(Colombia) (Autor: CCajar)
El Embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield afirmó recientemente frente a la extradición de los 14 jefes paramilitares que “con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países[i]”, fundamentándose en la armoniosa relación entre ambos países y alegando que se han respetado todos los procedimientos establecidos en las leyes colombianas, que compartirán información con las autoridades de nuestro país y que el “sistema legal de Estados Unidos también reconoce el derecho de las víctimas de pedir compensación y recompensa en un proceso legal (...)[ii]
Sin embargo, tal decisión ha agraviado tremendamente a las víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha exigido al gobierno de Estados Unidos “que devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la ley de justicia y paz porque esta beneficia a los victimarios y no a las víctimas, porque no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales[iii]”. A su vez, la Oficina enColombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido enfática al recordar que “(...) según el ordenamiento legal vigente, las razones invocadas por el Presidente de la República para proceder a las extradiciones, previamente suspendidas, son también causal para el retiro de la postulación a la “Ley de Justicia y Paz” y de pérdida de los beneficios allí establecidos[iv]”. Asimismo, la Comisión Interamericana observó que la extradición de los jefes paramilitares “afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. [v] Mientras el país emprende la marcha del largo camino para recuperar algún día las dosis de verdad que se llevaron los principales testigos de la parapolítica, como acertadamente les ha denominado Rafael Pardo[vi], trazado por las abruptas decisiones presidenciales, nos preguntamos también sobre esos otros que con sobrados motivos y bajo los mismos postulados que han fundamentado tal extradición, también resultan “elegibles” para esta práctica. Nos referimos, por ejemplo, a los ciudadanos estadounidenses que han cometido delitos en Colombia, pero que gozan de plena libertad en razón a los acuerdos a los que han llegado con la justicia de ese país o a los acuerdos de inmunidad, que les inmunizan - vale la redundancia - hasta de las leyes de su propia patria, como es el caso de ROBERT FISHER, STEVEN G. WARSHAW, CARL H. LINDNER, DURK I. JAGER, JEFFREY D. BENJAMIN, MORTEN ARNTZEN, RODERICK HILLS [...], CYRUS F. FREIDHEIM y ROBERT OLSON[vii] todos ellos directivos de la Chiquita Brands, que durante años realizó pagos a las estructuras paramilitares y que participó en la logística para importar las armas con las que estos grupos masacraron, torturaron, desaparecieron y desplazaron a miles de campesinos en el Urabá. [viii]. Además, nos referimos a los miembros de la misión contratista del Plan Colombia que operaban en Tolemaida y que en octubre de 2004 distribuyeron un video en el que se observaba como sometían a vejámenes sexuales a niñas menores de edad de Melgar[ix]. En concreto nos referimos también a “Michel J. Coen, un sargento activo del Ejército de EE.UU. y César Ruiz, militar retirado del Ejército norteamericano, y bridaban seguridad en Tolemaida[x]” quienes el 26 de agosto de 2007 abusaron sexualmente de una niña colombiana de 12 años en el interior del Centro Aéreo de Combate Número 4 (CACOM 4) de la Fuerza Aérea de Melgar. [xi] De igual manera nos referimos a los ciudadanos estadounidenses Alan Norman Tanquary y José Hernández, pertenecientes al Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de E.U., instructores de tiro en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército en Tolemaida, quienes en mayo de 2005 fueron arrestados en flagrancia por traficar con más de 30.000 proyectiles dirigidos a grupos paramilitares en la vía que comunica a los departamentos de Tolima y Cundinamarca, y frente a los cuales la Fiscalía solicitó el levantamiento de su inmunidad sin que este fuera concedido[xii]. Pero también nos referimos a los miembros de la Fuerza Pública colombiana que han traficado con estupefacientes o que han favorecido el procesamiento de esas sustancias ilícitas a través del tráfico de precursores químicos. Hablamos de los miembros del Gaula que en 2002 en Barranquilla decomisaron 3.000 kilos de cocaína y a cambio de 1.800 millones de pesos los devolvieron a los narcotraficantes[xiii]. Hablamos de Gil Gonzalo Vivero Amador, mayor del Ejército Nacional, quien junto con Rubén Oswaldo Ceballos Burbano también militar, en junio de 2003 organizaron el transporte de base de cocaína entre Puerto Caicedo, Putumayo, y Pitalito, Huila, utilizando los bienes y la logística del Batallón Domingo Rico acantonado en Villa Garzón[xiv], una de las bases emblemáticas “de la lucha contra el narcotráfico” del Plan Colombia. Estos militares fueron condenados por el delito de tráfico de estupefacientes por el Tribunal del distrito judicial de Nariño en agosto de 2007. Hablamos de el Coronel Miguel Ángel Sierra Santos y el Mayor Javier Alberto Carreño Vargas, ambos oficiales del Ejército contra quienes la Procuraduría ha elevado pliego de cargos por su presunta colaboración con el grupo de autodefensas que operaba al interior del departamento del Caquetá durante el 2003 permitiendo el ingreso de combustible y cemento, insumos utilizados para el procesamiento de estupefacientes y sustancias psicotrópicas[xv].
