Por Nelson Lombana Silva
Los habitantes indígenas del sur del Tolima denuncian ante la defensoría regional del pueblo, atropellos, amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral.
Según denuncia, hace ocho días militares sin distintivos propios del ejército nacional, llegaron al resguardo Totarco – Niple, del municipio de Coyaima, presentándose como guerrilleros exigiendo dinero, recolectando la suma de cien mil pesos.
Por su parte, en el resguardo indígena San Miguel del municipio de Natagaima, los militares afirman que allí existe caleta de explosivos y buscan afanosamente a un miembro de esta comunidad de nombre René Benítez. Patrullan de civil y con armas cortas, unas veces se hacen pasar como guerrilleros, en otras como paramilitares y en otras con distintivos del ejército.
En carta fechada siete de agosto de 2008, dirigida al doctor Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, el gobernador del resguardo San Miguel, José Alcibiades Apache Romero, expresa su problemática y exige del funcionario presencia en la zona para conjurar la grave situación.
Dice la nota: "De manera más atenta le solicito su intervención en aclarar los señalamientos hechos por el ejército nacional, donde suponen ellos que en el resguardo indígena San Miguel Natagaima en su territorio existen caletas con explosivos y buscan a indígenas con nombre propio, en operación realizada de civil y sin identificarse utilizando armas cortas llegaron el día miércoles 30 de julio a las 7:30 de la noche y lo han seguido haciendo hasta hoy siete de agosto".
"Queremos que intervenga ya que genera desconfianza el hecho que no se identifiquen y preguntado al comandante de una patrulla del ejército, teniente Angulo, contestó: "Es que en ese territorio hay caletas y hay un indígena implicado". Consideramos que se abra una investigación y que si resulta judicialización de alguien del resguardo, se haga de una manera clara y no con simples señalamientos de personas que dicen ser informantes y buscan una reciprocidad económica, que sabemos le hace falta, pero pone en problemas a una familia y a la comunidad en general. Por último, responsabilizamos a las autoridades militares de cualquier hecho violento".
Los habitantes indígenas del sur del Tolima denuncian ante la defensoría regional del pueblo, atropellos, amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral.
Según denuncia, hace ocho días militares sin distintivos propios del ejército nacional, llegaron al resguardo Totarco – Niple, del municipio de Coyaima, presentándose como guerrilleros exigiendo dinero, recolectando la suma de cien mil pesos.
Por su parte, en el resguardo indígena San Miguel del municipio de Natagaima, los militares afirman que allí existe caleta de explosivos y buscan afanosamente a un miembro de esta comunidad de nombre René Benítez. Patrullan de civil y con armas cortas, unas veces se hacen pasar como guerrilleros, en otras como paramilitares y en otras con distintivos del ejército.
En carta fechada siete de agosto de 2008, dirigida al doctor Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, el gobernador del resguardo San Miguel, José Alcibiades Apache Romero, expresa su problemática y exige del funcionario presencia en la zona para conjurar la grave situación.
Dice la nota: "De manera más atenta le solicito su intervención en aclarar los señalamientos hechos por el ejército nacional, donde suponen ellos que en el resguardo indígena San Miguel Natagaima en su territorio existen caletas con explosivos y buscan a indígenas con nombre propio, en operación realizada de civil y sin identificarse utilizando armas cortas llegaron el día miércoles 30 de julio a las 7:30 de la noche y lo han seguido haciendo hasta hoy siete de agosto".
"Queremos que intervenga ya que genera desconfianza el hecho que no se identifiquen y preguntado al comandante de una patrulla del ejército, teniente Angulo, contestó: "Es que en ese territorio hay caletas y hay un indígena implicado". Consideramos que se abra una investigación y que si resulta judicialización de alguien del resguardo, se haga de una manera clara y no con simples señalamientos de personas que dicen ser informantes y buscan una reciprocidad económica, que sabemos le hace falta, pero pone en problemas a una familia y a la comunidad en general. Por último, responsabilizamos a las autoridades militares de cualquier hecho violento".
Ibagué, agosto 8 de 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario