Redacción Bogotá- La junta directiva del sindicato sintramienergetica denunció el allanamiento ilegal de la residencia de Joaquín Romero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores mineros y energéticos de Colombia –Funtraenergética, ocurrido el día martes 17 de junio, cuando tres supuestos “agentes” con carnet del Cuerpo técnico de Investigaciones de la Fiscalía -CTI- entraron al domicilio a las 5:10 de la tarde.
Roberto Ramírez y Félix Herrera, secretario general y tesorero, respéctivamente, de dicha organización sindical mediante comunicado a la opinión pública nacional e internacional denunciaron que desde el estado colombiano se viene acentuando una ola de persecución antisindical que incluye asesinatos, desapariciones, allanamientos y todo tipo de amenazas para desvertebrar la organización obrera..
Los supuestos agentes del CTI irrumpieron en el domicilio del líder sindical en momentos que se hallaba una señora sola, a quienes los “agentes” mostraron una orden de allanamiento, cuya veracidad no se pudo comprobar. De inmediato inmovilizaron a la señora, manteniéndola en la sala, mientras otros requisaban las habitaciones, donde procedieron a tirar libros y ropa al piso, desbaratar camas y llevarse algunas pertenencias familiares, las cuales no se han podido establecer no sólo a causa del desorden que dejaron, sino, además, debido a que no permitieron levantar acta alguna. Eso sí, se pudo constatar que tras el arbitrario operativo desaparecieron $700.000.oo en efectivo del ahorro familiar, denuncian los voceros sindicales.
Señalan que este brutal e ilegal acto hace parte de la campaña de acoso, intimidación y exterminio que se ha desatado contra la dirigencia sindical colombiana y, en particular, contra los líderes de los sindicatos filiales de Funtraenergética en los últimos meses. Cabe recordar que el pasado 23 de abril el compañero Jorge Gamboa, presidente de la USO, fue objeto de un atentado criminal en Santander, el cual alcanzó a malograr oportunamente; por su parte, el compañero Daniel Rico, Vicepresidente de la USO fue alertado de un atentado que se fraguaba para ser ejecutado el 2 de mayo, así se pudo evitar el crimen. Días después, en el puerto petrolero de Barrancabermeja circuló un infamante panfleto anónimo donde se lanzaron señalamientos contra dirigentes de la USO, incluido el tesorero de la organización obrera, compañero Mike Duarte, y Cristo Sánchez, presidente de la Corporación Aury Sará Marrugo. Tal mecanismo lo utiliza el narcofascismo para preparar y “ambientar” sus crímenes.
Curiosamente, esta nueva ola de atentados, infamias, y, ahora, de allanamientos arrecia en momentos que los dirigentes y activistas sindicales de nuestra Federación y sus sindicatos filiales lideran importantes conflictos laborales (como el caso de Drummond y Glencore) y obtienen grandes resultados en la campaña de crecimiento sindical: En un hecho inédito, la semana pasada, la USO logró que la Convención Colectiva cubriera a 2.500 trabajadores de Ecopetrol subcontratados, mientras que Sintramienergética afilió a los obreros subcontratados de Carbograneles en el puerto de Santa Marta. De otra parte, los obreros minero-energéticos y metalúrgicos acabamos de conquistar otra plaza en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT.
Según el comunicado no sobra señalar que en cabeza del compañero JOAQUÍN ROMERO, esta Federación ha interpuesto serias y fundamentadas quejas ante la OIT y, recientemente, ha realizado giras en el exterior denunciando ante el Congreso de los Estados Unidos y otros gobiernos la política de persecución antisindical, exigiendo la no ratificación al TLC y el cese de la ola criminal y la impunidad que reina en nuestro país. Todo ello ha desatado la ira de los sectores de la reacción, quienes incluso presionaron para impedir que se otorgaran visas a España para compañeros que iban a denunciar la difícil situación que padece el movimiento sindical colombiano. En particular, llama la atención que el gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez se ha puesto al frente en la defensa de la empresa Drummond demandada en Alabama, al punto de haberse negado a permitir que el testigo estrella y antiguo jefe de informática del DAS presentara testimonio para aclarar los crímenes de nuestros dirigentes Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler.
Así pues, son varios los elementos que salen de este atropello y, en general, de la ola de amenazas y atentados que se desatan contra nuestra dirigencia; pero quienes los perpetran y promueven deben tener claro que no lograrán aminorar la decisión de trabajo de nuestros compañeros, pues todos y cada uno de los integrantes de Funtraenergética y sus sindicatos filiales seguiremos enarbolando las banderas en defensa del patrimonio y la soberanía nacional, defendiendo con firmeza los derechos inalienables de los trabajadores y de las comunidades de las zonas de explotación minera, energética, química y metalúrgica.
Piden a las organizaciones sindicales hermanas y a los organismos defensores de los Derechos Humanos su solidaridad moral, rechazando estos actos para poner fin a la barbarie que se perpetra en Colombia contra el menguado movimiento sindical; a la Fiscalía General de la Nación que investigue y aclare si agentes de su despacho perpetraron el allanamiento, explique los motivos del mismo y sancione a los responsables del acto arbitrario.
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