La comisión interamericana de derechos humanos (CIDH), otorga medidas cautelares a favor de 179 familias campesinas
de las veredas el Vergel y el Pedregal del municipio de Caloto-Cauca
A través de la Corporación Justicia y Dignidad, 179 familias campesinas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, solicitaron a la CIDH, la protección de su derecho a la vida, la integridad personal, así como el derecho a retornar a su territorio en condiciones de dignidad ante las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho Internacional Humanitario que se han venido presentando en sus territorios durante 2009 y 2010.
Múltiples han sido los daños ocasionados por el Ejercito Nacional en contra de las beneficiarios de las medidas cautelares, entre los que se destacan atentados en contra de la integridad personal, a la libertades y la destrucción de bienes civiles en medio de combates entre el ejército y la guerrilla. Los campesinos MILEYDI MORENO RESTREPO y sus menores hijos, fueron secuestrados por efectivos militares y trasportados en helicópteros artillados hacia un departamento vecino; Igual suerte corrió JOHN JAIRO TORRES MONTES, quien fue vendado, esposado y acusado de guerrillero y fue objeto de ofrecimiento de que se vinculara al programa de reinserción.
La destrucción del acueducto veredal en medio de los combates y la ocupación frecuente de la escuela por parte del ejército, lo cual ha sido impactada en varias ocasiones por artillería, ha puesto en riesgo la vida de más de 160 niños y niñas.
Las amenazas, persecución, señalamientos y allanamientos ilegales contra a los líderes campesinos RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE, han sido constantes, por el solo hecho de haber organizado a sus comunidades para la denuncia pública y la acción política. Hoy se encuentran en condición de desplazamiento forzado.
El 13 de marzo de 2010, el ejército intentó hacer pasar por un guerrillero dado de baja en combate, al joven campesino LIBER CUETIA, que de no ser por la oposición de las comunidades organizadas que arrebataron el cadáver a los efectivos militares, se habría convertido en otro mal llamado “falso positivo”.
A pesar de que el Estado de Colombia, conocía del trámite de las medidas cautelares, continuaron los atropellos por parte de los militares contra las comunidades campesinas: El 4 de junio fue herida de gravedad por un tiro de fusil la menor de 17 años VERONICA TROCHEZ, el cual impactó cerca a su columna vertebral y le salió por el abdomen.
El 27 de julio mientras el campesino TOBIAS SANCHEZ se dedicaba a labores agrícolas, a plena luz del día, fue víctima de un atentado, por parte de miembros del ejército que dispararon contra su humanidad, impactando un tiro de fusil en su cabeza.
Los beneficiarios de las medidas cautelares, son familias campesinas que históricamente han poblado estos territorios, y que en este momento padecen una de las más duras crisis humanitarias, por el hecho de encontrarse ubicados en las zonas donde el Estado ha implementado una fuerte estrategia militar.
Contrasta el otorgamiento de estas medidas cautelares, con el pronunciamiento del recién posesionado presidente de la república JUAN MANUEL SANTOS que el mismo día en Popayán Cauca, dio la orden de “arreciar, arreciar y arreciar” el conflicto en el departamento del Cauca, principalmente la zona norte en donde se encuentran ubicados las familias beneficiarias de las medidas cautelares. Ojala el Estado colombiano cumpla con los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que le son vinculantes y garantice el derecho a la vida, la integridad y permita a estas familias campesinas vivir en dignidad.
Corporación Justicia y Dignidadde las veredas el Vergel y el Pedregal del municipio de Caloto-Cauca
A través de la Corporación Justicia y Dignidad, 179 familias campesinas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, solicitaron a la CIDH, la protección de su derecho a la vida, la integridad personal, así como el derecho a retornar a su territorio en condiciones de dignidad ante las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho Internacional Humanitario que se han venido presentando en sus territorios durante 2009 y 2010.
Múltiples han sido los daños ocasionados por el Ejercito Nacional en contra de las beneficiarios de las medidas cautelares, entre los que se destacan atentados en contra de la integridad personal, a la libertades y la destrucción de bienes civiles en medio de combates entre el ejército y la guerrilla. Los campesinos MILEYDI MORENO RESTREPO y sus menores hijos, fueron secuestrados por efectivos militares y trasportados en helicópteros artillados hacia un departamento vecino; Igual suerte corrió JOHN JAIRO TORRES MONTES, quien fue vendado, esposado y acusado de guerrillero y fue objeto de ofrecimiento de que se vinculara al programa de reinserción.
La destrucción del acueducto veredal en medio de los combates y la ocupación frecuente de la escuela por parte del ejército, lo cual ha sido impactada en varias ocasiones por artillería, ha puesto en riesgo la vida de más de 160 niños y niñas.
Las amenazas, persecución, señalamientos y allanamientos ilegales contra a los líderes campesinos RAFAEL ULCUE y SERGIO ULCUE, han sido constantes, por el solo hecho de haber organizado a sus comunidades para la denuncia pública y la acción política. Hoy se encuentran en condición de desplazamiento forzado.
El 13 de marzo de 2010, el ejército intentó hacer pasar por un guerrillero dado de baja en combate, al joven campesino LIBER CUETIA, que de no ser por la oposición de las comunidades organizadas que arrebataron el cadáver a los efectivos militares, se habría convertido en otro mal llamado “falso positivo”.
A pesar de que el Estado de Colombia, conocía del trámite de las medidas cautelares, continuaron los atropellos por parte de los militares contra las comunidades campesinas: El 4 de junio fue herida de gravedad por un tiro de fusil la menor de 17 años VERONICA TROCHEZ, el cual impactó cerca a su columna vertebral y le salió por el abdomen.
El 27 de julio mientras el campesino TOBIAS SANCHEZ se dedicaba a labores agrícolas, a plena luz del día, fue víctima de un atentado, por parte de miembros del ejército que dispararon contra su humanidad, impactando un tiro de fusil en su cabeza.
Los beneficiarios de las medidas cautelares, son familias campesinas que históricamente han poblado estos territorios, y que en este momento padecen una de las más duras crisis humanitarias, por el hecho de encontrarse ubicados en las zonas donde el Estado ha implementado una fuerte estrategia militar.
Contrasta el otorgamiento de estas medidas cautelares, con el pronunciamiento del recién posesionado presidente de la república JUAN MANUEL SANTOS que el mismo día en Popayán Cauca, dio la orden de “arreciar, arreciar y arreciar” el conflicto en el departamento del Cauca, principalmente la zona norte en donde se encuentran ubicados las familias beneficiarias de las medidas cautelares. Ojala el Estado colombiano cumpla con los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que le son vinculantes y garantice el derecho a la vida, la integridad y permita a estas familias campesinas vivir en dignidad.
Caloto cauca 14 de agosto de 2010
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