miércoles, 29 de octubre de 2008

Ante la destitución de militares por la desaparición y luego ejecución extrajudicial de jóvenes de Soacha


Por Isabel M

Analista política

Ante la destitución de militares por la desaparición y luego ejecución extrajudicial de jóvenes de Soacha y otras partes del país, quiero manifestar que esta acción del presidente y la cúpula militar no es más que otra burla al país y al mundo, puesto que ESTE PROCEDER HACE PARTE DE LA POLITICA CONTRAINSURGENTE POR LA QUE TRANSITA EL ESTADO COLOMBIANO EN SU AFAN POR ELIMINAR EL SUPUESTO ENEMIGO INTERNO, ANTES QUE HACER LAS REFORMAS NECESARIAS PARA DAR UNA SALIDA CIVILIZADA AL CONFLICTO SOCIAL.


ME PARECE DE UN CINISMO ABERRANTE COMO EL PRESIDENTE SALE A DECIR POR LOS MEDIOS, QUE ESA ACTUACION DE LOS HOMBRES DEL CUAL ÉL ES SU COMANDANTE EN JEFE, SOLO SE HA VISTO EN PAISES DEL CONO SUR DONDE HUBO DICTADURAS, CUANDO ES PRECISAMENTE COLOMBIA EL EJEMPLO VERGONZANTE, DE QUE NO ES NECESARIA LA DICTADURA MILITAR PARA DETENER, TORTURAR, DESAPARECER, EJECUTAR EXTRAJUDICIALMENTE A CIENTOS DE PERSONAS, JUDICIALIZAR LAS JUSTAS LUCHAS DEL PUEBLO COLOMBIANO, INDIGENAS, OBREROS, ESTUDIANTES CAMPESINOS, MUJERES Y NIÑOS. ES LA 'DEMOCRACIA MAS ANTIGUA Y SOLIDA DE AMERICA LATINA -COLOMBIA-', DONDE NO SE NECESITA UN MILITAR, SINO UN PARAMILITAR EN EL PODER PARA QUE VIVAMOS LA TRAGEDIA QUE ESTAMOS SINTIENDO A DIARIO, LOS UNOS MURIENDO DE HAMBRE, DESNUTRICION E IGNORANCIA Y LOS OTROS BAJO EL PODER DE LAS MOTOSIERRAS Y OTRAS ARMAS NO CONVENCIONALES UTILIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DE URIBE, COMO LO OBSERVAMOS CONTRA LOS INDIGENAS EN EL CAUCA Y EN OTRAS REGIONES DEL PAIS.


NO SE NECESITÓ DE UNA DICTADURA PARA LLENAR EL PAIS DE FOSAS COMUNES REPLETAS DE CUERPOS CERCENADOS POR SUS AGENTES DE LA MOTOSIERRA, ARMAS QUE NO HAN ENTREGADO LOS DESMOVILIZADOS.


NO SE NECESITA DE UNA DICTADURA PARA EJECUTAR JOVENES INOCENTES, EN CAMBIO DE GARANTIZARLES EMPLEO DIGNO Y EDUCACION.



NO SE NECESITA DE DICTADURA PARA MENTIR A DIARIO AL PAIS Y AL MUNDO, TRATANDO DE OCULTAR LOS VINCULOS ESTRECHOS DE LA FUERZA PUBLICA Y TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA INTELIGENCIA CON EL APARATO CONTRAINSURGENTE, LLÁMENSE AGUILAS NEGRAS, AUC, PARAMILITARES O COMO LO ESTAMOS PRESENCIADO QUE SON LAS MISMAS FUERZAS ARMADAS, POLICIA, DAS, SIJIN, DIJIN, UNAS VECES CON UNIFORME, OTRAS DE CIVIL. COMO TAMPOCO ES UN SECRETO QUE ESTE ES UN PROYECTO IDEADO, ORIENTADO Y FINANCIADO POR EL IMPERIO NORTEAMERICANO Y SALE EL TAL EMBAJADOR A DAR DECLARACIONES TAMBIEN CON UN CINISMO ABERRANTE.


UNA SALIDA POLITICA DEBE ESTAR ENMARCADA EN LA INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION DESDE EL MISMO URIBE EN ADELANTE CON SUS GENERALES Y COMPLICES EN TODOS LOS NIVELES DEL ESTADO COLOMBIANO. PERSONALMENTE NO PUEDO HABLAR DE PAZ Y RECONCILIACION CON ESOS CARNICEROS.

Plan Patriota genera grave crisis humanitaria


Las comunidades son sometidas a interminables requisas. Foto Camilo Raigozo.


