viernes, 9 de mayo de 2008

Nuevos señalamientos de Uribe a Iván Cepeda en Montería


Bogotá, mayo 9 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Desafueros verbales colocan en riesgo a defensor de derechos humanos y al Movice. Se exigen garantías para Movice, León Valencia y la Corporación Arco Iris y Gustavo Petro.
"Ellos se arropan en la protección de las víctimas y la protección de las víctimas les sirve para tener ONGs que piden plata en la comunidad internacional, la protección de las víctimas le sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas (…)
A ellos se les llama la atención, si de ellos se discrepa, si ellos son controvertidos, de inmediato salen cobardemente que el gobierno los está poniendo en peligro". Ver Guerra verbal de Uribe


(...) Que van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional" (…) Y donde Ud. solicitó "…a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, a que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia"


Y nadie lo calla, por que para él eso es libertad de expresión, escucha con reverencia lo que él dice y asentirlo o acatarlo. Es decir lo qué él dice, pensar lo que él piensa, sentir como el siente. Acusar sin fundamento, defender lo inconfesable con juegos de palabras, hacer de la retórica el medio de la confusión y del sofisma. Hasta El Tiempo pidió hoy en editorial compostura a Uribe y atención de fondo al problema de las "Aguilas Negras", pero haciendo caso omiso se pronunció en Montería. Ante la reciente oleada de intimidaciones, el Gobierno haría bien en polemizar menos con los amenazados y preocuparse más por buscar a los responsables.


A él nadie lo puede callar por qué es omnipotente, un hombre iluminado, como pocos en la historia, por qué dicen que es frentero, como la cultura del guerrero latifundista. A él nadie lo calla porque nadie puede disentir. La sociedad construida en el miedo es consecuencia de la persecución histórica realizada por el Estado contra lo distinto. La construcción social del consentimiento que se expresa en la popularidad de la encuestas se cimienta en el olvido, por eso pocos disienten, se oponen o afirman su pensamiento, su exigencia de verdad.


Hablar fuerte es parte del modo uribista, del continente que disfraza el contenido o las pretensiones, hablar duro es parte de la escénica discursiva, es un medio "persuasivo" para ocultar la verdad, para hacer creíble la mentira y transferir la responsabilidad a los otros. Indudablemente que las expresiones del Uribe Vélez son la reacción esperada en su ejercicio político del ocultamiento, en su maniqueísmo y absolutismo político.


Las falsas aseveraciones públicas de Uribe en la ciudad de Montería en la mañana de hoy en reacción contra Iván Cepeda, uno de los voceros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a raíz de su columna en el diario El Espectador evidencia que el fondo de todo lo que hoy se pretende consolidar como concepción de Estado, de sociedad, de seguridad, de "desarrollo" tiene un epicentro en el norte de Colombia. Las afirmaciones escritas en la columna del defensor de derechos humanos no son objetadas por Uribe, porque no es posible controvertirlas, y por eso usa el espejismo retórico y la maquinaria lingüística que distorsiona la realidad con la deslegitimación. Muchas pruebas están ahí, a la vista de todo el mundo, aunque Uribe lo quiera negar.


Existen suficientes elementos probatorios, incluso, en algunos casos en expedientes judiciales, otros en organismos de investigación del Estado, que experimentan también el miedo de enfrentar "el mundo sagrado" de Uribe. Y esta en Montería la verdad real, la verdad histórica, la verdad de las víctimas que han padecido las operaciones de la estrategia paramilitar, que hoy experimentan la simulación de "verdad" de la ley 975, que constatan en las condiciones de empobrecimiento y exclusión, como los victimarios y sus beneficiarios continúan gozando de bienes mal habidos y de una seguridad que los protege en Córdoba y desde allí a otra regiones de Colombia. Esa maquinaria criminal que se extendió desde Córdoba a Sucre y Antioquia, de Antioquia a Chocó, de Chocó a Meta, al Valle, a Buenaventura.


El pasado sábado fue a través de su vocero de prensa Ver la información manda Señor Fidel Cano Director El Espectador hoy Uribe lo hace directamente, acusando sin fundamento, con falsas afirmaciones a Iván Cepeda, a las víctimas de Crímenes de Estado. Ver..


La guerra de Uribe







No refuta el fondo de lo expresado con la deslegitimación, asocia inconsistentemente que las motivaciones que hay detrás de las expresiones de derechos humanos son la búsqueda de recursos económicos de la comunidad internacional. Afirmación absolutamente risible si se observa como hoy sobreviven decenas de las víctimas, del mismo Movimiento de Víctimas y de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas, en medio de una persecución sostenida en las diversas regiones de Colombia y de las negativas de apoyo económico de sectores de la comunidad internacional para la problemática de los derechos humanos que privilegian la asistencia humanitaria, y los aportes a estructuras "desmovilizadas", recursos que gerencia el gobierno colombiano. Uribe desconoce nuevamente la legitimidad de los defensores y los fundamentos éticos de su labor para exigir el respeto a los ciudadanos, los límites en el uso de la fuerza.


