miércoles, 23 de julio de 2008

Denuncia Pública

La última jugada del régimen, que ya no es una improvisación sino una forma de vida, es hacerse la victima. Primero arremetido contra los dos enviados, de los países mediadores, para silenciar toda la información que ellos poseen del régimen y de la última operación donde se compró la liberación de Ingrid Betancourt. Ahora, acaba de demandar ante los organismos de inteligencia suizo un supuesto plan de atentado, contra la sede de su embajada en Berna o de su misión permanente en Ginebra, acusando de ello, a los refugiados colombianos en Suiza. Así en genérico, a los refugiados colombianos en Suiza.

Resultado, los servicios secretos suizos están "visitando", orden de allanamiento en mano, a todos los refugiados colombianos. Ya van dos casas "visitadas", llegan decentemente a la casa, muestra las ordenes de allanamiento, proceden a llevarse los computadores, toman fotos a las pancartas, miran el tipo de literatura que se consume en casa. Cuando se les indaga sobre el motivo, la afirmación es que el gobierno colombiano tiene miedo de un atentado a sus sedes en Suiza.


Pero las razones, son más inquietantes, los servicios secretos se llevan los computadores personales portátiles, memorias, y los computadores de uso domestico. Fácilmente, el gobierno colombiano, puede acceder a la información de los computadores, pues es contraparte de un proceso judicial.


Esta información personal, como direcciones de familiares en Colombia si el gobierno accede a ella, se pone en peligro la vida de familias enteras de los refugiados colombianos.


Los responsables de esto, serán las autoridades suizas, que aún sabiendo, el nivel de criminalidad del Estado se presta a este juego delictivo que busca, entre otras cosas, presionar a las familias en Colombia, para evitar las denuncias que los refugiados hacen desde los diferentes países en que se encuentran.


Aquí asistimos a un método de bajeza, de lo más vil. Al gobierno colombiano le ha dado mucho éxito, ante la imposibilidad de capturar a opositores políticos o en su defecto a miembros de la insurgencia, el gobierno le dedica mucho esfuerzo, bajo la seducción y compra con dadivas, o la coacción o terror contra las familias de opositores al régimen, para minar la unidad familiar, romper con los lazos de consaguinidad y además presionar a familiares para que se conviertan en canales de traición, delación, deserción y otras practicas.


Con este paso frente al gobierno suizo, el gobierno colombiano, no sólo pretende judicializar al enviado de Suiza, señor Jean-Pierre Gontard, acusándolo de colaborar con las FARC-EP sino también, extender la seguridad democrática al extranjero, declarando una vez más al exilio, objetivo militar. El gobierno se presenta como victima, para lograr invadir la privacidad de los refugiados, intentar un poco de presión a los mismos, que evite las actividades de denuncia que estos hacen ante la comunidad internacional.


El resultado de éste paso será un fracaso más del régimen narcoparamlitar colombiano. Los refugiados han manifestado que no se callarán y que contrario al efecto deseado por el régimen la protestas seguirán con más ahínco.


Pierden su tiempo, los servicios secretos suizo al prestarse a este juego, nada que contengan nuestros computadores es ilegal. Nuestras armas, la palabra, la pancarta, el mitin, la denuncia, el comunicado, el articulo, y sobre todo, seguiremos sirviendo de caja de resonancia de los miles de hombres y mujeres, asociaciones, sindicatos, organizaciones barriales, universitarias, y populares que nos alimentan día a día con la información cotidiana que produce el terrorismo del estado colombiano, y de la resistencia a ese terrorismo, que desde el pueblo se ejerce con dignidad y decoro, muy a pesar de ese reinado del delito, que es el régimen colombiano.


Que el narcorégimen tomen nota. La denuncia al régimen continuará, ya nos privaron de nuestra patria, de nuestros amigos, familiares, compañeros y camaradas y ahora, no nos despojarán de eso que nos mantiene vivos: La denuncia del terrorismo del estado colombiano.


Prometemos seguir denunciando la verdadera esencia del régimen mafioso y narcoparamilitar que reina en Colombia.


Reiteramos nuestro compromiso con la Patria Grande, y con la lucha digna de esos hombres y mujeres que decidieron un día, oponerse a la tiranía de la oligarquía mafiosa y paramilitar.


