Los rostros de la desaparición forzada
Por: María Camila Peña
Desde la década del 70 comenzaron a hacerse visibles los rostros de las víctimas en Bogotá.
Cientos de víctimas de la desaparición forzada inundan día a día las calles capitalinas en búsqueda de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. En medio del ajetreo de la metrópoli esperan que las autoridades descifren por qué sus familiares fueron saqueados de sus vidas y en algunos casos asesinados. Este es el caso de Gloria Gómez, quien desde hace 26 años, cuando su hermano Leonardo Gómez desapareció junto con otros 14 estudiantes de las universidades Nacional y Distrital, lucha en contra de este flagelo.
Según la Oficina de Desaparecidos del CTI, seccional Bogotá, en lo corrido de este año se han registrado 109 mujeres desaparecidas, 86 hombres y 79 menores de edad. De estas víctimas 74 han aparecido vivas y seis muertas . En lo referente al año pasado, la cifra fue de 512, de las cuales 322 aparecieron vivas, 12 muertas y 178 siguen en investigación.
“La desaparición es un problema que va de escándalo en escándalo y todo el mundo olvida, salvo las víctimas”, dice Eduardo Realpe, director nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo..
Según Realpe este tipo de flagelo es mucho más silencioso en las ciudades que en los municipios. “Acá a la gente le da miedo denunciar. Solamente uno de 300 casos llegan a la comisión de búsqueda de la Defensoría, los demás se quedan en el olvido. Si esto sucede en una ciudad como Bogotá que tiene Fiscalía y Procuraduría, ¿qué se puede esperar del resto del país? ”.
En Colombia los sectores más afectados por este flagelo son: Guaviare, Casanare, Magdalena y Putumayo. Aunque Bogotá no es una de las zonas con más número de casos, la desaparición urbana se ha vuelto una realidad, sobre todo en las zonas de asentamiento como Ciudad Bolívar, Soacha, Kennedy y Suba. “Los colombianos vivimos sobre una gran fosa común”, expresa Realpe..
Desaparición sindical
La Secretaría de Gobierno de Bogotá cuenta con una mesa de víctimas. “En este espacio se da la construcción de propuestas que van más allá de lo judicial. Trabajamos de una forma coordinada con las demás autoridades para exigir el ejercicio de mecanismos en torno a esta problemática”, explica Franc Barbosa, director del Programa de Derechos Humanos de esta Secretaría.
Según el Distrito, el último caso conocido de desaparición fue el del sindicalista Guillermo Rivera Fúquene. El martes 22 de abril, este hombre de 52 años salió a las 6:15 a.m. de su apartamento para dejar a su hija Gabriela en el bus del colegio.
Después, como lo hacía todos los días, se fue a trotar al parque del barrio El Tunal con un buso rojo que tenía bordada la inscripción “Golf Competition”, una sudadera azul y unos tenis grises. Cuando ya estaba a sólo una cuadra de llegar al gimnasio, un policía corpulento lo detuvo. El sindicalista preguntó asustado: “Qué pasa, si yo vengo de dejar a mi niña en la ruta”. “¿Cuál ruta, cuál ruta?”, gritó el policía, sin darle tiempo de responder. Lo esposó y lo subió bruscamente a una patrulla. Desde ese día no se sabe nada de él. Fúquene es economista de la Universidad Autónoma de Colombia. Desde muy joven se vinculó a la lucha estudiantil, popular y política en defensa de los derechos de los empleados, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo.
Lleva más de 20 años vinculado al Partido Comunista. Desde donde ayudó fuertemente a la construcción del Polo Democrático Alternativo (PDA). Fue uno de los activistas más destacados en contra del referendo que propuso Uribe al comienzo de su primer mandato.
Está afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Contraloría de Bogotá (Sintracontrol) y es presidente del Sindicato de Servicios Públicos de la capital (Sinserpub). Se desempeña como profesional especializado en la Contraloría de Bogotá.
“Que nos lo devuelvan vivo, porque vivo se lo llevaron”, dijo a El Espectador el pasado 15 de mayo Sonia Betancour, esposa del sindicalista.
Para Realpe este es uno de los casos emblemáticos, que está poniendo a prueba la eficacia del mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas en Bogotá.
El caso 82
Desde la década del 70 comenzaron a hacerse visibles los rostros de personas desaparecidas en las calles bogotanas, la mayoría opositores estudiantiles y militantes de izquierda. “Bogotá es la primera ciudad en donde se copian las prácticas restrictivas del gobierno de los nazis”, dice Gloria Gómez, coordinadora general de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
Para la década del 80 se comenzaron a agudizar las desapariciones de estudiantes y en el mes de marzo de 1982 fueron plagiados 13 estudiantes de las Universidades Nacional y Distrital, todos militantes políticos. Ante la impunidad de los hechos, los familiares de los desaparecidos, entre ellos, los hermanos Arévalo, Edilbrando Joya Gómez, Rodolfo Espitia, Fernando Ospina, Pedro Pablo Silva, Rafael Prado y Antonio Medina se unieron para hacer respetar sus derechos. Un año después, el 4 de marzo de 1983, salieron a las calles para exigir juicio y castigo a los culpables.
Motivados por el dolor imitaron las manifestaciones de las madres argentinas de La Plaza de Mayo, compusieron sus consignas por la vida y con paso firme dieron inicio a las conocidas marchas de los claveles blancos. “En esa época la gente nos abucheaba en la calle y hasta nos tiraban cosas a la cara para que nos calláramos. Además fuimos hostigados por las autoridades”, cuenta Gómez.
El saldo de esta lucha pacífica fue la desaparición de Leonardo Gómez. “Mi hermano fue la primera víctima de los desaparecidos. Con su caso se demuestra cómo este flagelo es utilizado como mecanismo para el terror”.
Según Gloria Gómez, de los 500 casos que la asociación maneja en todo el país, los de Bogotá son los más complejos. “En la capital hay más silencio e impunidad que en otras zonas de Colombia, porque la problemática se atomiza con toda la complejidad de la ciudad”.
Por Camilo Raigozo
