenidos y los elementos incautados. En los allanamientos y detenciones no fueron obtenidos los elementos señalados. Tampoco hubo presencia del Ministerio Público, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo.

Entre los detenidos se cuenta la dirección del Partido Comunista Colombiano del municipio. Se trata de un atropello de persecución política, que pretende implicar por la fuerza a dirigentes políticos con la insurgencia. En la lógica gubernamental de Álvaro Uribe, sobran los derechos procesales, las garantías y las libertades. Se ha dado inicio a una declarada cacería de brujas contra la izquierda que actúa en los espacios legales, en el viejo estilo de la persecución macartista.


El Partido Comunista Colombiano denuncia esta grave situación. Reclama de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo esclarecer si se trata de un juicio político contra una organización, integrante del Polo Democrático Alternativo. Exige la plenitud de las garantías para los ciudadanos (as) detenidos (as) y su inmediata libertad.

Acude a la opinión democrática nacional e internacional para que actúe en exigencia del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo colombiano.


PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Comité Ejecutivo



Bogotá, mayo 13 de 2008

LA EXTRADICIÓN OTRA MANIOBRA PARA LA IMPUNIDAD


(Colombia) (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)
Fecha: Mayo 13 de 2008
EL Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
, desde un comienzo denunció ante la comunidad nacional e internacional que el denominado proceso de desmovilización paramilitar y el marco jurídico que lo soporta no responde a los derechos de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.


La extradición de los jefes paramilitares es un elemento adicional que revela el fracaso de la ley de justicia y paz y constituye una nueva afrenta contra las víctimas, así el actual gobierno presente ante la opinión pública, la extradición como un favor a las mismas.


La extradición por razones de narcotráfico desconoce la prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad.


El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado exige al gobierno de Estados Unidos que devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la ley de justicia y paz porque esta beneficia a los victimarios y no a las víctimas, porque no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales.


Solicita a la administración de justicia colombiana que traslade a la justicia ordinaria, todos los procesos que se tramitan en el marco de la ley de justicia y paz que se siguen contra los jefes paramilitares extraditados, así como todos los procesos que se adelantan en este marco normativo, dada la evidente ineficacia e inoperancia del mismo La satisfacción de los derechos fundamentales de las víctimas es un requisito necesario e ineludible para asegurar la no repetición de estos crímenes que han marcado de dolor las páginas de la historia y que han ofendido la dignidad de la sociedad colombiana.

LA EXTRADICIÓN DE LOS PARAS: OTRA FORMA DE IMPUNIDAD

Por Nelson Lombana Silva

Es una afrenta para el país, especialmente para el pueblo masacrado por el paramilitarismo y la justicia colombiana, la determinación del presidente Álvaro Uribe Vélez, de extraditar a sus amigos a los Estados Unidos. Es una jugada política, marrullera del inquilino de la casa de Nariño.

Porque de un lado evita que sus consentidos sigan hablando e involucrando a políticos en la parapolítica; evita que sean condenados por crímenes de lesa humanidad y de paso se pretende congratular con su amo, los Estados Unidos, para que el congreso saque del congelador el leonino Tratado de Libre Comercio, TLC.

Es en verdad otra infamia de Uribe, que debe repudiar el pueblo colombiano y la comunidad internacional. En ese sentido, el Polo Democrático Alternativo, PDA, debe liderar una campaña abierta y convocar una movilización contundente para rechazar las patrañas maquiavélicas del "señor de las sombras".

El responsable de la ONG Human Rights Watch, para Latinoamérica, José Miguel Vivanco, señaló mediante comunicado que los supuestos desmovilizados capos del paramilitarismo al ser extraditados perjudican a las víctimas y favorece a la clase política salpicada de paramilitarismo y narcotráfico.


"Los grandes perdedores con esta extradición son las víctimas, quizás nunca tengan la oportunidad de llevar sus tormentos ante una corte colombiana. Los grandes ganadores podrían ser los políticos locales, (colombianos) cuyos secretos están bien guardados por los jefes paramilitares extraditados", indicó.

