Soy una prisionera política del Perú y me encuentro más de 15 años privada de la libertad acusada del llamado delito de terrorismo y así como mis compañeras debido a los últimos acontecimientos acontecidos luego de la presentación del libro del doctor Abimael Guzmán Reynoso : "de puño y letra" viene desatándose una campaña de persecución estigmatización y amenaza de recorte de los beneficios que por derecho nos asisten en una expresión de venganza y de la política del talión, del ojo por ojo y diente por diente, en momentos en que lo que nuestra nación necesita es una reconciliación nacional.
Tenemos onda y razón a la preocupación frente al proyecto de ley elaborado por el ejecutivo con respecto a la pretensión de negar los beneficios penitenciarios que nos permitirían acceder a la libertad antes del cumplimiento total de nuestras condenas que como bien se sabe son extremadamente prolongadas y van desde los 20-35 años hasta cadena perpetua.
Y cuáles son los argumentos que se enarbolan para tal pretensión: las acciones armadas en el VRAE (Valle del Río Apurimac y Ene) a las que de manera reiterada y sin fundamento en la realidad se nos vincula, frente a lo cual, la realidad es ésta:
1) Según el propio poder judicial a través de su presidente el señor Villa Stein, del total de prisioneros que purgan condenas por terrorismo y obtienen su libertad mediante beneficios penitenciarios, desde el año 2003 en que se restituyeron, NINGUNO se ha integrado a la acción armada en el VRAE, ni en ningún otro sitio, más verdad irrefutable que queda corroborada también por la policía especializada.
2) El desenvolvimiento de nuestra vida en prisión durante más de 15 años ha sido y es coherente en dichos y hechos, estamos trabajando por incorporarnos plenamente en la sociedad, desde el seno familiar, la vida productiva, las relaciones sociales, e incluso quienes lo deseáramos, participar en la vida política como cualquier ciudadano en nuestro país.
3) Diversas instituciones y personalidades como el defensor del pueblo, la Cruz Roja Internacional y diversos grupos pastorales, por ejemplo, conocen de cerca lo antedicho, por las visitas que a lo largo del año vienen haciéndonos, pues conversan con nosotros y tienen referencia directa a través de las autoridades del penal, siempre han estado al tanto de lo que realizamos, así como de las posiciones que tenemos del acontecer nacional.
4) Y específicamente sobre las acciones armadas del grupo armado del VRAE expresamos nuestro claro deslinde y rechazo; y siendo así, resulta paradójico que ése sea el pretexto para que un sector del poder ejecutivo hoy busqué negarnos el derecho a la libertad, el acceso a los beneficios penitenciarios ya tan mínimos que tenemos, y a ellos llevan malignamente -magnificándolos- cierta prensa por intereses mezquinos, pues hablando fríamente: qué representa el beneficio del 7×1 sino el descuento de alrededor de un mes por un año de prisión efectiva, y ¡ojo! Qué no se cuente desde el ingreso a la cárcel sino desde el momento en que alguien le pareció bien registrarnos en planes de trabajo y estudio realizado. Además de que optar por el beneficio de la liberación condicional significa enfrentar un mini proceso judicial donde caben consideraciones hasta inauditas por parte del juez. No estamos de acuerdo que se nos discrimine y estigmatice reviviendo viejas prácticas inquisitoriales de persecución política, a lo que se une el recorte del derecho a la defensa, extendiéndose hasta la persecución de nuestros abogados impidiendo el libre ejercicio de su profesión, contrario a un estado democrático de derecho como lo prescribe la constitución.
Así, consideramos que existen fundamentos legales que nos asisten, para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, que van desde los consagrados por constitución, los tratados internacionales de los que el Perú es suscriptor, y toda la normativa y jurisprudencia en materia penal, de la que en teoría todos los procesados y sentenciados debiéramos ser parte. Sin embargo, como es evidente, se viene desenvolviendo una nueva campaña para que se recorten y nieguen derechos y beneficios expresamente a los sentenciados y procesados por el delito de terrorismo, pretendiendo convertir la cárcel en tumba pues en cada campaña se inventan "razones de seguridad" por las que no debiéramos salir nunca. No estamos de acuerdo con este accionar sistemático que más parece vindicativo y está muy alejado de las necesidades de nuestro pueblo y país.
Por todo lo dicho acudimos a usted exponiendo las razones por las cuales consideramos no debiera prosperar tan injusto e ilegal proyecto que denegaría libertad de quienes llevamos tantos años en prisión. Proyecto de ley que será debatido en el pleno del Congreso el día jueves 1 octubre y pensamos que todas las personas de recta conciencia, debieran sensibilizarse y pronunciarse ante tan arbitraria pretensión.
