"Ellos se arropan en la protección de las víctimas y la protección de las víctimas les sirve para tener ONGs que piden plata en la comunidad internacional, la protección de las víctimas le sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas (…)
A ellos se les llama la atención, si de ellos se discrepa, si ellos son controvertidos, de inmediato salen cobardemente que el gobierno los está poniendo en peligro". Ver Guerra verbal de Uribe
No refuta el fondo de lo expresado con la deslegitimación, asocia inconsistentemente que las motivaciones que hay detrás de las expresiones de derechos humanos son la búsqueda de recursos económicos de la comunidad internacional. Afirmación absolutamente risible si se observa como hoy sobreviven decenas de las víctimas, del mismo Movimiento de Víctimas y de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas, en medio de una persecución sostenida en las diversas regiones de Colombia y de las negativas de apoyo económico de sectores de la comunidad internacional para la problemática de los derechos humanos que privilegian la asistencia humanitaria, y los aportes a estructuras "desmovilizadas", recursos que gerencia el gobierno colombiano. Uribe desconoce nuevamente la legitimidad de los defensores y los fundamentos éticos de su labor para exigir el respeto a los ciudadanos, los límites en el uso de la fuerza.
Uribe olvida que es la solidaridad por causas justas, entre ellas, por los derechos de las víctimas, las que animan las relaciones fraternas entre los pueblos y el derecho internacional, entre ellas el Derecho a la Vida y a la libertad. Obviamente que lo desconoce, porque sus lógicas de pensamiento y de actuación son acumulativas, sin que sea posible una discusión sobre fines y medios. Acumulación de poder, acumulación económica, acumulación de prestigio.
Por eso, los medios "persuasivos" como consumó con dineros y favores burocráticos las modificación de la Constitución para propiciar su reelección es posible en su ética, del mismo modo, como convocó a votar los proyectos de ley a sus partidos antes de que encarcelaran a los congresistas o que haya propiciado una ley de impunidad, como la ley 975, que después fue modulada por la Corte Constitucional, para favorecer una estructura criminal que nació en la sombra del Estado.
Uribe pretende encubrir la realidad, la verdad real. Acusando de instigador a quién es instigado, amenazado o perseguido a Iván Cepeda o ayer a tantos exiliados, al Movimiento de Víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos o a la oposición política. Esa es la mejor manera de evadir su responsabilidad directa en la consolidación cada vez más constatada de las "Aguilas Negras" como una reingeniería del paramilitarismo, por ejemplo. Esta es la forma más simple para silenciar a sectores disidentes que han puesto al descubierto el desarrollo de la estrategia paramilitar en lo político, a través de lo que es conocido como la parapolítica, de la cual, quiera o no quiera reconocerlo, Uribe ha sido uno de los beneficiarios, cuando no gestores de la "refundación de la patria". Sus ataques a León Valencia y a Gustavo Petro, que son una nueva ambientación al crimen, muestran su técnica de banalización, como lo ha hecho en el pasado con otros periodistas, o con la Corte Suprema de Justicia o en su momento con la Corte Constitucional.
Cuando se refirió Uribe en Montería a las organizaciones de derechos humanos como instigadoras de violaciones de derechos humanos, banaliza la responsabilidad misma del Estado en esta materia e identifica a sectores de la sociedad civil en responsables que en sana lógica no le son imputables, pues afirmar la Verdad o exigir el derecho a la verdad, es eso un derecho.
Que lejos está Uribe de aceptar que los Derechos Humanos son responsabilidad del Estado, que la Fuerza Pública continúa siendo fuerza privada para algunos, olvidando las más de 1000 ejecuciones extrajudiciales en su período de gobierno o lo más de 6000 detenidos arbitrariamente en las cárceles del país, que no gozan de ninguno de los beneficios, de los que si disfrutan desde su primo hermano, Mario Uribe y cada uno de los 30 congresistas detenidos.
Pero descontextualizando y banalizando Uribe desintegra el valor del derecho internacional de los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de todas las víctimas, incluyendo las de la guerrilla. Pretende equiparar procesos de paz entre grupos disidentes del Estado, de aquellos que operan al lado del Estado. O va al pasado para realizar una simetría histórica imposible de desarrollar cuando habla de la paz pasada como impunidad cuando el presente de esta pacificación ha significado más que democracia, institucionalización de la injusticia y transacciones del poder del establecimiento con las estructuras de poder real de la criminalidad del tráfico de drogas y de la cultura terrateniente. Su evocación al pasado es un falso dilema que se convierte en fórmula adecuada para pretender silenciar en el presente la simulación de verdad, de justicia y de reparación de la estrategia paramilitar. Ver nota..
La política de seguridad ha fomentado la polarización cabalgando desde el maniqueísmo terrorista, el pago de la conciencia para hacer "justicia", los ajusticiamientos por parte de las Fuerzas Militares y la renovación de la estrategia paramilitar para propiciar los beneficios de unos pocos a costa del crimen, de la impunidad, del terror "injustificado" el estatal y de la mentira sobre los excluidos y los empobrecidos organizados, porque entonces acusar de cobardes a quiénes acuden en los escenarios internacionales para denunciar, para afirmar la verdad y propiciar garantías para la protección de las víctimas, es un derecho que Uribe no le gusta y a toda costa quiere resolver la crisis de derechos humanos, permanente y sistemática con los señalamientos, las falsas acusaciones y los montajes judiciales.
Son importantes las garantías a Ivan Cepeda, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, las organizaciones y grupos de familiares de las víctimas que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, así como, el acompañamiento y el desarrollo de misiones civiles nacionales e internacionales que se propicien el trabajo de acompañamiento y la solidaridad con las víctimas que se encuentran en Montería, pues no hay que olvidar.
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