PARA QUÉ UNA CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS

La Caravana Internacional de Juristas, busca reunir en Colombia durante una semana a un importante número de abogadas y abogados procedentes de diversas partes del planeta con el tema defensa a los abogados defensores.

La presencia de colegas nos permitirá desde el terreno, denunciar y analizar la situación que viven los abogados y abogadas defensores de derechos humanos. Buscar el compromiso de las autoridades nacionales y departamentales de protección y respeto a los abogados defensores, así como llevar un mensaje de apoyo y solidaridad a los y las colegas que se encuentran en situación de riesgo.
Igualmente, el encuentro con diversas organizaciones sociales y de derechos humanos permitirá a las personas participantes en la caravana conocer más sobre la realidad colombiana más allá de la difusión que hacen los medios de comunicación.

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SITUACIÓN DE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS EN COLOMBIA

La normativa internacional de los derechos humanos reconoce el derecho fundamental de toda persona acusada de la comisión de una conducta punible a contar, en todos los momentos de la actuación procesal, con la asistencia letrada. De conformidad con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta garantía hace parte de los elementos esenciales del debido proceso legal. Tal asistencia, según los pactos internacionales, ha de ser recibida aun en las diligencias preliminares que realice el funcionario judicial para cumplir sus funciones de indagación e investigación.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado en su jurisprudencia que el derecho a la asistencia de un abogado -esto es, a la defensa técnica-, demanda en quien asume el papel de defensor no sólo un mínimo de conocimientos jurídicos para enfrentar las exigencias del proceso, sino también una actitud diligente en el empleo de las acciones y recursos judiciales.

Para la Corte todo posible conflicto entre el derecho a la defensa técnica y la eficacia de la administración de justicia debe resolverse en favor de la efectividad de ese bien jurídico, pues el cumplimiento de los objetivos de la función judicial no puede alcanzarse con el sacrificio de un derecho cuya pérdida dejaría a la persona en estado de indefensión absoluta frente a los poderes públicos. A la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, toda persona tiene derecho a un juicio imparcial. Como bien lo ha recordado el Comité de Derechos Humanos, la imparcialidad en el proceso hace imperativo que en él se respeten dos principios básicos: el de la igualdad de posibilidades y el del procedimiento contradictorio. Estos dos principios se desconocen cuando, al privar a la persona de la asistencia de un abogado, se vulnera su derecho a disponer del tiempo y de los medios suficientes para la preparación de su defensa. Si, como lo afirma el artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, las garantías mínimas del debido proceso deben reconocerse a todo aquél que se halle sometido a la potestad jurisdiccional del Estado, y cualquier diferencia de trato en este campo deberá ser vista como discriminatoria.

Por lo demás, el derecho de defensa es también reconocido por el ordenamiento internacional humanitario. El artículo 6º del Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994, dispone que en situaciones de conflicto armado sin carácter internacional el enjuiciamiento y la sanción de infracciones penales cometidas en relación con ese conflicto deberán someterse a la regla según la cual es obligatorio garantizar al acusado “todos los derechos y medios de defensa necesarios” En el mismo sentido, los principios de La Declaración de la Habana (sobre la función de los abogados), indican que éstos no deben ser confundidos con la causa de sus defendidos, ni ser atacados por razones del ejercicio profesional. No obstante este nutrido marco jurídico normativo que busca garantizar los derechos de los ciudadanos que comparecen ante la justicia y la labor de los abogados, en Colombia siguen siendo perseguidos los abogados en razón del ejercicio profesional. En Colombia, no existe colegiatura de abogados lo cual es un punto que se agrega a las dificultades que enfrentan pues no hay una institución nacional que vele por sus intereses. El Consejo Superior de la Judicatura que es una de las altas cortes que componen la estructura de la rama judicial se ocupa del registro de los abogados y de la expedición de su tarjeta profesional. Igualmente los investiga disciplinariamente así como lo hace respecto a jueces y fiscales. La inexistencia de una organización gremial nacional que agrupe a todos/as los abogados y defienda el libre ejercicio profesional, hace que sea particularmente difícil en la actualidad saber con exactitud la cantidad de abogados asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados o exiliados y en general que han sufrido limitantes al ejercicio de su profesión. La agudización de la situación de riesgo para los abogados litigantes en el país, especialmente quienes defienden derechos humanos, motivó la activación de una campaña iniciada en el año 2003, denominada SIN ABOGADOS NI HAY JUSTICIA!! por el libre ejercicio del derecho y el acceso a la justicia en Colombia, en la que participaron diversas organizaciones de juristas y de derechos humanos.