Bajo Caguán, Caquetá

Plan Patriota genera grave crisis humanitaria

El Ejército boicoteó el acto final al no permitir la libre movilización de los campesinos y mantiene al corregimiento Peñas Coloradas literalmente secuestrado

Por Camilo Raigozo. Enviado especial. Voz

Entre los días 21 al 24 de octubre del presente año, se llevó a cabo una caravana humanitaria que visitó a varias veredas, corregimientos y caseríos del municipio de Cartagena del Chairá, en el bajo Caguán, Caquetá.

La caravana estuvo integrada por miembros de la ONU, de la embajada Suiza, de la Defensoría del Pueblo, de varias ONG defensoras de derechos humanos extranjeras y nacionales, el profesor Gustavo Moncayo y algunos periodistas.

El evento fue organizado por la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas y las comunidades del bajo Caguán y Suncillas de Cartagena del Chairá.

Los corregimientos a los que llegó la caravana fueron entre otros, Santa fe, Cristales, Camelias, Las Ánimas, El Venado, Café, Peñas Coloradas, Remolinos, Monserrate y Santo Domingo, sobre las riveras del río Caguán.


‘fantasma’ Peñas Coloradas sin lograrlo. Foto Camilo Raigozo.
Durante el recorrido, VOZ pudo constatar que los habitantes de los lugares mencionados están padeciendo una grave crisis humanitaria debido a las persistentes violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por parte del ejército colombiano, en el desarrollo del Plan Patriota. A esto hay que agregarle la carencia de centros educativos adecuados, profesores, médicos y centros de salud.

El defensor regional del pueblo (Iz), un delegado de la ONU, un miembro de la comunidad y el profesor Moncayo (Der), tratan de convencer al mayor Leguizamón para que le permitiera a la caravana observar el estado en que se encuentra el caserío ‘fantasma’ Peñas Coloradas sin lograrlo.

Las fotografías y filmaciones a las comunidades nunca faltan. ¿Con que objetivo?. Foto Camilo Raigozo.

Excepto Remolinos, el resto de las poblaciones visitadas carecen de acueducto, electricidad, alcantarillado y telefonía. En algunos lugares hay una sola línea telefónica comunitaria, mientras que el servicio de celular no existe, ya sea por que las empresas operadoras no cubren la zona o por que la fuerza pública restringe ese servicio condenando a la población ha vivir como sí estuviera en el siglo 17.


Las comunidades del Bajo Caguán piden a gritos la atención del Estado y el respeto a sus derechos civiles. Foto Camilo Raigozo.

Las comunidades denuncian
Las comunidades aprovecharon la presencia de la caravana para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la persistencia de detenciones masivas arbitrarias, montajes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, restricción a la movilidad de alimentos, medicinas y personas, fumigaciones y desplazamientos forzados, entre otras violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.

Las comunidades del Bajo Caguán piden a gritos la atención del Estado y el respeto a sus derechos civiles.

VOZ también observó que puestos militares están construidos dentro de las áreas civiles en clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, mientras que el tránsito por el río Cagúan, única vía de comunicación existente, es severamente restringido.

El 27 de abril de 2004, más de 3.000 personas tuvieron que desplazarse forzadamente del corregimiento Peñas Coloradas dejando todas sus pertenencias abandonadas.

Días antes, las tropas del Estado se habían posesionado del caserío para desde allí combatir a la insurgencia dejando a los pobladores en medio del fuego cruzado. Cinco años después los habitantes no han podido retornar pues el gobierno no ha querido ofrecerles las condiciones y la seguridad mínima que se requiere.

Al paso de la caravana humanitaria los pobladores pudieron manifestar sus denuncias.

Sin embargo, el ejército permanece en el lugar sin permitir siquiera que los antiguos moradores visiten de forma pasajera, las viviendas y fincas que un día fueron suyas. Literalmente mantienen al pueblo secuestrado.

Un caso
Los niños de la región sueñan con vivir en paz, con justicia social y disfrutando de todos sus derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

En mayo pasado, 25 campesinos fueron víctimas de detención masiva arbitraria, en la que se utilizaron los consabidos montajes judiciales, basados en delaciones de testigos falsos y otros ardides. Según líderes comunitarios, al menos 400 labriegos están en la mira de las fuerzas de seguridad del Estado y de ellos 80 tienen órdenes de captura acusados de rebelión o de otros delitos conexos.



Foto Camilo Raigozo.


El río Caguán es la única vía de comunicación de los lugareños.

El evento de cierre de la caravana programado para las 10 de la mañana del viernes 24 de octubre en el parque principal de Cartagena del Chairá, tuvo que retrazarse varias horas debido a que en los puestos de control el ejército y la fuerza naval restringieron el paso de las comunidades quienes llegaron tarde o no pudieron llegar al certamen.

