Por Iván Cepeda
El proyecto contiene diversas iniciativas en materia de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado. De ellas se destacan dos aspectos novedosos. De ser aprobado, tal y como ha sido concebido, por primera vez un instrumento legal reconocería de manera explícita la existencia de las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia.
Esto representaría un paso significativo hacia la consideración verdaderamente plena del universo de víctimas. Supondría, además, un avance en la elaboración de la verdad histórica completa: el reconocimiento no sólo de la violencia de los grupos armados ilegales, sino de prácticas criminales de naturaleza sistemática que se ejecutan como parte del ejercicio del poder político.
El Gobierno se ha opuesto a tal reconocimiento, pero no ha sido secundado por las bancadas oficialistas en el Senado. Para atenuar esta derrota, el Ministerio del Interior y de Justicia busca introducir modificaciones que diluyan la responsabilidad estatal en materia de reparación, y que la conviertan en un asunto de solidaridad.
El proyecto de ley de reparaciones presenta también una serie de medidas tendientes a favorecer la restitución de tierras usurpadas a los desplazados y desplazadas. Para ese fin se estipula invertir la carga de la prueba a favor de las víctimas, cuando se trate de negocios efectuados en zonas de control paramilitar o de conflicto armado. De esta manera, serán los victimarios y sus testaferros quienes tendrán que demostrar la transparencia de sus negocios. De no hacerlo se cancelarían sus títulos y se restituiría el patrimonio a los despojados.
Para millones de personas desposeídas que enfrentan toda suerte de trámites legales a fin de hacer valer la titularidad de sus tierras, esta medida abriría la vía para garantizar sus derechos. El proyecto dispone que los testaferros de los paramilitares y sus aliados deban afrontar su responsabilidad, y no ser cobijados por el principio de oportunidad, que implica liberarlos de la sanción penal. Asimismo se propone que tierras incautadas al narcotráfico sean utilizadas para reparar a las víctimas de desplazamiento forzado.
El Gobierno ha objetado estas disposiciones con el argumento de una supuesta carencia de recursos fiscales suficientes para cubrir los gastos que implicaría su aplicación. Un argumento tramposo y que tampoco fue respaldado por el oficialismo en el Senado. La restitución de tierras no implica la adquisición de bienes por parte del Estado, y solamente acarrearía gastos administrativos de carácter secundario.
Es muy probable que en el debate que resta en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo intente introducir modificaciones que eliminen o debiliten estos dos avances sustanciales. Esas modificaciones seguramente serán demandadas ante la Corte Constitucional por las asociaciones de víctimas, o serán objeto de acciones de tutela cuando se aplique la norma.
No obstante, el hecho de que comiencen a incluirse temas como éstos en el debate parlamentario es indicativo de que la realidad de la mayoría de las víctimas, aquellas provocadas por la violencia estatal y el desplazamiento forzado, no puede seguir siendo negada. Ese es uno de los resultados del largo proceso de lucha contra la impunidad en Colombia.
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