La situación de los juristas fue objeto de análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una audiencia regional, así como impulsó la presencia en el país de diversas misiones internacionales, entre ellas la desarrollada por las organizaciones ABOGADOS SIN FRONTERAS - QUEBEC y la ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS en septiembre de 2007 cuyo informe se anexa a este documento.

Hasta el día de hoy, La ACADEUM sigue registrando asesinatos de abogados, desplazamiento interno y el exilio de muchos de ellos; apertura de procesos judiciales en su contra, amenazas, desapariciones y presiones indebidas para impedirles aceptar defensas o litigios relacionados con el acompañamiento jurídico a víctimas de derechos humanos. Esta situación también ha sido objeto de la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que a través de su oficina en Colombia expresó: “La Oficina observa con interés y preocupación las condiciones en que desarrollan su tarea quienes en Colombia se desempeñan como defensores de personas penalmente procesadas, actuando como defensores de confianza, defensores públicos o defensores de oficio. No pocos de ellos hacen parte de los sectores de la población cuya vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más inquietantes del “contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia” . La Oficina está especialmente preocupada por algunos casos puestos en su conocimiento durante los últimos meses, y en los cuales varios de esos defensores se vieron afectados por amenazas, por privaciones arbitrarias de la libertad o por señalamientos infundados o temerarios.

En su último informe sobre Colombia, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el mes de abril de 2004, el Alto Comisionado alentó al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo “a velar por el respeto de las garantías procesales de aquellas personas privadas de la libertad cuya situación jurídica no se haya definido” . Tal respeto exige que se reconozcan plenamente las facultades del defensor para solicitar o controvertir pruebas y para impugnar las providencias.

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Corte Constitucional falló a favor- Presos pueden protestar

Foto: El Espectador

Presos hicieron huelga de hambre por las malas condiciones sanitarias

Por: Redacción Judicial

Un preso que hizo una huelga de hambre para manifestar su inconformidad por el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias en la celda que le habían asignado y la dilación injustificada del beneficio administrativo de las 72 horas, fue sancionado por el director del penal porque con dicha protesta violaba los estatutos penitenciarios y carcelarios.

La Corte Constitucional amparó los derechos a disentir y protestar del detenido porque se encuentra en situación de debilidad. Con la decisión, el Alto Tribunal ordenó dejar sin efectos dicha sanción, lo cual podría beneficiar a cualquiera de los 67.909 presos en Colombia que se encuentre en la misma situación.

Se trata del caso de Fabio Alex García Chaverra, quien junto a varios compañeros, el 14 de noviembre de 2006 decidieron protestar de manera pacífica, sin ingerir alimento alguno por las precarias condiciones sanitarias del patio N° 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada (Caldas). Él en particular, porque pasaban los días y no le otorgaban el permiso con el cual podía estar tres días fuera del penal sin la vigilancia de los guardianes.

Por la inconformidad manifiesta, el 29 de ese mismo mes el director del penal estableció el inicio de un proceso disciplinario en contra de quienes participaron en la huelga por la presunta violación de varios numerales del Código Penitenciario y Carcelario. Fue así como la máxima cabeza del penal ordenó el traslado de García Chaverra al establecimiento de Girón, en Santander, el 8 de diciembre de 2006, y le quitó 20 días del beneficio de reducción de pena. Esa orden se impartió para los otros huelguistas, quienes fueron enviados a distintas cárceles, no sin antes eximirlos también de los 20 días de redención.

El 25 de abril del año siguiente Fabio García interpuso un recurso de reposición contra la resolución con que los amonestaron, pero la decisión fue ratificada y la sanción se mantuvo porque el juez de tutela consideró que en el recurso “había carencia actual del objeto”, por lo tanto no les otorgaron el amparo. Los internos apelaron la decisión, pero una vez más les fue negada porque supuestamente era extemporánea.

Los reclusos no cesaron en su lucha y detrás de los barrotes volvieron a apelar la decisión, recibiendo una nueva negativa. Esta vez por parte del Inpec, quien declaró la apelación “improcedente”. Según obra en el expediente, el abogado del establecimiento penitenciario indicó que el traslado del interno a la cárcel de Girón no fue una represalia por la protesta, sino que se llevó a cabo porque García Chaverra “presionó” con la huelga para que se le enviara a ese centro de reclusión y que la decisión asumida había sido por la vulneración de la normas del código penitenciario.

En ese sentido, el pasado mes de julio, la Corte consideró que en circunstancias donde haya una situación de debilidad manifiesta, hay una permisibilidad constitucional que les brinda a las personas el derecho a disentir y protestar por principios como la dignidad, debido a que el Estado está obligado a garantizarles los derechos a los internos. Fue así como la Alta Corporación en los pasados días le ordenó al director de la cárcel de La Dorada o al funcionario del Inpec correspondiente, que en un tiempo no mayor a 48 horas dejara sin efecto la sanción que le habían impuesto a Fabio Alex García Chaverra por haber realizado una huelga de hambre para que le mejoraran las condiciones sanitarias y le dieran trámite al beneficio administrativo de las 72 horas.

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Hallan nuevas fosas de víctimas de paras de Montes de María

Alias Juancho Dique, ex jefe paramilitar, acompañó al equipo de fiscales y expertos para indicar dónde estaban enterradas las víctimas.

Con la orientación del ex jefe paramilitar Juancho Dique, los fiscales encontraron nuevos cuerpos en Ñanguma, un caserío a orillas del Canal del Dique, Bolívar. Van 1.559 cuerpos rescatados de los miles que dejó la barbarie.

Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en la Costa Caribe

Fecha: 08/08/2008 -

Ñanguma es un caserío a orillas del Canal del Dique al norte de Bolívar, rodeado de ciénagas, cerca del Golfo de Morrosquillo. En ese caserío el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias Juancho, tuvo una de las bases del frente que comandaba, el cual cubría 18 municipios de la zona norte del departamento, incluida Cartagena. Ñanguma es un palenque pobre y desconocido a media hora de Marialabaja, la cabecera municipal.

El pasado miércoles 6 de agosto, el exjefe paramilitar del Frente Héroes del Canal del Dique, conocido con el alias de Juancho Dique, regresó a Ñanguma, Maríalabaja, tras cuatro años de ausencia. Fue con el grupo de exhumaciones de la fiscalía de Justicia y Paz, para buscar los cuerpos de varias víctimas sepultadas en los últimos diez años. Fueron hallados cuatro restos humanos en tres fosas. De ellas sólo se sabe que dos eran mujeres, a una le decían “La Mona” o “Luzmary”, y posiblemente perteneció a la organización armada.

La otra mujer fue hallada en una fosa común con unos restos masculinos. Ambas habían sido sepultadas en fincas diferentes a diez minutos del pueblo. Luzmary, hace cuatro años aproximadamente y la otra mujer (NN), hace ocho, según cálculos de Juancho Dique. La comisión salió de Barranquilla a las cinco de la mañana, dirigida por el fiscal de exhumaciones Nivaldo Jiménez Illera, a quien acompañan siempre un antropólogo, un topógrafo, un auxiliar de campo y un investigador de policía judicial. La comisión fue escoltada por treinta policías especializados y agentes del Inpec encargados de la custodia del postulado.

A las 10 de la mañana y gracias a la colaboración de tres guías conocidos por el ex jefe paramilitar, el equipo inició la primera búsqueda en la finca El Comienzo, vereda Cerro Pando, corregimiento de Ñanguma, municipio de Maríalabaja. En una hondonada, a la orilla de un maizal, se abrió la primera fosa. En primer lugar los exhumadores aíslan el terreno con una cinta. La tierra estaba húmeda y había sido removida.