COLOMBIA

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martes, 22 de julio de 2008

La Nación deberá pagar a víctimas por la masacre en Montes de María


Juzgado de Sincelejo halló como responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional, por la masacre de 28 campesinos a manos de un grupo paramilitar, en zona rural de Ovejas, en el departamento de Sucre. La Nación deberá pagar a cada una de los doce familiares de las víctimas, que demandaron por 300 salarios mínimos mensuales (138 millones 450 mil pesos), por los perjuicios morales y materiales sufridos.

Según el fallo de primera instancia, los organismos de seguridad fallaron por omisión al no prevenir ni repeler la acción de los paramilitares pese a que la zona estaba diagnosticada como vulnerable a un ataque del grupo armado ilegal.

Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2001, cuando trescientos paramilitares comandados por Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena', asesinaron a golpes en la cabeza a 28 campesinos del corregimiento de Chengue e incendiaron sus viviendas.


Rafael Moreno, abogado de las víctimas, en la demanda recuerda que por estos hechos la Procuraduría General de la Nación investigó y sancionó disciplinariamente a varios oficiales de la Armada.


Entre los sancionados por la Procuraduría se encuentra el ex comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, en ese entonces, contraalmirante Rodrigo Quiñones.


Tomado del Espectador


lunes, 21 de julio de 2008

La marchas de la que nadie habla: la de los desplazados


Ellos no tienen Facebook, es más, no tienen un computador, ni facilidades de pagar por, su uso. Tampoco son amigos de directores de medios masivos de comunicación que utilizando su poder, organicen grandes campañas de solidaridad.

A pesar de ser más de tres millones, ninguno tiene contacto con artistas, o músicos que los apoyen, o que canten en sus eventos totalmente gratis. No tienen dinero para mandar hacer camisetas, afiches o cualquier tipo de souvenir. Lo primero para ellos es conseguirse la alimentación diaria.


La prensa no los determina, a menos que sobre ellos se refiera el ministro de Agricultura, y eso, para decir que la tierra que dejaron es de otros. Su opinión no importa.


Las emisoras de radio, aún las más pequeñas, no les interesa el tema. La ciudadanía colombiana otorgada por Uribe a Miguel Bosé les importa más.


Los noticieros de televisión no tienen espacio. La farándula y los deportes son lo principal, sobre todo, cuando se trata de cubrir todo con un manto de impunidad.



2 de la tarde desde el Parque Nacional. Se espera que sean mil, pero la verdad no se sabe, porque todo depende si consiguen plata para coger el bus y venirse hasta el centro a luchar por sus derechos.


No tendrán la gran tarima, ni el mejor sonido en la Plaza de Bolívar, pero aún así están dispuestos a salir, no sólo a marchar, sino a encontrarse en otros espacios donde puedan expresarse, seguir organizándose para continuar exigiendo que el Estado cumpla, con lo que hace 11 años ya, les prometió por medio de la divulgación de la ley 387.



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Espionaje francés, israelí y EE.UU. en rescate de Betancourt

Los servicios secretos de Israel, Estados Unidos y Francia

Madrid, 20 jul (PL) Los servicios secretos de Israel, Estados Unidos y Francia trabajaron con “tiempo, observación, paciencia y dinero” en el rescate de Ingrid Betancourt y otros retenidos por la guerrilla en Colombia, confirmó hoy el periódico La Vanguardia.


El diario barcelonés difunde declaraciones de una fuente que identifica como miembro de la inteligencia israelí (Mosad) acerca de la preparación y desarrollo de esa operación que liberó a la ex candidata presidencial colombiana el pasado 2 de julio.

El informante dijo a La Vanguardia en Tel Aviv que el rescate incluyó a otras 14 personas que estaban en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellas “tres agentes del gobierno estadounidense”.

Asimismo, admitió que una acción de esa envergadura sólo puede llevarse a cabo por gobiernos, pues ningún particular tiene los medios necesarios para realizarla.