Al momento de desembarcar en el puerto de Cartagena, fueron detenidas dos personas, víctimas de montajes y falsos señalamientos, según le confirmó a VOZ el abogado defensor de los derechos humanos, Rodolfo Ríos Lozano, quién asumirá la defensa.

Primeras retaliaciones

Al cierre de esta edición se supo que el ejército había detenido este lunes 27 de octubre en Remolinos del Caguán, a seis trabajadores de la finca de Erney Peña, a quién también esperaban para detenerlo. VOZ no pudo confirmar el número exacto de personas detenidas suministrado por la fuente.


Foto Camilo Raigozo.
También se supo que al día siguiente, cuando ya la caravana humanitaria había abandonado la zona, dos agentes de policía y una persona de civil, quién no quiso identificarse, llegaron hasta la residencia del líder comunal Víctor Oime Hormiga, para someterlo a un interrogatorio ilegal.

Las decenas de denuncias ofrecidas por las comunidades a la caravana humanitaria, serán puestas en conocimiento de las entidades defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que se sancione a los victimarios, se les brinde protección efectiva a las víctimas y se les garantice el goce de sus derechos.

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viernes, 3 de octubre de 2008

LLAMAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN SOLIDARIDAD CON EL PERIODISTA CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN.


Las diferentes organizaciones y personas que actuamos al interior del movimiento por la Paz y los Derechos Humanos valoramos y reconocemos la labor realizada por el periodista CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN, quien en su condición de Director del Semanario Voz y de dirigente político de procesos alternativos ha trabajado por encontrar salidas distintas a la guerra, por la búsqueda de la paz y la defensa de los Derechos Humanos; actuaciones que en la mayoría de los casos han sido autorizadas por varios Gobiernos como facilitador de paz y miembro de la comisión de notables.

Como defensor de Derechos Humanos ha participado en diferentes escenarios del orden Nacional e Internacional en favor de la Solución Política al Conflicto Social y Armado en procura de la Paz con Justicia Social, de la concreción del Acuerdo Humanitario que posibilite la libertad de las personas retenidas por efectos de la confrontación armada y de la defensa, promoción, protección y exibilidad de los Derechos Humanos como marco de referencia que posibilite la construcción de una sociedad en bienestar y progreso como dignificacion de la condición humana.

En desarrollo de las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalia General de la Nación, se ha vinculado a diferentes personalidades de la vida política y de procesos sociales por supuestos vínculos con la insurgencia; estas han venido trabajando en favor de la Paz y los Acuerdos Humanitarios, entre ellos el escritor y periodista CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN. Los organismos de inteligencia e investigación han utilizando como prueba supuestos computadores portátiles, hallados de manera irregular, configurándose en el transcurso de la investigación la violación de los principios del debido proceso y legalidad, pues muchas de esas “pruebas” se dieron con base a la agresión territorial, violación de la soberanía de la hermana Republica del Ecuador y vulneración de la cadena de custodia a tal punto que nos encontramos frente a una especia de “caja mágica” que ha servido a los intereses de la POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA para judicializar a Defensores de Derechos Humanos y trabajadores por la Paz .

Por tal razón solicitamos respeto al debido proceso, a las garantías procesales y a una investigación justa e imparcial por parte de la Fiscalia General de la Nación y de igual manera demandamos del Gobierno Nacional el cese de los montajes judiciales y el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la actividad que desarrollamos los Defensores de Derechos Humanos en Colombia.

Por lo anteriormente expuesto, nos suscribimos:


viernes, 26 de septiembre de 2008

¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!


Los presos políticos y prisioneros de guerra recluidos en los pabellones 2A y 2B del Establecimiento Penal Miguel Castro Castro, sentenciados y/o procesados por el llamado delito de terrorismo, ante la opinión pública con indignación y profunda preocupación, denunciamos y rechazamos la sistemática campaña mediática mentirosa que contra los presos políticos del Perú vienen difundiendo los sectores mas reaccionarios y recalcitrantes dentro del Estado peruano, a través de algunos medios de información de conocida posición antipopular como Expreso, El Comercio, La Razón y Caretas, a los que se ha sumado últimamente el periódico La República, pretendiendo absurdamente imputarnos 'dirigir desde la prisión' la protesta popular y los hechos armados en el Huallaga y el VRAE.


