Asesinado otro dirigente sindical en Colombia: Alexander Blanco

Por: Patricia Rivas

Van 41 sindicalistas asesinados en 2008

El dirigente sindical Alexander Blanco Rodríguez fue asesinado el martes 26 de agosto en el municipio de Cantagallo aproximadamente a las diez de la noche por sicarios, quienes se acercaron al equipo donde estaba entregando su turno de trabajo y le dispararon frente a sus compañeros.

Alexander Blanco era miembro activo de las organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolivar), que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de ECOPETROL quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros, San Antonio Internacional.

La Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han denunciado en sendos comunicados "la vulnerabilidad en la que se encuentran laborando en el territorio nacional en todas las actividades de la industria petrolera, frente a la instauración como política de Estado de la contratación de reinsertados de los grupos paramilitares".

"Las estadísticas muestran más de 3000 muertos de reinsertados de estos grupos, lo que manifiestamente señala que continúan siendo parte del conflicto. Toda esta situación genera dudas e incertidumbre por la seguridad, la vida e integridad de los trabajadores y las organizaciones sociales que los representan".

La CUT exige al Estado colombiano que se responsabilice para que este crimen no quede en la impunidad, y afirma que solamente este año ya han sido asesinados en Colombia 41 dirigentes y afiliados a la central sindical.

Javier Orozco, sindicalista de la CUT refugiado en España que recientemente hizo parte de la IV Visita de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de Derechos Humanos en Colombia, denunció recientemente ante los micrófonos de YVKE, que la impunidad en los asesinatos de sindicalistas alcanza un 97% de los casos.

Orozco denunció que más de 560 sindicalistas han sido asesinados bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, quien acaba de regresar de Washington, donde ha estado tratando de convencer a los congresistas estadounidenses de que la situación de los derechos humanos y las libertades sindicales están mejorando en Colombia, para que den luz verde al TLC con Estados Unidos.

La CUT hace un llamado "a la opinión pública nacional e internacional y a todas las organizaciones democráticas a rodear al movimiento sindical colombiano en la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las victimas del terrorismo de Estado".

Colombia fue señalada en la última reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo como el país más peligroso para los sindicalistas, un triste récord que mantiene por 6 años consecutivos.

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Desaparecido, torturado y asesinado hijo de líder campesino del Sumapaz

El jueves 31 de julio de 2008, a las diez de la mañana, salió de su casa ubicada en el barrio Las Margaritas de la localidad de Kennedy en Bogotá, Milton Javier Mora Wilches, de 31 años de edad, soltero e hijo del compañero Isidro Mora Dimaté, quien informó a su hermana que volvería más tarde a la hora del almuerzo, porque se pasaría por la Alcaldía Local de Sumapaz, que queda en la calle 35 Sur No. 70B-25 en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, para averiguar sobre unos papeles que él había pasado para un cargo de temporeros que tienen la Alcaldía para trabajar en España.

Milton fue visto hacia las once de la mañana por varias personas cuando se encontraba cerca a la Alcaldía Local de Sumapaz. Hasta ahí se conoció del paradero de Milton Javier. Su familia al principio no se preocupó mucho, pues él solía ausentarse a veces por varios días de la casa y de pronto llamaba y comunicaba que estaba bien. Al pasar unos cinco días sin que se conociera de su paradero, su familia al ver que no se reportaba empezó a buscarlo con los amigos y familiares, y ninguno de ellos sabia del paradero de Milton, por lo que se procedió a colocar la denuncia de su desaparición el viernes 15 de agosto de 2008, ante el CTI de Cundinamarca, donde inmediatamente le informaron a sus familiares que habían encontrado un cuerpo tirado en el río Magdalena, cerca a la población de Nariño, municipio de Girardot (Cundinamarca), el martes 5 de agosto de 2008, con las mismas características que ellos señalaban. Cuando el CTI les mostró las fotos pudieron identificar que se trataba de Milton Javier Mora Wilches.