Uno podría suponer que en el listado de sindicados seguiría el señor Álvaro Uribe Vélez y ante esa hecatombe la sutil jugada fue enviarlos a los Estados Unidos. Como dice Vicente Fernández: ¡Qué de raro tiene!

Ahora, que fue una determinación presidencial autónoma, lo dudo mucho, máxime cuando se sabe que Uribe no respira sin antes pedir permiso a los gringos. Tampoco, supongo, fue una determinación inconsulta con los príncipes de la motosierra. Uribe sabe extraditar miembros del cartel de Cali, pero, ¿de Medellín? Lo dudo muchísimo…

Ibagué, mayo 14 de 2008

martes, 13 de mayo de 2008

Urgente- la extradición de los jefes paras, camino a la impunidad



Por: Roberto Romero May. 13, 2008 at 1:00 PM
En uno de los hechos más graves hacia la total impunidad de los crímenes paramilitares, el gobierno de Uribe decidió extraditar a Estados Unidos 14 jefes de las AUC y tiene en salmuera a otros tantos.

En uno de los hechos más graves hacia la total impunidad de los crímenes paramilitares, el gobierno de Uribe decidió extraditar a Estados Unidos 14 jefes de las AUC y tiene en salmuera a otros tantos. Pasada la medianoche del martes 13, fueron reunidos en la base militar de Catam en Bogotá, los más connotados líderes paramilitares como “Mancuso”,” Don Berna”, “Jorge 40” después de traerlos de la cárceles de Itaguí, La Picota y Barranquilla.

Sin duda, se trata de la más grande maniobra distractora de la Casa de Nariño en el caso que la agobia de la parapolítica.

Todos los implicados tenían la obligación en el proceso de Justicia y Paz, confesar los crímenes de lesa humanidad y reparar a las víctimas. Pero también eran piezas claves en el curso de las investigaciones que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia contra más de 60 parlamentarios inmersos en el escándalo de la vinculaciones de políticos ligados a Uribe, 34 de ellos detenidos.

Además, según varios de los abogados consultados en la madrugada por el espectador.com, con la extradición se obstruye el proceso de Justicia y Paz, pues precisamente ahora los líderes paramilitares desmovilizados estaban comenzando a revelar la colaboración que miembros del Ejército les prestaron en sus operaciones. Apenas una semana atrás, alías ”Don Berna” reconoció la participación de sus hombres en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre cuyos autores, admitió el jefe paramilitar, estaban varios militares activos.

Igual Hernán Hernández, alias H.H., quien fue integrante de los bloques Calima y Bananero de las Auc, admitió la participación de miembros del Ejército en varias de sus operaciones. Uno de los argumentos del gobierno para tomar tan grave medida que golpea en primer lugar a las miles de víctimas de los crímenes paramilitares, es que los responsables no estaban confesando sus delitos y menos reparando a los sobrevivientes.

Sin embargo, ahora en manos de las Cortes norteamericanas, donde deben responde por narcotráfico exclusivamente, los jefes paramilitares no se autoincriminaran sabiendo que les esperan penas que rayan con la cadena perpetua y menos si por ello no van a obtener beneficios judiciales.

Estamos, pues, ante la confirmación plena de la total pérdida de la soberanía nacional en detrimento de los intereses más altos de la nación, que pierde así su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación mientras se aleja el castigo a los culpables y sus cómplices de los peores crímenes contra el pueblo.

Las implicaciones de la medida aun están por venir. Quién sabe si algunos jefes paramilitares decidan, en su infinito odio a quienes los abandonaron, pongan el ventilador y salpiquen a las más altas autoridades nacionales. Los gritos destemplados de “Jorge 40”, cuando encadenado en cuello y manos, se disponía a abordar la nave de la DEA de “nos traicionaron…h.p” y ofensas impublicables a Uribe, como seña El espectador, pueden ser el primer anuncio.