Según el diario catalán, la fuente confirmó que en la operación se combinaron los esfuerzos de agentes sobre el terreno con la guerra electrónica y el uso de aviones espía sin piloto y satélites, además de desertores (de las FARC) y “algún que otro soborno”.


viernes, 18 de julio de 2008

Colombia sigue padeciendo un régimen torturador


Informe sobre tortura en 2007
El 90.1 por ciento de los casos documentados fueron cometidos por agentes del Estado y paramilitares
Por Camilo Raigozo.Voz
La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes Itali, dio a conocer a la opinión pública el pasado 3 de julio los resultados del seguimiento que realizó el año pasado sobre la materia.


Según el estudio, la Coalición logró documentar 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, de los cuales, en 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios.


Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento. Mientras tanto, las guerrillas están comprometidas en el 9.8 por ciento de los casos documentados.


Algunos ejemplos


El 26 de marzo de 2007


al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados “Águilas Negras”. Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los ‘paras’. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.

El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez..

El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.

Posteriormente alias “Bombas”, otro militar de la misma operación, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.


Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las damas fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.


Niños y mujeres entre las víctimas


El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín. Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.


El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.


Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer.


Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como “guerrillera dada de baja en combate” y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.


El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.


Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición, los cuales son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, al temor a los victimarios y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos, así como también a la invisibilidad de este crimen a nivel nacional.Cerca del cien por ciento de los casos conocidos están en la impunidad.*Nombres cambiados para proteger los derechos del niño y la mujer.

jueves, 17 de julio de 2008

Llamado a movilizarse y denunciar la grave crisis humanitaria de Colombia

Foto DH
Por Hernán Durango

Bogotá. Voceros de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT- plantearon la necesidad de rescatar la movilización y la denuncia popular para decirle a la opinión pública nacional e internacional la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el país y en especial el movimiento sindical que acaba de perder a uno de sus dirigentes más destacados tras el vil asesinato de Guillermo Rivera Fúquene, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Contraloría Distrital, quien se encontraba desaparecido desde el 22 de abril siendo encontrado su cuerpo sin vida en la ciudad de Ibagué el día martes 15 de julio enterrado como “NN” en un cementerio de la capital del Departamento del Tolima.

Los dirigentes del Comité Ejecutivo de la central obrera CUT, Tarsicio Mora Godoy (Presidente), Alfonso Velásquez (Tesorero), Domingo Tovar (Secretario General), Fabio Arias (Fiscal) y Alberto Vanegas (Responsable de derechos humanos), participaron en una reunión de organizaciones sindicales y políticas en la sede de la central obrera para brindar acompañamiento, respaldo y solidaridad a Sonia Betancourt esposa y a familiares y compañeros de trabajo y militancia del líder sindical asesinado.


Entre la concurrencia se destacaron el concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caycedo Turriago; Mario Upegui, presidente del Movimiento Unión Patriótica, Carlos García Marulanda, portavoz del movimiento de victimas MOVICE y delegados de federaciones, sindicatos y organismos defensores de los derechos humanos.

Debemos movilizarnos y marchar para que Colombia y el mundo se enteren de estos viles asesinatos oficiales y para impedir que queden en la impunidad, fue un clamor generalizado de los asistentes a la reunión en la cual se aprobó una declaración condenado el crimen de Guillermo Rivera t se exaltó su ejemplo como luchador a favor de los trabajadores del distrito capital y forjador del Polo democrático Alternativo –PDA- y el Partido Comunista Colombiano en cuyas filas militó.

Las organizaciones sindicales han convocado a sus afiliados y al pueblo para que acompañen en la velación que se llevará a cabo el día miércoles 16 de julio en la Funeraria Los olivos, Calle 42 con Avenida Caracas. Al día siguiente a las 8 de la mañana será llevado el féretro a las instalaciones del Concejo Distrital, institución donde laboró Rivera como asesor de los concejales de la Unión Patriótica Aída Abella y Mario Upegui. Desde este lugar partirá el desfile hacia la sede de la Contraloría Distrital en la calle 26 y de ahí hacia el Cementerio Final a la 1 de la tarde donde será finalmente enterrado.