La localidad 20 de Sumapaz, en los últimos tres años, ha sido objeto de la implementación de la política de “seguridad democrática”, con más de cinco compañías del Ejército Nacional de alta montaña, ubicados en diferentes sitios de la localidad. Pero a pesar de la supuesta seguridad, se han cometido más de siete asesinatos en esta localidad, y el 80% corresponde a crímenes de estado.

Isidro Mora y su familia son personas reconocidas en todo el Sumapaz, y las comunidades pueden dar testimonios de que son personas trabajadoras y honestas, que han dedicado su vida al servicio social de la región y no unos delincuentes para que lo estén hostigando, persiguiendo, espiando o vigilando.

Antecedentes
En diciembre de 1992, a las 5:30 am fue allanada la casa del compañero Isidro Mora Dimaté, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.204.911 de Bogotá, ubicada en la vereda Taque Grande, corregimiento de Nazaret, localidad 20 de Sumapaz.

El Ejército Nacional llegó a la residencia del campesino, violentando las puertas de la casa, y con palabras soeces como: “parecen cabrones guerrilleros” fue sacado de su casa descalzo, junto con su esposa María Edilma Wilchez Muñoz y sus hijos, todos menores de edad, y otro joven. Luego fueron conducidos por el ejército fuera de su finca, como a 20 minutos con el joven ahijado de Isidro.

Después de 20 minutos los separaron, y a Isidro lo torturaron colgándolo a un árbol de los pies y manos por mas de dos horas, chuzándole con el fusil la cabeza y el pecho y diciéndole: “Este guerrillero está bueno para pegarle un tiro”.

Posteriormente lo bajaron y dos soldados lo cogieron de las partes genitales y lo levantaban hacia arriba insultándolo, luego lo tiraron al piso bocarriba y le echaron agua con bastante sal en la boca, lo tapaban con una toalla para ahogarlo, mientras que otros soldados lo sostenían de las manos y de los pies. Isidro forcejeó con los soldados y logró soltarse para poder respirar.

Cuando vieron que esto no surtía efecto, lo volvieron a coger de sus partes genitales, le introdujeron palos por la uretra, y le decían “Este guerrillero es de los buenos, porque no dice nada”. Isidro les decía: “No soy ningún guerrillero, y vivo de mi trabajo”. Le hicieron quitar la ropa y un soldado se ubicó como a unos 15 metros, le apuntaban con el fusil que lo iban a matar, empezaron a contar: “Uno... ¿y no dice nada?” y así contaron hasta tres.

Se burlaban, dijeron que había que colocarle una granada para que lo matara, le hicieron poner la ropa, lo hicieron sentarse en el piso, le colocaron un granada y un radio en medio de las piernas, y le decían: “¿qué cosa le gusta más, si música o qué?” y luego empezaron a contar por segundos y minutos hasta llegar a tres.

Estas torturas se dieron desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde, cuando llegó un capitán y dijo: “Camine hablamos que lo voy a investigar”. Luego lo pusieron en libertad, le dieron 20 mil pesos y le dijeron que no fuera a denunciar a ninguna autoridad.

El compañero Isidro, al tercer día de los hechos, hizo la denuncia en diferentes organizaciones sociales y entidades del estado, pero hasta la fecha esos hechos crueles e inhumanos continúan en la total impunidad.

En 2003, el ejército volvió a la vereda Las Ánimas, cerca a donde Isidro tiene su finca. Han vuelto a hacer averiguaciones a varios campesinos de la zona por Isidro: que él qué hace, que dónde vive, sin que se conozca para qué lo requieren.

El 14 de julio de 2008, un soldado se encontró a un campesino de la vereda Las Ánimas del corregimiento de Nazaret, localidad 20 de Sumapaz, y le enseñó una lista que contenía más de ocho nombres de campesinos de las veredas Las Ánimas y Sopas, entre ellos el de Isidro Mora, afiliado al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz) y el del campesino Fidel Ignacio Pérez, a quien le pregunto si los conocían. El campesino respondió que eran hombres trabajadores conocidos en las veredas.