Lo que buscan es crear una opinión pública condenatoria contra esa intensificación de la justa lucha popular de las masas por los derechos fundamentales y el pueblo, y en ese propósito, continuando con hacer uso político del llamado terrorismo como amenaza y levantando supuestas razones de seguridad, el gobierno aprista, las facciones y grupos de las clases reaccionarias, cada quien según sus intereses, también han pasado a desenvolver nuevamente una campaña sin base ni fundamento alguno contra los presos políticos, los ex prisioneros y nuestros familiares. Esta última se vuelve a montar en noviembre con las declaraciones del Presidente de la República, de sus ministros y altos dirigentes apristas, los que vulnerando derechos constitucionales y políticos de quienes recobraron su derecho a la libertad luego de cumplir largas condenas o con libertad condicional tras engorrosos, durísimas e inconstitucionales exigencias legales, anunciaron que iban a entregar para que se publique 'la lista de los 1800 terroristas liberados... para que todos sepan exactamente vecinos de quiénes son y qué cosa está haciendo cada uno', 'muchos de estos liberados... están otra vez empujando sus planes siniestros y están movilizando de alguna manera a otros sectores. En diciembre la ex presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, anunciaba que en el Congreso existía una iniciativa para revisar el Código Penal, para agravar las penas a los reincidentes por delito de terrorismo y que los subversivos sentenciados no tengan ningún beneficio. Penitenciario. Luego han continuado con la campaña mentirosa de 'Reunificación de Sendero Luminoso para reiniciar la lucha armada', e inventando infamias sin pies ni cabeza difundieron, el mes de febrero, que en supuesto 'Documento elaborado por Elena Iparraguirre', 'incautado por agentes de la Dircote... en el penal de mujeres de Chorrillos', 'ponen al descubierto siniestro plan', 'Abimael ordena sabotear APEC', 'ordena claramente a los terroristas libres que participen activamente en las manifestaciones de protesta que se lleven a cabo con ocasión de las cumbres...', 'Deficiencias en el sistema carcelario', 'quieren desestabilizar el país', etc. Y el Diario La República, en todo un suplemento 'Dossier Coleccionable' (20/04/08) publica otras arteras y absurdas afirmaciones: 'Los planes de Sendero', 'la organización terrorista busca unificar fuerzas para reiniciar la lucha armada', 'reconstrucción y reconstitución del partido con la finalidad de reiniciar la lucha armada, como consta en documentos interceptados en las prisiones', 'Digimin alude a un cónclave efectuado en el penal de Canto Grande', 'no descartan... los senderistas ejecuten acciones terroristas en la capital, ante la proximidad de las reuniones mundiales', etc.


RECHAZAR LA TENDENCIA AL RETROCESO SOCIAL Y PENAL.


¿Qué buscan con toda esta campaña mentirosa y burda? No obstante la realidad de los hechos se ha encargado de desenmascararlos, persisten en sus pretensiones de legitimar y justiciar la aplicación de los inconstitucionales Decretos Legislativos de julio del 2007, rechazados y cuestionados por el pueblo y todo peruano que respeta y defiende los derechos fundamentales y políticos, la lucha por la democratización en beneficio del pueblo y el proclamado estado de derecho (presión que obligó a la Comisión de Constitución a derogar los Decretos Legislativos 982, 983, 989 el 03/06/08 faltando ser ratificados por el pleno del congreso); una nefasta legislación represiva que ampara y le da el 'marco legal' a la criminalización de la protesta popular y agravamiento de las penas en el Derecho Penal, esto es esencialmente la aplicación del conocido Derecho Penal del Enemigo, un particular Derecho Penal excepcional contrario a los principios de la tradición liberal garantista del Derecho Penal en el Perú, que da carta blanca a la negación monstruosa de los derechos fundamentales de la persona, imponiéndose como tendencia un retroceso social y penal, por lo tanto un retroceso en la lucha por la democratización.


En lo referente o ligado al llamado delito de terrorismo introduce legalmente el mayor agravamiento de las penas, así como se modifican artículos del Código de Procedimientos Penales y del Código de Ejecución Penal, este último para introducir restricciones adicionales que agravan e implican un retroceso en el régimen carcelario, por ejemplo, en contra de la finalidad de la reincorporación del penado a la sociedad y se da carta blanca a la persecución por ideas, en abierta violación del Art. 35 de la Constitución Política vigente que ampara el derecho de toda persona a participar políticamente. Asimismo se introduce la improcedencia de beneficios penitenciarios para unos y para otros la exigencia de previo pago o depósito de fianza como garantía del íntegro de la reparación civil que den la mayoría de casos es inconcebiblemente alto e imposible de pagar. Claramente el objetivo es encerrarnos a los presos políticos tas las rejas por siempre, en particular a quienes se considera dirigentes, no obstante que en promedio llevamos 16 años presos en las peores condiciones.


