Miguel padre (al centro, de camisa verde) junto a Miguel hijo (de camiseta blanca) en Puerto Nuevo Ité durante la asamblea de la junta de acción comunal momentos antes de la detención del primero.Compañeros y compañeras, reciban un saludo especial desde la Cárcel Modelo de Bucaramanga (Santander).
Saludos a todas las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con los derechos humanos y otras actividades que tienen que ver con el bienestar del pueblo, entre ellos, grupos de acompañamiento, ONG, universidades, campesinos, indígenas, afro, mujeres y los que trabajan en solidaridad con los presos políticos y a todos los que han colaborado con la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC), organización que tiene un sentido comunitario y viene orientando a los campesinos y acompañándolos con planes de salud y conocimientos en derechos humanos para que puedan exigir los derechos que les corresponden.
Saludos a los compañeros que de otras naciones se solidarizan con los campesinos colombianos, que continúen en la lucha… ¡ahora más que nunca!
Quiero contarles lo que sentí cuando fui privado del mejor privilegio: la libertad.
Estar preso es perder el ritmo de trabajo comunitario, es no dejar que se siga orientando al pueblo, entonces el estado podrá aplicar el proyecto macabro económico en la región y apoderarse de las tierras, todo esto lo hacen con el cuento de que están acabando con la guerrilla. Yo pregunto: donde no hay asociaciones campesinas, ¿por qué hay grupos al margen de la ley? Esto deja entrever que es una persecución a los líderes que luchamos por las comunidades en la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio.
Todos los hechos, como los asesinatos, indican que los gobiernos nunca han tenido voluntad política para solucionar los problemas de Colombia. A la Unión Patriótica (UP) la aniquilaron cuando era un mecanismo alternativo para construir la paz en el país y buscar soluciones al conflicto por medio de la democracia a través de la vía electoral.
Una modalidad que no es muy nueva, es el asesinar a los campesinos para después presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Esto compromete al gobierno y al estado colombiano por permitir que el ejército lleve en sus comisiones a desmovilizados y reinsertados, quienes están cometiendo cualquier cantidad de errores y aplicando la pena de muerte como cualquier grupo al margen de la ley. Así fue asesinado mi hijo Miguel Ángel González Gutiérrez en la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa), jurisdicción de Remedios (Antioquia), el día 25 de enero de 2008. Ni siquiera porque el teniente Chavarría del Batallón Calibío -encargado de la tropa- prometió en la reunión de la junta de acción comunal del día 19 de enero de 2008 que mientras él estuviera en la zona no iba a dejar cometer asesinatos. El teniente también vio a mi hijo haciendo parte de la reunión, pues mi hijo era afiliado a la junta. Esto no valió para asesinarlo y colocarle un alias, además llevarlo a Puerto Berrío sepultándolo como un NN, pero para después tener que entregarlo a una comisión compuesta por acompañantes internacionales, abogados y nuestra familia para darle cristiana sepultura en Barrancabermeja (Santander).
Aquí aplican la pena de muerte. Si mi hijo debía algo, ¿por qué no lo detuvieron con nosotros -Miguel Ángel González Huepa y Ramiro Ortega Muñetón- para llevarlo a cárcel? Hechos como estos acaban con la familia y siembran pánico en la región porque ya no se puede contar con un ejército que según la Constitución está para salvaguardar la honra y bienes de los colombianos y no para asesinarlos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta injusticia?
Agradezco al acompañamiento internacional, a todo el personal que acompañó a la familia a rescatar el cuerpo de mi hijo. Porque yo, imagínense, en la cárcel no tuve la oportunidad de ni siquiera ver a mi hijo por ultima vez, mucho menos ir al entierro, me tocó sufrir en silencio mi pena, así como a muchos padres y madres de este país.
¿Quién responde por los huérfanos, las viudas? Debe ser el estado.
A pesar de todo lo sucedido, yo creo que la vida sigue, hay que “cantar aunque el alma llore”, nunca dejaré de trabajar por las comunidades, porque sé que es un trabajo legitimo y además legal, porque nuestro diario accionar comunitario es basado en la Constitución, las leyes y la defensa de los derechos humanos.
Invito a los campesinos y a todas las organizaciones a seguir para adelante con el trabajo comunitario y la lucha por defender los derechos del pueblo y para el pueblo. Porque nuestro compromiso es seguir trabajando por un cambio con justicia social.
Continuaremos exigiendo la legalización de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, para tengamos la soberanía alimentaria que garantice la vida y la permanencia en esta región.
¡Adelante, compañeros, que palante es pa allá!
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