Días antes los guías, por indicaciones del mismo Juancho Dique, habían estado verificando los sitios dónde habrían sepultado víctimas. No siempre atinan y el trabajo es dispendioso, porque exige un riguroso protocolo. Los excavadores se enfundan en batas esterilizadas y se cubren con tapabocas y gorros. Identificada y cercada el área, delegan en Luna, una perra Labrador, la tarea de buscar con su olfato una posible sepultura. En donde la perra se sienta, allí comienza la excavación.

El ex jefe paramilitar al principio de la diligencia estaba un poco nervioso de que fuera a fallar la exhumación y no encontraran los restos. Con la orientación del ex jefe paramilitar Juancho Dique, los fiscales encontraron nuevos cuerpos en Ñanguma, un caserío a orillas del Canal del Dique, Bolívar. Van 1.559 cuerpos rescatados de los miles quedejó la barbarie. “Luzmary” o alias “La Mona”, murió en los primeros meses de 2004. Su cuerpo había sido descuartizado y los presuntos autores del asesinato fueron, según Juancho Dique, los ex jefes urbanos de Cartagena conocidos con los alias de “El pollo” y El flaco pelle”. “La mona”, según información que le dieron otros patrulleros, era de El Guamo.

Los restos fueron hallados a menos de cuarenta centímetros de profunidad y la fosa tenía aproximadamente 50 por 50. Se hallaron una prendas de vestir femeninas y un análisis inicial de la pelvis permite al antropólogo afirmar que se trataba de un cuerpo femenino. Se desconoce por qué fue asesinada, pero los familiares de ella habían insistido en que la buscaran.

Después de cuatro horas de excavar y extraer con cuidado cada pieza ósea, clasificarlas y guardarlas en bolsas, se cerró la fosa. Del maizal, la comisión se trasladó a otra finca, Blanca Berta, distante a unos cinco kilómetros atravezando potreros. Los guías llevaron a la comisión hasta una cerca, bajo una ceiba roja Tolúa donde posiblemente habría otro cuerpo.

Eran las dos de la tarde y la temperatura bordeaba los 40 grados, se asiló la zona y el olfato de la perra Luna en este caso no fue tan rápido, tardó más en sentarse sobre la sepultura. A 40 centímetros aparecieron los primeros restos: húmeros, rotulas, tibias, peronés, falanges (raíces que se confunden con huesos por el color), medias, camisas, calzado, el cráneo, fragmentos de huesos deshechos. También había sido descuartizado. Cuando ya habían sido hallados casi todos los huesos de una víctima, se dieron cuenta que un fémur era más grueso y largo que otro. ¿Era cojo? ¿Tenía algún defecto? ¿ O se trata de un hueso de otra persona?. Terminó siendo esto último. En la misma fosa había dos cuerpos. Arriba estaban los restos masculinos.

Sobre estas personas Juancho Dique dijo desconocer de quiénes se trataba y las razones por las cuales fueron asesinadas, pero prometió averiguar. Lo que sí cree es que ese sitio puede ser un cementerio.

Buscar muertos en los potreros y en el monte no es fácil. Buscar personas asesinadas por los grupos paramilitares en la guerra irregular de los últimos quince años, mucho más difícil, porque las víctimas fueron sepultadas para desaparecerlas y para que no se supiera dónde quedó su cuerpo ni quién cometió el crimen. También resulta difícil porque, muchos patrulleros encargados de ejecutar órdenes están muertos.

Es duro si van familiares de las víctimas, porque abrir un hueco es desenterrar una historia de vida truncada, un sueño interrumpido, un alma perdida para los familiares y amigos que no volvieron a saber de esa persona, algunas con ocho y diez años de estar en una fosa a la orilla de un camino, cerca de una cañada, al pie de un árbol, cubiertos por la maleza o bajo un maizal. Nadie rezó por sus almas, fueron tirados a un hueco.

La historia de una exhumación comienza con una reclamación de un familiar que dice dónde, cómo y –posiblemente- quién, se llevó a su hermano, padre, amigo, hijo, etc., o por la confesión de quien cometió el homicidio. Desenterrados los restos viene una etapa complicada también, porque identificar a una persona desaparecida toma tiempo y exige muchas pruebas genéticas.