A lo anterior se debe sumar las detenciones con cualquier pretexto de ex prisioneros, la extensión de la persecución a nuestros familiares, el hostigamiento y maltratos con las arbitrarias revisiones vejatorias y humillantes en el ingreso a nuestras visitas, violatorias de derechos constitucionales; además de las condiciones actuales de régimen carcelario con problemas irresueltos en nuestro perjuicio como en alimentación que durante años de mantiene un exiguo socorro alimenticio de S/. 3.50 all día por interno, en este penal ilegalmente de sólo S/. 3.00 no obstante el alza incesante del costo de vida, así como en salud, educación, trabajo, visita interpenales, etc. Con fuertes restricciones anticonstitucionales.


Rechazamos esta campaña mentirosa, difamatoria que obedece a intereses políticos y tiene pos propósito el retroceso y agravamiento del régimen penitenciario, negación de nuestros derechos políticos y fundamentales.



¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!


Los prisioneros de guerra y presos políticos del Perú hemos seguido una coherente posición política definida y sostenida públicamente desde 1992, las grandes iniciativas políticas del doctor Abimael Guzmán y la profesora Elena Iparraguirre: primero, la necesidad de buscar una solución política bajo la forma de un Acuerdo de Paz que termine la guerra popular iniciada en 1980, luego desde el 2000, Solución política a los problemas derivados de la guerra y, desde agosto del 2006, nuestra posición política fue especificada como Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional, difundida públicamente por los diversos medios de información nacional e internacional. Nosotros nada tenemos que ver con las acciones armadas que se realizan fuera, estamos de acuerdo sí con una solución política global que comprenda también a quienes continúan en armas y planteamos claramente que no hay condiciones subjetivas para una lucha armada hoy.


Rechazamos la campaña mediática mentirosa contra el doctor Abimael Guzmán Reinoso y la profesora Elena Iparraguirre imputando 'dirigir desde la prisión' y 'privilegios', ocultando las reales posiciones políticas que ambos sostienen y son una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, campaña que sirvió como presión política para que la Corte Suprema confirmara la condena a cadena perpetua, y ahora para justificar las restricciones adicionales que agravan su situación de casi 16 años de aislamiento, incomunicación y encierro convertidas en perpetuas, monstruosa negación de sus derechos políticos y fundamentales. Al respecto la profesora Elena Iparraguirre, el 13/1/2008, hizo de conocimiento a la opinión pública en general, entre otros puntos, lo siguiente:


'Y aquí hacemos pública nuestra decisión de declarar que estando al margen del proceso social hace ya 15 años nuestro papel ya terminó., lo que en modo alguno implica abandonar nuestras convicciones marxista-leninista-maoístas.'


Y denunciando y rechazando que se oculte la posición política del doctor Abimael Guzmán Reynoso y la negación de sus derechos, desenmascara la imputación de 'privilegios' revelando cuál es su real condición carcelaria: cómo teniendo a la fecha 73 años de edad se encuentra en aislamiento absoluto y encierro de 13 horas diarias; no recibe ninguna visita familiar, no le autorizan el encuentro familiar con su conviviente, la profesora Elena Iparraguirre, la única persona con quien cursa cartas sujetas a estricta censura y las que son utilizadas para fabricar especulaciones en los medios de prensa en función de aislarlo al máximo. No le autorizan la visita de amigos, historiadores, sociólogos, investigadores periodísticos o escritores; nunca le fue autorizado trabajar o estudiar a distancia ni se le permite libertad intelectual o científica, ni ejercer su libertad de expresión, libertad de pensar, defender o difundir sus ideas, el derecho pleno a la defensa habiendo sido atacado pública y sistemáticamente en su honor personal y convicciones ideológico políticas; incomunicado, nunca dio entrevista periodística alguna; cada uno de sus entrevistas con su abogado son filmadas, oídas y grabadas, los documentos revisados y el abogado chequeado exhaustivamente; cada uno de sus movimientos y palabras fueron en todos estos años filmados o grabados para tergiversar su situación aparte de manipularla de acuerdo a intereses ajenos.


Todas las condiciones descritas niegan sus derechos políticos y fundamentales y son prueba de abierta inconstitucionalidad, ilegalidad y discriminación anticonstitucional perpetua. Imputar 'dirigir desde la prisión' y 'privilegios' a alguien en esas condiciones monstruosas no solo es una infamia sino manipulación artera y uso de la opinión pública en función de intereses y afanes políticos bastardos.


Suscribimos y apoyamos la denuncia y rechazo de la profesora Elena Iparraguirre a esa campaña y la negación monstruosa de derechos políticos y fundamentales del pueblo en general, del doctor Abimael Guzmán y de todos los prisioneros de guerra y presos políticos del Perú, uniéndonos a su planteamiento de que:


'Todo peruano que respete y defienda los derechos fundamentales y políticos, la lucha por la democratización en beneficio del pueblo y el proclamado estado de derecho debería rechazar esta tendencia al retroceso social y penal y enarbolar las avanzadas banderas de la lucha por los derechos y libertades así como la lucha por el derecho a actuar políticamente como parte de la lucha por la democratización de la sociedad en beneficio del pueblo.'