Uribe olvida que es la solidaridad por causas justas, entre ellas, por los derechos de las víctimas, las que animan las relaciones fraternas entre los pueblos y el derecho internacional, entre ellas el Derecho a la Vida y a la libertad. Obviamente que lo desconoce, porque sus lógicas de pensamiento y de actuación son acumulativas, sin que sea posible una discusión sobre fines y medios. Acumulación de poder, acumulación económica, acumulación de prestigio.


Por eso, los medios "persuasivos" como consumó con dineros y favores burocráticos las modificación de la Constitución para propiciar su reelección es posible en su ética, del mismo modo, como convocó a votar los proyectos de ley a sus partidos antes de que encarcelaran a los congresistas o que haya propiciado una ley de impunidad, como la ley 975, que después fue modulada por la Corte Constitucional, para favorecer una estructura criminal que nació en la sombra del Estado.


Uribe pretende encubrir la realidad, la verdad real. Acusando de instigador a quién es instigado, amenazado o perseguido a Iván Cepeda o ayer a tantos exiliados, al Movimiento de Víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos o a la oposición política. Esa es la mejor manera de evadir su responsabilidad directa en la consolidación cada vez más constatada de las "Aguilas Negras" como una reingeniería del paramilitarismo, por ejemplo. Esta es la forma más simple para silenciar a sectores disidentes que han puesto al descubierto el desarrollo de la estrategia paramilitar en lo político, a través de lo que es conocido como la parapolítica, de la cual, quiera o no quiera reconocerlo, Uribe ha sido uno de los beneficiarios, cuando no gestores de la "refundación de la patria". Sus ataques a León Valencia y a Gustavo Petro, que son una nueva ambientación al crimen, muestran su técnica de banalización, como lo ha hecho en el pasado con otros periodistas, o con la Corte Suprema de Justicia o en su momento con la Corte Constitucional.


Cuando se refirió Uribe en Montería a las organizaciones de derechos humanos como instigadoras de violaciones de derechos humanos, banaliza la responsabilidad misma del Estado en esta materia e identifica a sectores de la sociedad civil en responsables que en sana lógica no le son imputables, pues afirmar la Verdad o exigir el derecho a la verdad, es eso un derecho.


Que lejos está Uribe de aceptar que los Derechos Humanos son responsabilidad del Estado, que la Fuerza Pública continúa siendo fuerza privada para algunos, olvidando las más de 1000 ejecuciones extrajudiciales en su período de gobierno o lo más de 6000 detenidos arbitrariamente en las cárceles del país, que no gozan de ninguno de los beneficios, de los que si disfrutan desde su primo hermano, Mario Uribe y cada uno de los 30 congresistas detenidos.


Pero descontextualizando y banalizando Uribe desintegra el valor del derecho internacional de los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de todas las víctimas, incluyendo las de la guerrilla. Pretende equiparar procesos de paz entre grupos disidentes del Estado, de aquellos que operan al lado del Estado. O va al pasado para realizar una simetría histórica imposible de desarrollar cuando habla de la paz pasada como impunidad cuando el presente de esta pacificación ha significado más que democracia, institucionalización de la injusticia y transacciones del poder del establecimiento con las estructuras de poder real de la criminalidad del tráfico de drogas y de la cultura terrateniente. Su evocación al pasado es un falso dilema que se convierte en fórmula adecuada para pretender silenciar en el presente la simulación de verdad, de justicia y de reparación de la estrategia paramilitar. Ver nota..


La política de seguridad ha fomentado la polarización cabalgando desde el maniqueísmo terrorista, el pago de la conciencia para hacer "justicia", los ajusticiamientos por parte de las Fuerzas Militares y la renovación de la estrategia paramilitar para propiciar los beneficios de unos pocos a costa del crimen, de la impunidad, del terror "injustificado" el estatal y de la mentira sobre los excluidos y los empobrecidos organizados, porque entonces acusar de cobardes a quiénes acuden en los escenarios internacionales para denunciar, para afirmar la verdad y propiciar garantías para la protección de las víctimas, es un derecho que Uribe no le gusta y a toda costa quiere resolver la crisis de derechos humanos, permanente y sistemática con los señalamientos, las falsas acusaciones y los montajes judiciales.


Son importantes las garantías a Ivan Cepeda, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, las organizaciones y grupos de familiares de las víctimas que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, así como, el acompañamiento y el desarrollo de misiones civiles nacionales e internacionales que se propicien el trabajo de acompañamiento y la solidaridad con las víctimas que se encuentran en Montería, pues no hay que olvidar.

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