viernes, 11 de julio de 2008

Secuestro institucional-¿Y el Estado, cuando devolverá a los desaparecidos?

¿Y el Estado, cuando devolverá a los desaparecidos?La Fiscalía ha revelado que investiga la desaparición de 15.645 personas. Varias ONG coinciden en que pueden ser más del doble, de las cuales el 97 por ciento son atribuidas a agentes estatales y paramilitares y el 3 por ciento a las guerrillas
Por Camilo Raigozo. Voz

La desaparición forzada no es otra cosa que un secuestro prolongado, con el agravante de que las víctimas pierden todo rastro, toda huella, todo vestigio.

Son crímenes perfectos, silenciosos, en los que los familiares y los testigos evitan hablar, denunciar, ya sea porque no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen algún día o porque las amenazas de los mismos victimarios se lo impiden.

De esa forma, miles de Ingrid Betancourt han sido secuestrados por agentes del Estado y paramilitares, sin que hasta el momento se tenga el más mínimo indicio de ellas y ellos.
Sus familias nunca han recibido prueba alguna de supervivencia. No saben si están vivos o muertos.

Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Internacional de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se presentaron 1.259 denuncias de desaparición forzada.

Sin embargo el investigador, periodista y escritor colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, ‘El terrorismo de Estado en Colombia’, de que son 10.586 personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.

Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asfaddes, registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional.

Para el coronel César Augusto Pinzón Arana, jefe de la Dijin, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los restos de las víctimas de los paramilitares.

Doble pena
A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no le es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos.

Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quisieron ver ni reconocer este delito, durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen que se instaló hace ya casi 200 años y que está ahora en manos del narcoparamilitarismo, aún más sanguinario.

Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes.

Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos. Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que “ha sido muy incipiente”.

La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del ejército.

Más de un desaparecido cada día en Bogotá
Por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada.
Lee señaló que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".

En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.

En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de 1.196 personas secuestradas y asesinadas.

Una ínfima parte han podido ser identificadas. La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.

Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convocará marcha alguna para pedir su liberación. Ni los jerarcas de la iglesia rezarán por ellos.
Ni las fuerzas militares ‘jaquearán’ al gobierno para liberarlos, y mucho menos los todopoderosos medios de “comunicación”, con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares.

Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible, inmoral e hipócrita.

miércoles, 9 de julio de 2008

Colombia: liberación de personas en poder de las FARC

¿El CICR participó en la reciente liberación de cuatro civiles y once efectivos del Ejército y la Policía? ¿Participa en casos de liberación de rehenes? ¿Cómo lo hace? ¿Participa en operaciones militares?

La jefa de operaciones del CICR para América Latina y el Caribe, Maria Dos Anjos Gussing, responde a estas preguntas.


Maria dos Anjos Gussing Maria dos Anjos Gussing ¿El CICR participó en la liberación del grupo de cuatro civiles y once efectivos del Ejército y la policía?


No, el CICR no participó en este operativo y no sabía que se iba a realizar.


¿El CICR participa en casos de liberación de rehenes? ¿Cómo lo hace?


En primer lugar, siempre nos aseguramos de que ambas partes acepten nuestro papel como intermediario humanitario neutral. En segundo lugar, obtenemos garantías de seguridad de ambas partes para realizar la operación. En tercer lugar, ésta debe poder realizarse según nuestros procedimientos, incluida la señalización de los aviones o los vehículos con los emblemas de la Cruz Roja. Además, en cada avión o vehículo debe haber delegados del CICR que deberán asumir las decisiones que sea necesario tomar durante la operación. Trabajar de esta manera nos ha permitido facilitar la liberación de docenas de rehenes y personas privadas de libertad en Colombia en los últimos años.


¿El CICR participa en operaciones militares?
No, el CICR no participa en ninguna operación militar de las partes en conflicto, porque ello atentaría contra nuestra neutralidad e independencia. Pero no se trata sólo de nosotros. Concretamente, esto tiene consecuencias directas en nuestra capacidad de aliviar el sufrimiento de los cientos de miles de personas a las que actualmente estamos prestando asistencia en Colombia.


¿Qué puede decirnos de las personas que siguen estando como rehenes y de las que están privadas de libertad?