Si se cree que los restos hallados son de una persona identificada y se conoce a los familiares, resultará menos demorado pero se debe hacer un cotejo a través de pruebas de ADN para llegar a la plena identidad. La carta dental, la historia clínica y las huellas dactilares, son las formas que permiten identificar desaparecidos. Los restos exhumados quedan en una cadena de custodia y son enviados a los laboratorios del CTI y Medicina Legal en Bogotá y Medellín.

En estos dos años de versiones libres, la fiscalía ha abierto 1.293 fosas, ha desenterrado 1.559 cuerpos y ha entregado a los familiares 202 restos por hechos ocurridos en toda Colombia. Aunque todavía no se sabe cuántas personas murieron a manos de los grupos paramilitares, la fiscalía tiene registrados –según las víctimas- la muerte de aproximadamente cincuenta mil personas, pero no todas están sepultadas como NN en potreros y montañas. Muchos fueron arrojados a los ríos, otros desaparecieron a la intemperie.

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INDÍGENAS DEL TOLIMA DENUNCIAN ARBITRARIEDADES DEL EJÉRCTIO NACIONAL

Por Nelson Lombana Silva
Los habitantes indígenas del sur del Tolima denuncian ante la defensoría regional del pueblo, atropellos, amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral.

Según denuncia, hace ocho días militares sin distintivos propios del ejército nacional, llegaron al resguardo Totarco – Niple, del municipio de Coyaima, presentándose como guerrilleros exigiendo dinero, recolectando la suma de cien mil pesos.

Por su parte, en el resguardo indígena San Miguel del municipio de Natagaima, los militares afirman que allí existe caleta de explosivos y buscan afanosamente a un miembro de esta comunidad de nombre René Benítez. Patrullan de civil y con armas cortas, unas veces se hacen pasar como guerrilleros, en otras como paramilitares y en otras con distintivos del ejército.

En carta fechada siete de agosto de 2008, dirigida al doctor Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, el gobernador del resguardo San Miguel, José Alcibiades Apache Romero, expresa su problemática y exige del funcionario presencia en la zona para conjurar la grave situación.

Dice la nota: "De manera más atenta le solicito su intervención en aclarar los señalamientos hechos por el ejército nacional, donde suponen ellos que en el resguardo indígena San Miguel Natagaima en su territorio existen caletas con explosivos y buscan a indígenas con nombre propio, en operación realizada de civil y sin identificarse utilizando armas cortas llegaron el día miércoles 30 de julio a las 7:30 de la noche y lo han seguido haciendo hasta hoy siete de agosto".

"Queremos que intervenga ya que genera desconfianza el hecho que no se identifiquen y preguntado al comandante de una patrulla del ejército, teniente Angulo, contestó: "Es que en ese territorio hay caletas y hay un indígena implicado". Consideramos que se abra una investigación y que si resulta judicialización de alguien del resguardo, se haga de una manera clara y no con simples señalamientos de personas que dicen ser informantes y buscan una reciprocidad económica, que sabemos le hace falta, pero pone en problemas a una familia y a la comunidad en general. Por último, responsabilizamos a las autoridades militares de cualquier hecho violento".

Ibagué, agosto 8 de 2008

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“Aquí va a morir mucha gente” El Castillo, Meta

Fotoelespectador

El Castillo, Meta“Aquí va a morir mucha gente”:

Ejército Serias denuncias de sindicatos agrícolas y de las comunidades contra la Fuerza Pública por violación s sus derechos

Por Camilo Raigozo.

Con información de Fensuagro.

Según denuncias del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, en los días siguientes de la Misión Humanitaria realizada los días 21 y 22 de mayo en las veredas de Campo Alegre y La Esmeralda, han ocurrido hechos que tiene preocupados a los pobladores.
Tropas del Batallón 21 Vargas que controla el territorio con patrullajes permanentes, han realizado allanamientos a varias viviendas campesinas buscando amedrentar y causar terror en los pobladores, lo mismo que a las personas que han retornado a la región luego de haber sido desplazadas.

Según los campesinos la situación es muy grave ya que las autoridades civiles del municipio de El Castillo no tienen control y al parecer tampoco poseen información de los desmanes que la fuerza pública viene realizando.

A finales del mes de mayo allanaron la casa de Valentina, una campesina de avanzada edad quién vive sola y en condiciones muy precaria. En la población de Miravalles miembros del ejército acusaron a un campesino de ser guerrillero y lo amenazaron con los paramilitares.

El día 7 de Julio de 2008, a las 10 de la mañana hombres del ejercito se acercaron a unos 30 metros de la vivienda de Aladino Álvarez Calvo, en la parte alta de la vereda de Caño Lindo.

Los soldados le pidieron que les vendiera unos plátanos a lo cual asintió Aladino, pero cuando el campesino les ofreció limonada, le tomaron fotos con un celular y seguidamente le preguntaron que en realidad que estaba haciendo mientras simulaba el que trabajaba.

Aladino les respondió que estaba sembrando fríjol, a lo que el uniformado lo acusó de estar comunicándose por teléfono con la guerrilla, avisándole de la ubicación del ejército.

“Tranquilos, ya estamos engordando a varios marranitos para la noche buena, ahora las cosas han cambiado, por que los que no salieron antes de la región en el desplazamiento pasado los tenemos ubicaditos, aquí va a morir mucha gente”, le dijo el militar a Aladino, quién advirtió que los militares poseen una larga lista de campesinos de la región, entre los que recuerda a Jesús Rengifo, campesino de la vereda.

El día 7 de Julio de 2008, entre las 11 y las 12 del día, hicieron presencia tropas del ejército en la casa de Jesús Antonio Rengifo. “Llegaron a mi casa tomándome fotos con un celular, entraron y abrieron un cajón, miraron, lo cerraron y se fueron”, dijo Rengifo quién se encontraba con un nieto menor de edad. Pidió que la Defensoría investigue el porque las tropas del ejército le toman fotos y le hacen seguimientos.

El 13 de julio anterior, en la vereda Caño Lindo, informaron los campesinos sobre la presencia del ejército a 100 metros de distancia de la vivienda de Herminson Tique, quién en días anteriores había sido citado por el ejército en una parte montañosa lo que le generó temor y sospecha decidiendo no acudir.

Ese mismo día hubo sobrevuelos de aviones militares a muy baja altura lo que generó pánico colectivo entre los habitantes de las veredas. El 19 de julio del 2008, a las 2:30 p.m. aproximadamente, al sitio donde se realizaba una fiesta organizada por el comité de deportes de la vereda de La Esmeralda.

De repente llegaron al sitio un carro vino tinto y una furgoneta de los que bajaron militares del Gaula que inmediatamente rodearon el lugar y se dedicaron a tomarle fotos y a filmar a los pobladores que se encontraban en la reunión comunitaria.

El mismo día arribaron a la vereda El 11 dos camiones del ejército con personal uniformado y hombres de civil armados, lo que ha despertado temor en la población inerme a lo que pueda ocurrir.

El sindicato agrario pidió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras estar alertas e instar al gobierno nacional para que cesen las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades de esta región del Meta.

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Violaciones a los derechos fundamentales de los presos políticos en Cárcel de La Dorada

17 de julio de 2008

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En una escalada de pretensión de sometimiento por parte del Estado que aboga por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, pero que descaradamente desconoce hacia adentro, contra los prisioneros de guerra y presos políticos cautivos de los pabellones 1B y 3 de la cárcel de alta seguridad de la -Dorada Caldas-, la Dirección Nacional del INPEC a desmembrado y a distribuido, tanto a nivel nacional como interno a estos hombres que piensan, actúan, expresan y representan la otra Colombia es posible.

HECHOS:

9 y 10 de julio de 2008: Bajo falsos argumentos y situaciones prefabricadas –falsos positivos-, la Dirección Nacional del INPEC determinó el traslado de cinco prisioneros de guerra a diferentes cárceles del país, estando ellos pendientes de cumplir audiencias publicas en Ibagué y Medellín, respectivamente como integrantes de las FARC-EP.