Desde ya, estamos muy agradecidas por acoger esta comunicación y difundirla.
Chorrillos, 29 septiembre 2009
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Tenemos onda y razón a la preocupación frente al proyecto de ley elaborado por el ejecutivo con respecto a la pretensión de negar los beneficios penitenciarios que nos permitirían acceder a la libertad antes del cumplimiento total de nuestras condenas que como bien se sabe son extremadamente prolongadas y van desde los 20-35 años hasta cadena perpetua.
Y cuáles son los argumentos que se enarbolan para tal pretensión: las acciones armadas en el VRAE (Valle del Río Apurimac y Ene) a las que de manera reiterada y sin fundamento en la realidad se nos vincula, frente a lo cual, la realidad es ésta:
1) Según el propio poder judicial a través de su presidente el señor Villa Stein, del total de prisioneros que purgan condenas por terrorismo y obtienen su libertad mediante beneficios penitenciarios, desde el año 2003 en que se restituyeron, NINGUNO se ha integrado a la acción armada en el VRAE, ni en ningún otro sitio, más verdad irrefutable que queda corroborada también por la policía especializada.
2) El desenvolvimiento de nuestra vida en prisión durante más de 15 años ha sido y es coherente en dichos y hechos, estamos trabajando por incorporarnos plenamente en la sociedad, desde el seno familiar, la vida productiva, las relaciones sociales, e incluso quienes lo deseáramos, participar en la vida política como cualquier ciudadano en nuestro país.
3) Diversas instituciones y personalidades como el defensor del pueblo, la Cruz Roja Internacional y diversos grupos pastorales, por ejemplo, conocen de cerca lo antedicho, por las visitas que a lo largo del año vienen haciéndonos, pues conversan con nosotros y tienen referencia directa a través de las autoridades del penal, siempre han estado al tanto de lo que realizamos, así como de las posiciones que tenemos del acontecer nacional.
4) Y específicamente sobre las acciones armadas del grupo armado del VRAE expresamos nuestro claro deslinde y rechazo; y siendo así, resulta paradójico que ése sea el pretexto para que un sector del poder ejecutivo hoy busqué negarnos el derecho a la libertad, el acceso a los beneficios penitenciarios ya tan mínimos que tenemos, y a ellos llevan malignamente -magnificándolos- cierta prensa por intereses mezquinos, pues hablando fríamente: qué representa el beneficio del 7×1 sino el descuento de alrededor de un mes por un año de prisión efectiva, y ¡ojo! Qué no se cuente desde el ingreso a la cárcel sino desde el momento en que alguien le pareció bien registrarnos en planes de trabajo y estudio realizado. Además de que optar por el beneficio de la liberación condicional significa enfrentar un mini proceso judicial donde caben consideraciones hasta inauditas por parte del juez. No estamos de acuerdo que se nos discrimine y estigmatice reviviendo viejas prácticas inquisitoriales de persecución política, a lo que se une el recorte del derecho a la defensa, extendiéndose hasta la persecución de nuestros abogados impidiendo el libre ejercicio de su profesión, contrario a un estado democrático de derecho como lo prescribe la constitución.
Así, consideramos que existen fundamentos legales que nos asisten, para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, que van desde los consagrados por constitución, los tratados internacionales de los que el Perú es suscriptor, y toda la normativa y jurisprudencia en materia penal, de la que en teoría todos los procesados y sentenciados debiéramos ser parte. Sin embargo, como es evidente, se viene desenvolviendo una nueva campaña para que se recorten y nieguen derechos y beneficios expresamente a los sentenciados y procesados por el delito de terrorismo, pretendiendo convertir la cárcel en tumba pues en cada campaña se inventan "razones de seguridad" por las que no debiéramos salir nunca. No estamos de acuerdo con este accionar sistemático que más parece vindicativo y está muy alejado de las necesidades de nuestro pueblo y país.
Por todo lo dicho acudimos a usted exponiendo las razones por las cuales consideramos no debiera prosperar tan injusto e ilegal proyecto que denegaría libertad de quienes llevamos tantos años en prisión. Proyecto de ley que será debatido en el pleno del Congreso el día jueves 1 octubre y pensamos que todas las personas de recta conciencia, debieran sensibilizarse y pronunciarse ante tan arbitraria pretensión.
Desde ya, estamos muy agradecidas por acoger esta comunicación y difundirla.
Chorrillos, 29 septiembre 2009
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