Esperamos que pronto puedan volver a su casa, con sus familiares. Siempre que las partes estén de acuerdo, como ocurrió en la liberación de rehenes de enero y febrero de 2008, estamos dispuestos a cumplir nuestro papel de intermediario neutral y facilitar las liberaciones.


Asesinados dos indígenas en Saravena, Arauca


Por Camilo Raigozo
La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, denunció que el 5 de julio de 2008, a las 3:30 p.m. arribaron al caserío de Caño Seco, municipio de Saravena, Arauca, siete personas de civil quienes llevaban consigo armas largas escondidas en costales.


Cuando pasaron por la parte occidental del caserío, le dispararon a una persona de civil que transitaba por el lugar. Después ingresaron al caserío e hicieron apagar la música de los establecimientos comerciales y requisaron a los presentes.
Como a los 10 minutos llegó un convoy del ejército nacional acantonado en la base militar del municipio de Fortul, adscrito al batallón Revéiz Pizarro con sede en Saravena.
Las siete personas de civil y armadas, quienes acaban de disparale a un hombre abandonaron el caserío en el mismo convoy del ejército.


El 7 de julio pasado, alrededor de las siete de la noche en las inmediaciones de la vereda Playas de Bojaba, municipio de Saravena, fueron asesinados los indígenas Rafael Segundo Tamaran Cobaria y su esposa Maribel Sepúlveda Bokota, de 18 y 17 años respectivamente. La joven tenía siete meses de embarazo.


“Alertamos a las comunidades y pobladores para que denuncien estos hechos de manera oportuna y le cerremos el paso a posibles acciones encubiertas de la fuerza pública a nombre de supuestos paramilitares”, dice el comunicado de Alerta Temprana emitido por la organización defensora de los derechos humanos.


Hurtos y amenazas en contra de Cahucopana

Cahucopana
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante la opinión pública, las autoridades civiles, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ante las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y en particular ante la comisionada de derechos humanos de la Presidencia de la Republica para el municipio de Remedios (Antioquia) y el sur de Bolívar, Doctora Delsy Ruiz, los siguientes hechos atentatorios contra la vida y la integridad de nuestros lideres campesinos, dirigentes de nuestra corporación y la comunidad campesina del Nordeste Antioqueño en general.


El pasado lunes 30 de junio arribó a la vivienda de la señora Fanny del Socorro García Tapias, presidente de Cahucopana, un hombre vestido de civil quien según la información que tenemos pertenece al Ejército Nacional, preguntando dónde estaban los defensores de derechos humanos, al igual que el ejército. Entendemos que son medidas intimidatorias por parte de la fuerza pública contra las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y en contra del campesinado.

Posteriormente, el sábado 5 de julio, un campesino de la vereda Puerto Nuevo Ité, de nombre Joaquín, aserrador de oficio, fue interceptado a 15 minutos de su vivienda por tropas del batallón Calibío que patrullaban en compañía de un sujeto conocido por la comunidad como reinsertado. Los soldados procedieron a quitarle a don Joaquín su documentación personal, la cual no le fue devuelta.

Ese mismo 5 de julio, en la vereda Dosquebradas de nuevo fue intimidada la presidente de Cahucopana, al ser violentada su casa y sustraída la suma de 1.200.000 pesos del presupuesto del proyecto de formación de derechos humanos financiando por Misereor entidad Alemana que promueve proyectos de desarrollo comunitario para América Latina.


El hurto se presentó en momentos en que el Ejército Nacional, supuesto garante de la seguridad, patrullaba cerca de la vivienda de nuestra compañera.


Estos hechos hacen parte del hostigamiento y persecución en contra del trabajo en defensa de los derechos humanos que realizan los miembros de Cahucopana, ya que el pasado 20 de junio también fue violentada la vivienda del directivo de nuestra corporación Carlos Arturo Morales y hurtadas sus pertenecías. Los hechos sucedieron en la vereda Dosquebradas, del municipio de Remedios. Los responsables del hurto fueron miembros del batallón Calibío de la 14a. brigada, del Ejercito Nacional, hecho lamentable que fue denunciado oportunamente.


De otra parte, el señor Jesús Maria Piñeres, quien reside actualmente en el sector urbano del municipio de Yondó (Antioquia) antiguo habitante de la vereda Puerto Nuevo Ité que se “desmovilizó” sin haber pertenecido a ningún grupo armado y fue conocido por toda la comunidad como un campesino de la región, anda vinculado a la fuerza pública en calidad de informante, realizando señalamientos y acusaciones en contra de los campesinos, amenazándolos injustificadamente con la amenaza de enviar a los paramilitares de las “Águilas Negras” para asesinarlos.



Cahucopana rechaza rotundamente estos hechos en contra de la comunidad campesina, y repudia la persecución de la cual estamos siendo objeto. Exigimos al Estado colombiano que brinde las garantías necesarias a la labor que realizan los defensores de derechos humanos, y que estos hechos de hurtos y amenazas sean investigados y sancionados por las autoridades correspondientes.


Solicitamos a la comunidad internacional el acompañamiento y seguimiento a la situación de crisis humanitaria que atraviesan las comunidades de la región del Nordeste Antioqueño.


Batallón Calibío asesina a otro campesino


Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
El martes 8 de julio de 2008
, en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción de Yondó (Antioquia), el batallón Calibío del Ejército Nacional, al mando del teniente Flórez, asesinó al campesino Aicardo Antonio Ortiz, portador de la cédula de ciudadanía No. 8.036.202, afiliado a la junta de acción comunal de la vereda de Puerto Matilde y al comité de la tercera edad organizado por la Dirección Local de Salud del Municipio de Yondó. A las 5:30 am, el ejército llegó a la casa de Aicardo. Tocaron la puerta. Como él no abrió rápido, el ejército la abrió a la fuerza, disparando y dando muerte al campesino. Luego lo arrastraron por la escalera de su casa y lo tiraron por el frente de la vivienda. La casa de Aicardo se encuentra a pocos metros de su vecino, están separadas por un corral. Otro vecino vive a unos 30 metros.


Un campesino vio el cuerpo tirado. Rápidamente se fue hacia el caserío para dar aviso a la comunidad. Los campesinos organizaron una comisión decidiendo ir a donde sucedieron los hechos. Fueron unas 50 personas, entre niños, mujeres y hombres. El ejército no los dejó llegar al lugar. Sólo pudieron acercarse a unos 100 metros. El vicepresidente de la junta de Puerto Matilde exigió al ejército que les entregaran el cuerpo, a lo que se negaron. Le preguntaron al teniente Flórez el motivo para haber asesinado a Aicardo, a lo que responde el teniente Flórez que si seguían calumniando al ejército los iba a denunciar, aunque el mismo teniente le aseguró al vicepresidente de la JAC y al resto de la comunidad que le acompañaba que quien disparó había sido el soldado que llevaba la metralleta. Aicardo recibió tres tiros mortales.


Todos los campesinos conocíamos a Aicardo. Era un hombre trabajador. Todos sabíamos que él no se relacionaba con los grupos armados. Sólo compartía su vida con su tierrita y sus vecinos.
El teniente Flórez insistió en que allí hubo un combate, pero los vecinos de Aicardo saben que es una grandísima mentira. Ellos se hubieran dado cuenta. Viven demasiado cerca como para no darse cuenta. Pero el teniente Flórez dice que él está en ese sitio porque venía a verificar lo que le dijeron los cuatro informantes que tiene el ejército en su base militar en el casco urbano de la vereda San Francisco: que en la vivienda de Aicardo estaban durmiendo tres guerrilleros.


Para probar los hechos, el teniente Flórez se inventa la siguiente historia, cosa muy común y reacción reiteradamente conocida del batallón Calibío: los “falsos positivos”. “Los soldados llegan a la casa como a las 5:30 am. Tocan la puerta. El bandido abre. Como vio que era el ejército, cierra la puerta. Entonces nosotros procedimos a abrirla. Él le dispara a un soldado. Por eso los soldados reaccionan y disparan dándole muerte. Él portaba un radio de comunicación, una granada y un revólver”.