Salvajemente torturado antes de ser asesinado

Sonia Betancourt relató que de acuerdo al dictamen de medicina legal su esposo y padre de dos hijas fue salvajemente torturado antes de morir al parecer por asfixia y estrangulamiento. De acuerdo a la versión de especialistas Rivera debió ser asesinado el 23 de abril, su cuerpo fue encontrado el día 24 tirado en un basurero y escombrera y sepultado en una fosa en el cementerio de Ibagué como “NN” el 28. Presentaba moretones en todo el cuerpo, con raspones y heridas que indican que lo amarraron y arrastraron hasta el basurero a escasos metros del cañón de un río. Allí fue visto por unos indigentes quienes dieron aviso a las autoridades.

Causa extrañeza a los familiares que las autoridades investigativas del Tolima no hayan identificado el cadáver el mismo día que lo encontraron si estaba activada comisión de búsqueda en todo el país y la Fiscalía General de la Republica posee un registro diario de los cadáveres que encuentran como “NN”. Desde la fiscalía regional sostienen que nada sabían del caso de la desaparición del sindicalista e incluso, a Sonia Betancourt le tocó declarar para que en esa región iniciaran investigación.


También denunció que en los fiscales le negaron copia de esos documentos.


Es una muestra de la impunidad reinante en las investigaciones de los atentados contra hombres y mujeres que no hacen parte del establecimiento en Colombia.

Sonia Betancourt expresó el descontento con el tratamiento que los medios de comunicación masiva dieron al caso de la desaparición de su esposo. Criticó que durante casi cuatro meses se ocultó el suceso y solo aparecieron para indagar e “informar” cuando fue encontrado muerto Rivera Fúquene.


CUT exigirá explicaciones al gobierno de Uribe

Domingo Tovar, ejecutivo de la CUT, señaló que la dirección de la Central sindical se ha entrevistado con autoridades de la Casa de Nariño para pedir explicaciones sobre este asesinato del líder sindical.

Estamos pendientes de una respuesta oficial, esperamos reunirnos con autoridades y organismos como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para que nos den información. La CUT rechaza en forma contundente este crimen de estado contra los sindicalistas que alarga a 32 la lista de dirigentes del movimiento sindical colombiano asesinados en lo que va del año 2008.

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viernes, 11 de julio de 2008

Secuestro institucional-¿Y el Estado, cuando devolverá a los desaparecidos?

¿Y el Estado, cuando devolverá a los desaparecidos?La Fiscalía ha revelado que investiga la desaparición de 15.645 personas. Varias ONG coinciden en que pueden ser más del doble, de las cuales el 97 por ciento son atribuidas a agentes estatales y paramilitares y el 3 por ciento a las guerrillas
Por Camilo Raigozo. Voz

La desaparición forzada no es otra cosa que un secuestro prolongado, con el agravante de que las víctimas pierden todo rastro, toda huella, todo vestigio.

Son crímenes perfectos, silenciosos, en los que los familiares y los testigos evitan hablar, denunciar, ya sea porque no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen algún día o porque las amenazas de los mismos victimarios se lo impiden.

De esa forma, miles de Ingrid Betancourt han sido secuestrados por agentes del Estado y paramilitares, sin que hasta el momento se tenga el más mínimo indicio de ellas y ellos.
Sus familias nunca han recibido prueba alguna de supervivencia. No saben si están vivos o muertos.

Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Internacional de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se presentaron 1.259 denuncias de desaparición forzada.

Sin embargo el investigador, periodista y escritor colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, ‘El terrorismo de Estado en Colombia’, de que son 10.586 personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.

Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asfaddes, registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional.

Para el coronel César Augusto Pinzón Arana, jefe de la Dijin, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los restos de las víctimas de los paramilitares.

Doble pena
A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no le es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos.

Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quisieron ver ni reconocer este delito, durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen que se instaló hace ya casi 200 años y que está ahora en manos del narcoparamilitarismo, aún más sanguinario.

Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes.

Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos. Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que “ha sido muy incipiente”.

La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del ejército.

Más de un desaparecido cada día en Bogotá
Por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada.
Lee señaló que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".

En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.

En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de 1.196 personas secuestradas y asesinadas.

Una ínfima parte han podido ser identificadas. La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.

Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convocará marcha alguna para pedir su liberación. Ni los jerarcas de la iglesia rezarán por ellos.
Ni las fuerzas militares ‘jaquearán’ al gobierno para liberarlos, y mucho menos los todopoderosos medios de “comunicación”, con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares.

Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible, inmoral e hipócrita.