El Inpec tendrá que pagar cerca de 170 millones de pesos a una familia, como consecuencia de la muerte de uno de sus reclusos en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, un día después de que ingresara a la institución.
Jhon Jairo García Conde trabajaba como albañil y conductor de vehículos, ganando algo menos de un salario mínimo; luego fue recluido en la cárcel de Bucaramanga, según su familia, por un delito que nunca cometió.
A principios de 1995, murió estando dentro del centro Penitenciario, a manos de otros internos de la misma institución.
Después de ser notificado por el Tribunal Superior de Santander, el Inpec respondió que "se había constatado caso fortuito y fuerza mayor, toda vez que Jhon Jairo García, no se había inscrito en los programas de resocialización, que causaban rebajas de penas, ofrecidos por el centro carcelario". El Tribunal deslegitimó la demanda porque las pruebas del parentesco de la víctima con los demandantes no estaba enteramente probada.
Quienes impusieron la demanda eran la madre, los cinco hermanos y la esposa de Jhon Jairo. La primera no tenía un registro de nacimiento donde se clarificara que ella era su madre biológica, y por lo tanto el parentesco con los hermanos quedaba también en duda. La esposa argumentaba haber vivido con él dos décadas, pero al momento de la muerte García contaba con sólo 23 años de edad.
La defensa alegó que la madre de la víctima no sabía firmar, y por eso no aparecía su nombre en los registros de nacimiento. La esposa no encontró manera de probar su convivencia con el joven.
El Consejo de Estado, después de analizar las pruebas, encontró culpable al Inpec por la muerte del joven, porque este estaba a su cargo en el centro penitenciario. Igualmente le certificó que la madre y los hermanos, tenían derecho a recibir indemnización por el dolor causado después de la muerte de Jhon Jairo.
"Reconocerá a favor de la madre de la víctima el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a favor de los hermanos de la víctima, el valor equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos". Que en total suman unos 170 millones de pesos.
Según la sentencia del Consejo de Estado, García Conde ingresó a la Cárcel Modelo de Bucaramanga "el 22 de febrero de 1995, y se le dio de baja por defunción el 23 de febrero del mismo año".
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