Y hablamos delgeneral (r) Pauselino Latorre, quien fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación junto con otras 21 personas que traficaban con drogas hacia Estados Unidos, incluyendo su sobrino el ex fiscal LeobardoLatorre.Durante su larga carrera militar, el general (r) Latorre se desempeñaba como jefe de inteligencia del ejército nacional, como jefe de la Tercera División del Ejército en Cali, como comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa (Antioquia), y como egresado de la Escuela de las Americas con sede en FortBenning, Georgia, EEUU, entre otros cargos importantes. Según un investigador del caso, "[s]e ha establecido que [Latorre] sirvió para el lavado de más de 2 mil millones de pesos que salieron de los negocios del narcotráfico [xvi]". ¿Qué pasa con todos ellos?, ¿No le interesa a Colombia ni a los Estados Unidos juzgar a ciudadanos estadounidenses que han cometido precisamente esos delitos contra los que se supone que apoyan y soportan a los organismos de seguridad y con base en los cuales se justifican su presencia y el mismo Plan Colombia?, ¿No le interesa a Colombia procesar internamente a ciudadanos estadounidenses que alentados por su inmunidad diplomática violan niñas en sus propias guarniciones militares y no contentos con ello las someten a la vergüenza pública?, ¿No le interesa al gobierno de los Estados Unidos procesar a militares y policías colombianos que desconociendo su posición de garantes apoyan logísticamente, conniven y sustentan fuerzas narcoparamilitares para el procesamiento, tráfico y comercialización de la cocaína?, ¿No le interesa al gobierno Colombiano conocer la verdad de los directivos de las bananeras que financiaron los crímenes de lesa humanidad de los paramilitares?. ¿Cómo es que se llega a ser mejores países cuando existe un claro desequilibrio en la obligación de colaborar con la justicia colombiana en casos que comprometen el pudor sexual y los derechos de las niñas, el mismo tráfico de estupefacientes o el apoyo a estructuras paramilitares?, ¿Cómo se llega a ser mejores países cuando la indignación por el narcotráfico recae en estructuras paraestatales pero nunca en las estructuras estatales que tienen participación y dirección en la comisión de tal delito?, ¿Cómo se llega a ser mejores países aplicando selectivamente la figura de la extradición en claro detrimento del irrenunciable derecho a la verdad que tienen las víctimas de crímenes de lesa humanidad?. ¿Cómo se llega a ser mejores países cuándo el debate se centra en la palabra reparación, vaciándola de contenido? La reparación no es una compensación económica pues una hija desaparecida, un padre asesinado, un pueblo arrasado y desterrado, un líder o lideresa sindical, indígena o afrodescendiente, un periodista, una defensora de derechos humanos, no tienen precio ni en pesos ni en dólares. Reparación es saber la verdad de lo ocurrido: encontrar los restos del desaparecido, conocer a los autores materiales e intelectuales del asesinato, devolver el territorio robado en condiciones dignas y de seguridad, garantizar que las violaciones no van a volver a repetirse y que nunca más otros colombianos serán sometidos a la ignominia y la impunidad. La reparación no se hace con un fondo burocrático de repartición de bienes, ni con la promesa de que colombianos que subsisten con menos de un dólar diario pueden acceder a ella a través de demandas interpuestas directamente en los Estados Unidos... la reparación es tratar con respeto a las víctimas, dignificando su dolor, dándole a la memoria una connotación social y no de vergüenza privada. Reparación es acoger la verdad, sin miedo a ella. En contraste a lo afirmado por el embajador estadounidense Brownfield, esta últimas extradiciones de colombianos a Estados Unidos no mejorarána ninguno de los dos países y tampoco facilitaría la reparación integral de las víctimas.
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