El Estado no está haciendo todo lo que podría para garantizar que las 125 mil personas que han sufrido por el paramilitarismo accedan a asesoría legal, atención sicológica y reparación colectiva. Balance de la Corporación Nuevo Arco Iris.
Fecha: 04/17/2008 - El debate que tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado ayer planteó los puntos neurálgicos en los que está fallando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para garantizar lo que su artículo primero estipula “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. El debate no pretendió demostrar la capacidad de los paramilitares para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Por el contrario, quería mostrar que el Estado a través de las instituciones a las que la Ley de Justicia y Paz les asignó funciones, no ha cumplido de forma eficaz y diligente con sus responsabilidades para garantizar los derechos de las víctimas. La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, y en particular la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por su expreso mandato, no les han cumplido a las víctimas o les han cumplido sólo parcialmente.
La representación judicial
Las cifras que se presentaron en el debate muestran que la representación judicial de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo está fallando y que esa entidad no puede seguir escudando su ineficacia en la falta de presupuesto.
Las cifras que se presentaron en el debate muestran que la representación judicial de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo está fallando y que esa entidad no puede seguir escudando su ineficacia en la falta de presupuesto.
A dos años y ocho meses de vigencia de la Ley poder aún no ha podido brindarles a las víctimas una asesoría y representación judicial idónea, sobre todo cuando las denuncias de abogados particulares que las estafan son frecuentes.
La reparación integral también se juega en este punto: en garantizar un acceso eficaz a la justicia que implique la defensa técnica para las víctimas. Fuente: Defensoría del Pueblo, abril 2008. Entre todas las víctimas que están registradas en Justicia y Paz (125.368), solo se han acreditado el 55.06% (69.027).
La Defensoría del Pueblo ofrece representación judicial a 10.716 víctimas, es decir, al 9% de las víctimas. El Ministro del Interior, Carlos Holguín afirmó en el debate al referirse a la participación de las víctimas en Justicia y Paz que “no están todos los que son ni son todos los que están”.
A casi tres años de vigencia de la ley, se esperarían respuestas más contundentes. La atención psicosocial También es preocupante lo que está ocurriendo con el acompañamiento psicosocial.
La Defensoría cuenta con un equipo de 12 psicólogos para desarrollar la estrategia de Ruta Psicojurídica que la Unidad de Justicia y Paz de dicha entidad implementó a mediados del 2007. Tan sólo 2263 víctimas han asistido a talleres de orientación psicosocial, 1997 han sido beneficiarias de orientación psicosocial individual, y 1319 han presenciado talleres psicosociales. Esto demuestra que sólo el 23% de las víctimas de todas (que hasta ahora suman 8.634) las que participaron de las versiones libres y escucharon el relato de crímenes atroces por parte de los perpetradores fueron beneficiarias de la orientación psicosocial individual.
Estudios chilenos y argentinos sobre los efectos del conflicto en la salud mental concluyen que las víctimas del conflicto armado no pueden equipararse a las de los efectos de desastres naturales. Las víctimas de conflictos armados saben que su agresor sigue presente y por eso sienten más miedo, vulnerabilidad, e impotencia.
La ruta psicojurídica está teniendo un efecto de “primeros auxilios emocionales” que lo que termina haciendo es preparando a la persona para que sea funcional en el proceso jurídico, pero que no profundizan en la condición de su salud mental y no permite valorar los daños. Por eso es necesario un acompañamiento psicosocial desde el inicio de los procesos penales para que las víctimas no vuelvan a ser victimizadas y se asegure una defensa eficaz de sus derechos. Ni qué hablar del tratamiento sicológico en comunidades que han sido víctimas de masacres. Es urgente mejorar la oferta de programas estatales y diseñar protocolos de atención para valorar el daño colectivo a las comunidades, de modo que se remita a las instituciones especializadas.
Es importante considerar que las víctimas no sólo hacen duelo por los seres queridos muertos o desaparecidos sino también por su proyecto de vida, por ello esta atención al daño colectivo es fundamental para la reconstitución del tejido social de las comunidades. Restitución de bienes La Ley 975 de 2005 no estipula literalmente un momento expreso para la entrega de bienes a las víctimas y esta podría llegar a realizarse hasta el final del proceso jurídico, en la audiencia de verificación de cargos. Frente a esto, no se conocen acciones concretas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que la entrega de bienes se realice en las etapas iniciales del proceso. Si esto no ocurre los bienes pueden pasarse a terceros o deteriorarse, como se comprueba en el listado de bienes de Acción Social.
Entonces, si lo que prima en la función de la CNRR es la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, una acción diligente frente a la entrega de bienes podría garantizar que existan mejores condiciones para una reparación integral.
Si bien el Ministro Carlos Holguín reconoció que “es una vergüenza lo de bienes, es mínimo”, cosa que ya el Presidente había afirmado el día anterior, tampoco se puede aceptar que estas instancias digan que están dando los primeros pasos.
Para entender la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, un procedimiento diseñado sin contar con la estructura institucional adecuada para llevarlo adelante, podría apelarse a la sabiduría campesina que recuerda que “primero hay que comprar las bestias para ensillarlas”.
Pero el Ministro también afirmó que “el esfuerzo del Estado es descomunal” y que lo que hizo fue “lo más y lo mejor”, cuando se conoce por diversas fuentes de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que han asesinado a 15 víctimas vinculadas al proceso de Justicia y Paz y que hay 92 víctimas amenazadas. Entonces si esto ha sido “lo más y lo mejor”, cabe preguntarse ¿qué tal hubiera sido lo menos y lo peor?
El debate de ayer permitió situar en el escenario público un tema que es muy relevante en la coyuntura actual. Si como sociedad colombiana no estamos dispuestos a asumir el problema de las víctimas del conflicto armado como un problema que nos involucra a todos y todas, difícilmente alcanzaremos la verdad, la justicia y la reparación necesarias para el tránsito hacia la paz sostenible. Ver..
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