¡Solución política, amnistía general y reconciliación general!

¡Derogatoria de la legislación antisubversiva y los Decretos Legislativos

¡Democratización de la sociedad en beneficio del pueblo!



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jueves, 25 de septiembre de 2008

La FARC Política un pretexto contra la oposición política en Colombia

Por ABP Redacción/Liliany Obando Colombia ABP/21/09/2008


La activista de izquierda Liliany Obando actualmente en reclusión por supuestas relaciones con las FARC EP denuncia que las FARC política contituye una nueva caceria de brujas contra la oposición política. En una extensa carta firmada a principios de este mes Obando posterior e un breve recuento sobre la paramilitarización de las instituciones políticas neo granadinas, señala las anomalías que han rodeado su detención, y el asedio del que es victima su madre e hijos por parte de las autoridades colombianas.

A continuación publicamos la carta en su totalidad
Bogotá, Colombia, Reclusión de Mujeres
Septiembre 3 de 2008



CARTA ABIERTA





A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.
LA 'FARC-POLITICA': UNA NUEVA CACERÍA DE BRUJAS EN CONTRA DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA.



Como en ninguna otra época de la vida nacional, la pérdida de credibilidad en las instituciones tiene una correlación directa con la forma mafiosa de gobernar. La Parapolítica; el delito de cohecho que favoreció la reelección de Uribe; los nexos de funcionarios del gobierno, de la Fiscalía, de los organismos de seguridad del Estado con los carteles de la mafia paramilitar; el fracasado 'proceso' de desmovilización de los paramilitares y la muy extraña extradición de los jefes paramilitares, - cerrando de tajo la posibilidad de conocer la verdad que demandan sus víctimas-; los reiterados intentos del gobierno de minar la independencia y autonomía de los órganos de justicia, en especial de la Corte Suprema de Justicia; la politización de la Fiscalía a favor del gobierno; las incursiones militares por fuera del territorio nacional y el infortunado manejo diplomático con los gobiernos progresistas de la región, son sólo algunos elementos que evidencian la falta de gobernabilidad y ponen en cuestión la existencia de una democracia real.
Ni para el pueblo colombiano, ni para la comunidad internacional, son extrañas las maniobras y las cortinas de humo que tiende el gobierno colombiano cada vez que enfrenta un nuevo escándalo que evidencia su ilegalidad e ilegitimidad.


En esta oportunidad, el gobierno de Uribe, en una reedición de las épocas más tenebrosas del terrorismo de Estado, Ha desatado una nueva 'cacería de brujas' en contra de la oposición política. El pasado 22 de mayo, en alocución pública en los medios de comunicación, el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, y el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunciaron el inicio del proceso que han denominado como la 'farcpolítica'; proceso derivado de los correos electrónicos encontrados supuestamente en los computadores del abatido jefe de las FARC, Raúl Reyes, tras la incursión militar en territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.


Acto seguido, procedieron a leer una lista de los presuntos implicados en los supuestos correos. Todos líderes de la oposición nacional e internacional: congresistas, académicos, periodistas y personalidades.


El pasado 8 de agosto fue publicado en los medios de comunicación la apertura de investigación con orden de captura incluida en mi contra, como una de las mencionadas en la lista de la 'Farc-política'. Pocas horas más tarde era allanado mi lugar de residencia, se me detenía 'preventivamente', se me conducía a las instalaciones de la Unidad Antiterrorismo de la DIJIN (Policía Judicial) y seis días después, se me encarcelaba en la Reclusión de Mujeres en Bogotá.
Durante la diligencia de allanamiento conducida por la DIJIN se cometieron varias arbitrariedades, que hoy quiero denunciar públicamente:


• Se hicieron filmaciones de mis hijos menores de edad (5 y 15 años);


• Se agredió e intimidó verbalmente a mi hijo de 15 años de edad, a quien en varias oportunidades le dijeron que si 'iba a seguir los pasos de su madre'.


• La incautación ilegal de elementos personales y documentos de mi madre y mis hijos (documentos bancarios, pasaportes, computador), que nada tienen que aportar al procedimiento adelantado en mi contra.


• La filmación de forma manipulada, y la posterior filtración a los medios de comunicación, de documentos y libros de venta libre, que fueron presentados por los medios como propaganda subversiva.


• La incautación aberrante de documentos públicos como estatutos de la Juventud Comunista; documentos alusivos al Partido Comunista; un libro titulado 'Bolívar para Niños', etc. y hasta la pretensión absurda de llevarse un trabajo escolar de mi hijo que cursa 9 grado porque trataba del conflicto colombiano.


