Las diferentes organizaciones y personas que actuamos al interior del movimiento por la Paz y los Derechos Humanos valoramos y reconocemos la labor realizada por el periodista CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN, quien en su condición de Director del Semanario Voz y de dirigente político de procesos alternativos ha trabajado por encontrar salidas distintas a la guerra, por la búsqueda de la paz y la defensa de los Derechos Humanos; actuaciones que en la mayoría de los casos han sido autorizadas por varios Gobiernos como facilitador de paz y miembro de la comisión de notables.
Como defensor de Derechos Humanos ha participado en diferentes escenarios del orden Nacional e Internacional en favor de la Solución Política al Conflicto Social y Armado en procura de la Paz con Justicia Social, de la concreción del Acuerdo Humanitario que posibilite la libertad de las personas retenidas por efectos de la confrontación armada y de la defensa, promoción, protección y exibilidad de los Derechos Humanos como marco de referencia que posibilite la construcción de una sociedad en bienestar y progreso como dignificacion de la condición humana.
En desarrollo de las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalia General de la Nación, se ha vinculado a diferentes personalidades de la vida política y de procesos sociales por supuestos vínculos con la insurgencia; estas han venido trabajando en favor de la Paz y los Acuerdos Humanitarios, entre ellos el escritor y periodista CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN. Los organismos de inteligencia e investigación han utilizando como prueba supuestos computadores portátiles, hallados de manera irregular, configurándose en el transcurso de la investigación la violación de los principios del debido proceso y legalidad, pues muchas de esas “pruebas” se dieron con base a la agresión territorial, violación de la soberanía de la hermana Republica del Ecuador y vulneración de la cadena de custodia a tal punto que nos encontramos frente a una especia de “caja mágica” que ha servido a los intereses de la POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA para judicializar a Defensores de Derechos Humanos y trabajadores por la Paz .
Por tal razón solicitamos respeto al debido proceso, a las garantías procesales y a una investigación justa e imparcial por parte de la Fiscalia General de la Nación y de igual manera demandamos del Gobierno Nacional el cese de los montajes judiciales y el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la actividad que desarrollamos los Defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Por lo anteriormente expuesto, nos suscribimos:
Como defensor de Derechos Humanos ha participado en diferentes escenarios del orden Nacional e Internacional en favor de la Solución Política al Conflicto Social y Armado en procura de la Paz con Justicia Social, de la concreción del Acuerdo Humanitario que posibilite la libertad de las personas retenidas por efectos de la confrontación armada y de la defensa, promoción, protección y exibilidad de los Derechos Humanos como marco de referencia que posibilite la construcción de una sociedad en bienestar y progreso como dignificacion de la condición humana.
En desarrollo de las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalia General de la Nación, se ha vinculado a diferentes personalidades de la vida política y de procesos sociales por supuestos vínculos con la insurgencia; estas han venido trabajando en favor de la Paz y los Acuerdos Humanitarios, entre ellos el escritor y periodista CARLOS ARTURO LOZANO GUILLEN. Los organismos de inteligencia e investigación han utilizando como prueba supuestos computadores portátiles, hallados de manera irregular, configurándose en el transcurso de la investigación la violación de los principios del debido proceso y legalidad, pues muchas de esas “pruebas” se dieron con base a la agresión territorial, violación de la soberanía de la hermana Republica del Ecuador y vulneración de la cadena de custodia a tal punto que nos encontramos frente a una especia de “caja mágica” que ha servido a los intereses de la POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA para judicializar a Defensores de Derechos Humanos y trabajadores por la Paz .
Por tal razón solicitamos respeto al debido proceso, a las garantías procesales y a una investigación justa e imparcial por parte de la Fiscalia General de la Nación y de igual manera demandamos del Gobierno Nacional el cese de los montajes judiciales y el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la actividad que desarrollamos los Defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Por lo anteriormente expuesto, nos suscribimos:
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