Manuel Cepeda, el 9 de agosto de 1994, lo asesinó un grupo de sicarios.
EL AÑO DE LA VERDAD En un hecho histórico, se reconoce que el Estado tuvo implicaciones en el homicidio de uno de los líderes del partido de izquierda Unión Patriótica.
El Estado colombiano se puso al día con parte de la deuda histórica que tenía con la izquierda del país. Reconoció su responsabilidad por acción y omisión en la muerte del senador Manuel Cepeda, del partido Unión Patriótica (UP) en 1994. Este lunes y martes se realizó un proceso al respecto en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington. Allí estuvo representando al gobierno de Colombia a través de la viceministra del Interior, María Isabel Nieto; la embajadora Carolina Barco y el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina.
En esa serie de reuniones, el Estado colombiano admitió que en el caso de Cepeda hubo acción, pues años más tarde, se confirmó la participación de dos militares en aquella muerte.
El 16 de enero de 2000, la justicia condenó a 43 años de prisión a los suboficiales del Ejército Justo Gilberto Zúñiga y Hernando Medina, como coautores del crimen. En la sentencia que culpa a estos dos soldados, también aparece el nombre de Carlos Castaño como autor intelectual del asesinato. Éste último se atribuyó el crimen en su libro ‘Mi confesión’.
Además de estas implicaciones en el homicidio, el Estado es culpable por omisión, pues este senador comunista había denunciado amenazas contra su vida y nunca recibió ningún tipo de apoyo gubernamental para su seguridad.
Conciliación en juego
La idea con la aceptación de esas responsabilidades es conciliar con los familiares del fallecido senador y así evitar un largo y exigente proceso jurídico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso llega hasta aquella instancia y el Estado colombiano pierde, tendría que pagar una cuantiosa indemnización a la familia de Cepeda. Pero a los familiares no les interesa que el caso se resuelva en este momento. Ellos argumentan que su interés no es el dinero sino que se sepa toda la verdad sobre el asesinato de este dirigente del Partido Comunista y director del semanario de izquierda ‘Voz’.
“El reconocimiento que se hace es un hecho histórico, pero hace falta mayor claridad en la responsabilidad del Estado. Hasta ahora hay dos personas detenidas. Sin embargo, falta confirmar la participación de los generales Ramón Emilio Gil y Harold Bedoya”, le dijo Iván Cepeda, hijo del senador asesinado, a La W.
Las sospechas de los familiares se sustentan en los sucesos que antecedieron aquella muerte. Días previos al homicidio, Cepeda y varios de sus compañeros políticos recibieron amenazas de muerte.
‘Golpe de gracia’
Éstas empezaron a llegar cuando el comunista Miller Chacón, militante también de la UP, denunció en el periódico Voz un plan denominado ‘Golpe de gracia’. Según sus versiones, éste consistía en dar muerte a varios integrantes de la UP.
En el expediente que tiene la Fiscalía sobre el caso, Iván, el hijo, mencionó que su padre también había hecho estas denuncias ante varias entidades. “Incluso ante la europea Amnistía de Derechos Humanos”, dice el registro.
Por aquellas denuncias empezaron a llover todo tipo de amenazas a la sede del partido. La UP es un movimiento que se creó después de los acuerdos de paz entre el gobierno conservador de Belisario Betancur y las Farc. De aquel grupo guerrillero, algunos decidieron desmovilizarse para librar luchas políticas en vez de bélicas por medio del partido.
Al contrario de amilanarse ante las amenazas, Cepeda se mostró más vehemente. Siguió denunciando a pesar de las intimidaciones que recibió. Ante la negativa del Estado para ofrecerle seguridad, su Partido puso a su disposición a un chofer y un escolta.
Así murió
Con esas mínimas condiciones de seguridad se sintió algo tranquilo y continuó evidenciando las irregularidades que percibía. El 9 de agosto de 1994 lo persiguió un grupo de sicarios a eso de las 8:30 de la mañana por toda la avenida Américas, de Bogotá.
Un Renault 9 blanco se acercó al carro donde Cepeda iba con su chofer y su escolta. Desde allí, dispararon con una pistola nueve milímetros. El escolta reaccionó y descargó su revólver calibre 38, pero no pudo defender a su protegido.
Una hora más tarde, pasaba por allí un bus donde se transportaba en ese momento Iván, que iba para su trabajo. Al ver el carro de su padre, se bajó porque pensó que se trataba de un choque. Cuando llegó hasta el vehículo, el escolta le dijo “compañero, no pudimos hacer nada”. En ese momento, Iván vio el cuerpo sin vida de su padre en el puesto delantero del coche.
En similares circunstancias murieron cerca de 3.200 militantes de la UP. Desde ese entonces, la lucha de la familia de Cepeda y de las demás víctimas de esta colectividad de izquierda, se ha concentrado en que se conozca la verdad y en hacer que el Estado pague por sus implicaciones. Hasta ahora, es la primera vez que el Estado reconoce participación en el exterminio de los integrantes del partido UP.