Llamo la atención, cómo en un acto sorprendente de 'eficiencia', las imágenes obtenidas en el allanamiento, eran profusamente difundidas en los medios, aún antes de que la diligencia del allanamiento hubiera terminado, mientras el capitán de la DIJIN me decía que 'me harían famosa nacional e internacionalmente'.


Mientras personalmente desconocía los detalles del proceso que la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía adelantaba en mi contra, en una práctica también ilegal por cuanto viola el debido proceso y la reserva sumarial de la investigación, la inteligencia del estado y las autoridades judiciales a cargo, filtraban a los medios de comunicación, en especial al periódico EL TIEMPO, y a cuenta gotas, algunos de los supuestos correos y difamaciones en mi contra, como mi supuesta relación íntima con el asesinado jefe de las FARC, Raúl Reyes. Difamaciones que rechazo y denuncio por la forma irresponsable y claramente mal intencionada como han sido presentadas públicamente violando mi dignidad, mi honra y derecho a la intimidad, en mi condición de mujer, de madre, de profesional y de militante de izquierda. Pero también porque hacen parte de una oscura estrategia del gobierno para resquebrajar la imagen de los dirigentes y organizaciones revolucionarias.


Quiero denunciar también públicamente, cómo violando el Código Penal y los derechos fundamentales de mis hijos y el mío propio como madre cabeza de familia, la fiscal 19 de la Unidad Especializada Antiterrorismo, NANCY ESPERANZA PARDO BONILLA, ha negado la detención domiciliaria. Decisión que rechazamos y estamos apelando con mi defensa.


Denuncio también públicamente y manifiesto mi profunda preocupación por los seguimientos de que viene siendo víctima mi hijo de 15 años, posteriores a mi detención.


Hago directos responsables al gobierno y sus organismos de seguridad por cualquier hecho que vulnere la integridad física y moral de mi familia y la mía propia.


Solicito la solidaridad de las organizaciones progresistas y de derechos humanos, para que tramiten las debidas medidas protección para mi familia.


Como es claro que el denominado proceso de la FARC POLÍTICA, es más un hecho de persecución política que un caso jurídico, y que está lleno de ilegalidades, con los abogados de mi defensa hemos decidido:


1. No reconocer los supuestos correos de los computadores del abatido jefe de las FARC Raúl Reyes, como prueba en nuestra contra, toda vez que la acción militar del pasado 1 de marzo, en la que fueron presuntamente obtenidos, fue una acción ilegal realizada por fuera del territorio nacional, violando la Soberanía territorial del Ecuador, ya que no contó con la autorización ni del gobierno ecuatoriano, ni de sus autoridades policiales ni judiciales.


2. Rechazar los supuestos correos como prueba válida en nuestra contra, no sólo porque fueron presuntamente obtenidos tras una acción ilegítima de guerra, después de masacrar a los civiles y guerrilleros que se encontraban en el campamento de Raúl Reyes, como lo reconociera la propia Organización de Estados Americanos (OEA), sino por el manto de duda que existe sobre la veracidad y manipulación de que hayan sido objeto los mismos.


3. Denunciar públicamente a la Fiscalía General de la Nación por avalar e iniciar procesos acusatorios en contra de varios líderes de la oposición y personalidades nacionales e internacionales, con base en los supuestos correos ilegalmente obtenidos que carecen de validez probatoria.


4. Denunciar públicamente al Juez 60 de Control de Garantías de Bogotá, por darle validez a unas supuestas pruebas ilegalmente recaudadas.


5. Denunciar el informe de Policía Judicial por falsedad ideológica, al expresar de forma falaz los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2008, donde fueron presuntamente obtenidos los computadores con los cuales pretenden inculparnos.



6. Acudir a instancias internacionales ante la poca credibilidad y legalidad de que gozan los responsables de impartir justicia en Colombia.



Ante la cruzada 'antiterrorista' nacional e internacional que el gobierno colombiano viene realizando en contra de la oposición política, no son ni la indiferencia, ni el miedo, que amordaza e inmoviliza, ni las actitudes pusilánimes ni insolidarias las que nos pondrán a salvo. No es negando a los luchadores políticos ni a las organizaciones revolucionarias, ni la justeza de la lucha de los pueblos, como saldremos de la 'oscura noche'.



Sólo la unidad de acción, la denuncia, la movilización, la solidaridad y la consecuencia con los principios revolucionarios, nos permitirán enfrentar los momentos difíciles y avanzar en el camino de la construcción de una democracia real, de la inclusión política, y de la tan anhelada Paz con Justicia Social.