CASO 1: El 9 de julio de 2008, 9:30 horas, Patio 1B, en procedimientos normales y cotidianos que se realizan 3 o 4 veces a la semana en toda la penitenciaria para remisiones judiciales, de sanidad o por derechos administrativos, notifican a Álvaro Hener López de su salida. Le permiten recoger algunas de sus pertenencias y lo llevan a RECEPCIONES, hasta ese punto teníamos información, no se sabe si ese mismo día fue enviado a Combita. Por lo tanto él no estaba en los pabellones a la hora del “GRAN OPERATIVO”, tenía audiencia para el 28 de julio en IBAGUE.

CASO 2: 10 de julio de 2008, 04:00 horas, Pabellón 1B
Igual que el anterior , pero en sus respectivas celdas numero 4 a Tulio Murillo (compañero con pierna amputada mas arriba de la rodilla derecha) le notifican su REMISIÓN, le permiten recoger parte de sus pertenencias y junto a Luís Arturo Garcés, celda 16, con el mismo procedimiento, rutinario y cotidiano, los envían a RECEPCIONES. El primero con audiencia publica en Medellín.

CASO 3: 10 de julio de 2008, 04:00 horas pabellón 3 Félix Sanabria e Inocencio Morantes, con el mismo procedimiento son sustraídos de este patio para ser llevados a RECEPCIONES.

CASO 4: 10 de julio de 2008, 06:00 horas Aun nos encontrábamos en nuestras celdas con tremenda algarabía de hombres de un grupo especial del INPEC, denominado GRI- Grupo de Reacción Inmediata- nos sacan de ellas y en el patio en el primer piso, comienza una requisa personal, quedando las celdas a disposición de los miembros de este grupo, los perros antiexplosivos y antidrogas y ante un camarógrafo del INPEC.

Al frente de este espectacular operativo, que estaba apoyado de un helicóptero con siglas del INPEC, yendo y viniendo constantemente, estaba el Director Regional JAIME MENDEZ CARRILLO, el Teniente Coronel retirado CESAR CARDENAS, actual director que lleva aproximadamente 2 mes cumpliendo esta función, el subdirector Luís Peña Peña Mayor retirado del Ejercito y un civil que supuestamente representa a la Procuraduría.

RESULTADO DEL OPERATIVO DEL 10 DE JULIO DE 2008 EN EL PABELLÓN 1B:

En la celda 19 perdida de un sobre que contenía 6 cartas, piezas fundamentales para la investigación que depende la libertad y vida de Néstor Moya Gutiérrez como la de su familia, perseguido por el Bloque Bananero de Úraba al mando del tristemente celebre “H.H.” de apellido Veloza. Decomiso de tijeritas o cortaúñas, un sobre con documentos que contenían propuestas políticas amplias, que al día siguiente fueron devueltas. Captura de un gato por el Grupo de Reacción Inmediata, que al menor descuido huyo de sus captores-.

Nos obliga hacer esta descripción casi literal, el hecho consignado por el DIRECTOR del INPEC, donde asevera a los medios y a la opinión pública, que elementos como arma, planos, celulares, droga etc, fueron hallados en las celdas de estos compañeros, que NUNCA ESTUVIERON PRESENTES EN EL OPERATIVO, pues ya habían sido sustraídos de sus celdas y patios, entre 22 y 2 horas antes de este registro.

Ni siquiera los mismos internos de toda la cárcel (excepción de 1 sola vez) pueden estar a la hora del registro frente a sus celdas, como debería ser el procedimiento normado por el reglamento general, pues todos somos registrados en el patio.

Además hay que resaltar que este operativo de manera escalonada se realizo en los 10 patios que componen este penal, siendo registrado el patio #2 por este grupo casi hasta las 2PM, hora en que los internos los sacaron al patio y un poco mas tarde termina el operativo.

RETALIACIÓN AL FALSO POSITIVO DE SUPUESTO ABORTO DE FUGA DESMEMBRAMIENTO

HECHOS: Siendo las 17 horas aproximadamente del día 15 de julio de 2008, después de encerrados los internos del patio 3 y al frente del Sub. Director Peña Peña con lista en mano son notificados 72 internos de alistar sus cosas. Cabe anotar que como interno, uno no sabe sino a medio camino para donde lo llevan y esto sucedió con 25 compañeros, que dándose cuenta que iban a ser introducidos en otros patios de la misma cárcel se negaron a ingresar al patio 2, fundamentándose en las medidas cautelares que cobijan a los contradictores políticos o armados en el conflicto armado interno, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en vigencia desde el 2000, acogida hasta hoy, pero pisoteada y flagrantemente desconocida a partir también de hoy.