Esperamos que en esta oportunidad sí se investigue, pues es claro que el campesino fue asesinado a mansalva, que no existió ningún combate, que no existían los tres guerrilleros que dijeron los informantes del Ejército Nacional. Y, sobre todo, que el batallón Calibío no emprenda acciones contra la población de Puerto Matilde y menos que se vaya a inventar otro combate para asesinar o silenciar a los testigos.


Exigimos mano dura para los asesinos del batallón Calibío y para que se revise la política de contratar informantes mentirosos que cobran según el número de muertes que logran con sus informes. No más falsos positivos.



Militares y funcionarios involucrados en muerte de Mauricio Vives


Nueve militares, una juez y un investigador del CTI serán investigados por el asesinato de un secuestrado, que fue presentado como guerrillero abatido en combate... La Procuraduría considera que hay indicios de que los militares participaron en el crimen y los funcionarios judiciales trataron de encubrirlos.



La Procuraduría ordenó investigar penal y disciplinariamente a los militares que participaron en el operativo que terminó con la muerte de Mauricio Vives Lacouture, también a una Juez Penal Militar y a un investigador del CTI, unos por el posible asesinato y otros por ayudar a encubrirlo.



En la providencia conocida por Noticias Uno, la Dirección de investigaciones especiales determinó que las versiones de que Vives murió durante un combate con el ELN rendidas por el mayor, el capitán, el sargento y los seis soldados del batallón de alta montaña la Segunda Brigada del Ejército implicados, se contradicen con la necropsia practicada por orden de la Procuraduría.



“Laceración del hemisferio derecho del cerebro producida por paso de proyectil de arma de fuego de baja velocidad".



Según la autopsia murió por disparo a corta distancia. Además los investigadores descubrieron que la Juez Penal Militar, Melisa Urbina Contreras, quiso favorecer en el proceso a los nueve oficiales y suboficiales.



“Permitió la alteración de la realidad que fue llevada a losa procesos penales y disciplinarios”
Según la Procuraduría, un agente del CTI de la Fiscalía también se presto al encubrimiento de los hechos, dejando que los militares implicados tomaran las fotografías destinadas a la investigacion.
"Presentó experticia fotográfica con numero 109, en el cual omite dejar constancia en sus imágenes uno al 14 que no fueron captadas directamente por él". Copias de la decisión fue enviada a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones del caso.




martes, 8 de julio de 2008

DENUNCIA PÚBLICA

Manizales, Julio 5 de 2008
EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CALDAS, denuncia, ante la opinión pública, las autoridades civiles y de Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ante las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos el siguiente hecho atentatorio contra la vida de un Defensor de Derechos Humanos.

HECHOS:

El día 5 de Julio de 2008 a las 7 de la mañana en el barrio Los Alcázares de Manizales, fue acribillado por 4 sujetos que se movilizaban en 2 motos, el miembro de los Comités Permanente de Derechos Humanos de Chinchiná y departamental: JHON FREDY CORREA FALLA, quien tenía medidas de protección y había sido victima de amenazas desde hace algún tiempo, al igual que su familia, por las organizaciones paramilitares que aún hacen presencia en los municipios de Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira, en donde el suscrito tenía una propiedad rural. Aquellos habían ofrecido dinero por su vida, lo que él había denunciada ante la Fiscalía local.

EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CALDAS, al repudiar este hecho flagrante contra el derecho a la vida, hace un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, para hacer un solo frente, no solo para denunciar este crimen, sino para iniciar una gran cruzada que obligue al gobierno nacional a que cumpla con la protección de la vida y la seguridad de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Como lo manda nuestra constitución y lo ha firmado en varios tratados internacionales.

EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CALDAS, quiere hacer llegar a la familia de JHON FREDY CORREA FALLA nuestro sincero saludo de solidaridad por este hecho, que a la vez enluta nuestra organización humanitaria y hace votos para que este suceso no se quede en la impunidad como ya es proverbial en nuestra martirizada patria.

EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CALDAS

OCTAVIO DE JESÚS RÍOS JAVIER ARENAS TORO
Director Secretario Ejecutivo

C.C. Comité Nacional Permanente Derechos Humanos
C.C. Defensoría del Pueblo
C.C. Fiscalía
C.C. Alta Comisionada Naciones Unidas
C.C. Autoridades Civiles y de Policía
C.C. Medio de Comunicación