Finalmente, quiero agradecer todas las manifestaciones de solidaridad que organizaciones nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos y de personas comprometidas con la justicia social, me han expresado.



Agradezco el reconocimiento que han hecho de mi labor como académica y como activista social en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la Paz con Justicia Social para nuestro país.



Aquí seguimos con la moral en alto, en esta nueva trinchera de lucha, porque el encarcelamiento de nuestros cuerpos no implica la renuncia a nuestros ideales, ni a nuestros principios, que siguen libres.



Fraternalmente,
Liliany Obando
Prisionera Política
Prisionera de Conciencia
Militante Comunista
Sobreviviente del Genocidio contra la Unión Patriótica.


lunes, 22 de septiembre de 2008

Abusos de Batallón Energético Vial Nro. 11 Abusos de autoridad, montaje y detención Arbitraria


Le preguntaron unos soldados: Y nosotros ¿Qué debemos hacer? El les contestó: 'No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas" Lucas 3,14.


Abusos de Batallón Energético Vial Nro. 11 Abusos de autoridad, montaje y detención Arbitraria


I. RESUMEN


RUBEN DARIO MOSQUERA IMBACHI habitante del caserío de Angostura fue detenido ilegalmente, con abusos de autoridad y un montaje militar para ser presentado como miembro del frente 48 de la guerrilla de las FARC EP. El hecho se produjo en la madrugada el pasado jueves 11 de septiembre, luego de que el ejército escribió en el lugar de habitación de RUBEN pintas con la palabra FARC 48.


En su detención ilegal a RUBEN DARIO se le mostró como integrante de este grupo guerrillero, colocando armamento militar en su residencia. RUBEN fue obligado a caminar aproximadamente por una hora y dejado en el caserío de Agua Negra. Luego de ser puesto a disposición de la Fiscalía 42 fue dejado en libertad.


En agosto pasado en el caserío de Agualongo, los pobladores, en particular NATALIE MADROÑERO, quién fue presentada como guerrillera de las FARC a través de un montaje de las fuerzas militares.


Esta estructura militar en el pasado ha sido responsable de diversas ejecuciones de campesinos que son presentados luego como guerrilleros, modificada la escena del crimen y justificado el mismo, en reportes de prensa. Bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC persisten los montajes


II. SOLICITUDES


Al VicePresidente FRANCISCO SANTOS, solicitar a ALVARO URIBE VELEZ, hacer uso de sus facultades constitucionales para intervenir el Batallón Energético BEV No. 11 con la inmediata destitución de las unidades militares participes de esta actuación arbitraria, y como mecanismo preventivo de nuevas actuaciones contra derecho.

En adjunto Constancia y Censura Ética 220908
Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


sábado, 20 de septiembre de 2008

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por la muerte de indígena Escué Zapata


La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Germán Escué Zapata, indígena asesinado en febrero de 1988 por presuntos agentes del Ejército colombiano.


La Corte Interamericana Derechos Humanos ordenó que el Estado colombiano conducir eficazmente los procesos penales pendientes con respecto al caso de Escué Zapata.

El organismo internacional fijó indemnizaciones para los familiares de las víctimas por concepto de daño material e inmaterial, así como dispuso que Colombia destine un fondo monetario que lleve el nombre de Escué para apoyar el desarrollo de la comunidad de Jambaló a la cual perteneció el indígena.

También la Corte internacional dictaminó otorgar una beca universitaria a la hija del indígena fallecido y determinó que Escué Zapata fue detenido ilegalmente por miembros del Ejército colombiano.

La sentencia decretada por la Corte Interamericana Derechos Humanos señala que "evidentemente la detención del señor Escué Zapata constituyó un acto ilegal, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley, sino ejecutarlo".

La sentencia del organismo internacional subraya que la acción de los efectivos militares constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en el domicilio de Escué Zapata.

Los testigos de la detención relataron que el líder indígena fue pateado y golpeado, mientras los integrantes del Ejército colombiano le preguntaban dónde estaban las armas y lo trataban de guerrillero.


Finalmente, la Corte internacional aseveró que el Estado no ha investigado los hechos señalados, incumpliendo con ello el deber de una justicia pronta y cumplida. Durante el tiempo que la justicia penal militar conoció el caso, el Estado violó el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial, consagrado en la Convención Americana.


La Corte Interamericana Derechos Humanos señaló que el proceso por la muerte del señor Escué Zapata se encuentra actualmente en la jurisdicción ordinaria,es decir, que el Estado ha subsanado por cuenta propia la violación inicial de este derecho.

En el marco del "Día Nacional Indígena", la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONC), destacó que este tipo de hechos como el caso del líder indígena Escué Zapata, "son los que el Gobierno esta realizando para así callar la otra verdad".

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