Estos 25 compañeros son introducidos en los calabozos llamados hoy P.A.E (Pabellón de Atención Especial) donde los hacen pasar una noche en celdas que en su mayoría tienen problemas de falta de agua, por daño de los aparatos y los baños están taponados.

El día 16 de julio, antes del medio día y al mando del Sub. Director la guardia con su mejor equipaje de guerra, incluida la compañía de administrativos (guardias con algún titulo o licenciatura universitaria) ingresan al PAE y celda a celda van sustrayendo a los compañeros, echando su equipaje en carros rodantes, requisándolos de nuevo y maniatándolos con esposas a la espalda, son introducidos a la fuerza al patio donde el día anterior se habían negado a ingresar, violentando su propio reglamento interno, donde se garantiza que ningún interno podrá ser recluido contra su propia voluntad en un lugar donde crea que su vida corre peligro.

Es así como un compañero que lleva 45 meses recluido en esta sección, PAE y que tenia permiso de realizar deporte, después de encerrado todo el personal, durante 1 hora “hora de sol” le fue suspendido esté desde hace 15 días aproximadamente (Jorge Bernal).

Sumado a las “cotidianidades” de digna asistencia jurídica, médica y de medicamentos, alimentaría (mínimo vital), acosamiento y humillación de nuestras visitas, abusos en los operativos de requisas, desconocimiento o limitación de los derechos de acuerdo a la remuneración del trabajo, ampliación de estas plazas, adecuada educación calificada, negativas constantes y dilatorias de derechos administrativos etc.

La consigna de este Director General que reza “SU DIGNIDAD HUMANA Y LA MIA SON INVIOLABLES”, debe interpretarse realmente, como que la dignidad de él es inviolable, mientras que la de los presos si es VIOLABLE e infrahumana.

Porque si todo lo anterior no es violación de la DIGNIDAD de los seres humanos, habitantes de estos penales, entonces como se le llama a esto? a caso seguridad democrática?.

Siendo el INPEC la única fuerza para estatal, que no había obtenido ningún logro mediático hasta el 2 de julio (fecha del “rescate” de los 15 rehenes), este Director para tapar o echar humo ante los escándalos que el INPEC en cabeza de él tienen sobre lo de Itagüi y CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA, cogió como objetivo en especial a los miembros de las FARC-EP, del ELN y otros cautivos, para sumarse como cuota a los “logros de la seguridad democrática” de la oligarquía en cabeza de URIBE y dirigida por el imperialismo norteamericano.

Es importante resaltar que el día 14 de julio, la dirección de esta cárcel, había recogido de todos los patios a ex miembros de las distintas organizaciones que de manera engañosa o voluntariamente se han sumado a estos FICTICIOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN O DESMOVOLIZACIÓN, también civiles, la mayoría creyendo que esta era su “oportunidad” y los habían concentrado en uno de los patios donde se reciben visitas.

“Limpio” ya el patio 3 de militantes que todavía tienen su dignidad y convicciones incólumes pase lo que pase, pues aparte de 25 otros igual de firmes como 50 aproximadamente 100, permitieron que los ingresaran en el patio 4, 5, 6, y 10; INSTALARON a los aproximadamente 100 que están en el programa de “justicia y paz”.

Así las cosas, los prisioneros de guerra y presos políticos están contra su voluntad en todos los patios de la penitenciaria 1B – 2-4-5-6 – mediana – 8 y 10; cualquier situación contra la persona cualquiera de estos miembros, en su integridad física, SERA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, por el momento en cabeza del Director General y el Director de este Penal.

Hacemos un fraternal llamado a todas las organizaciones de masas, que sufren las consecuencias de un Estado Clasista Excluyente, a que hagan una introspección de sus luchas y vivencias reales y concretas y se sumen en la búsqueda y lucha de un país mejor y de verdad para todos.
Fraternalmente;

PRISIONEROS DE GUERRA Y PRESOS POLÍTICOS FARC-EP.

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