El 17 de julio de 2008, los compañeros Isidro Mora y Fidel Pérez fueron al sitio donde estaban acantonados los militares en la finca de Herederos Simbaqueba, en la vereda Las Ánimas, y hablaron con el comandante. Le dijeron: “Hemos tenido conocimiento que estamos en unas listas de nombres de campesinos que tienen ustedes, le reconfirmamos que somos moradores de esta vereda y los campesinos pueden dar fe quiénes somos nosotros, pues somos nacidos y criados en esta vereda y a nadie le hacemos daño”. El comandante contestó que él no sabía de ninguna lista, y que, además, el no tenía orden de coger preso a nadie, que eso lo hacían las instituciones como el CTI. Los campesinos le reiteraron al comandante, que no se iban a ir de la vereda porque el que no la debe, no la teme.

Exigencias del movimiento campesinoAnte este nuevo crimen de estado, las organizaciones campesinas, a través de un comunicado, plantean las siguientes solicitudes:
Al Gobierno Nacional

Que se investigue la desaparición forzada del hijo del compañero Isidro Mora, Milton Javier Mora Wilchez, quien fue torturado y posteriormente asesinado y arrojado al río Magdalena, para desaparecer toda clase de pruebas.

Que se investigue de una manera clara quiénes fueron los actores de este horrendo crimen, que pone en riesgo total a la familia Mora Wilches, por los antecedentes antes descritos.
Cumplir con el mandato constitucional de velar por la vida y la honra de los ciudadanos colombianos.

Que cese la persecución contra los líderes y organizaciones sociales. sindicales y populares.
Que se respete y se garantice el derecho a la organización y sindicalización.
Que se investiguen las actitudes de los miembros del Ejército Nacional acantonados en la zona.

A las autoridades locales y distritales

Hacer las investigaciones respectivas frente a los hechos mencionados en la presente denuncia.

La colaboración y acompañamiento en las diligencia judiciales para con los familiares de Milton Javier Mora Wilches, desaparecido forzadamente, torturado y asesinado de la manera más cruel.
A la comunidad nacional e internacional

Hacer las exigencias al Gobierno nacional, para que hechos como estos de desaparición forzada, tortura y asesinato como los sucedidos en la persona de Milton Javier Mora Wilchez, no queden en la impunidad.

Pronunciarse ante el Gobierno Nacional de Álvaro Uribe Vélez, los organismos de control y la Fiscalía Nacional, para que se esclarezca la persecución que hay por parte del Ejército Nacional contra el campesino Isidro Mora, afiliado a Sintrapaz.

Acompañamiento solidario y humanitario a los campesinos del Sumapaz, agrupados en Sintrapaz.
Con información de Fensuagro.

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Multan al Inpec por muerte de un recluso

El Inpec tendrá que pagar cerca de 170 millones de pesos a una familia, como consecuencia de la muerte de uno de sus reclusos en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, un día después de que ingresara a la institución.

Jhon Jairo García Conde trabajaba como albañil y conductor de vehículos, ganando algo menos de un salario mínimo; luego fue recluido en la cárcel de Bucaramanga, según su familia, por un delito que nunca cometió.

A principios de 1995, murió estando dentro del centro Penitenciario, a manos de otros internos de la misma institución.

Después de ser notificado por el Tribunal Superior de Santander, el Inpec respondió que "se había constatado caso fortuito y fuerza mayor, toda vez que Jhon Jairo García, no se había inscrito en los programas de resocialización, que causaban rebajas de penas, ofrecidos por el centro carcelario". El Tribunal deslegitimó la demanda porque las pruebas del parentesco de la víctima con los demandantes no estaba enteramente probada.

Quienes impusieron la demanda eran la madre, los cinco hermanos y la esposa de Jhon Jairo. La primera no tenía un registro de nacimiento donde se clarificara que ella era su madre biológica, y por lo tanto el parentesco con los hermanos quedaba también en duda. La esposa argumentaba haber vivido con él dos décadas, pero al momento de la muerte García contaba con sólo 23 años de edad.

La defensa alegó que la madre de la víctima no sabía firmar, y por eso no aparecía su nombre en los registros de nacimiento. La esposa no encontró manera de probar su convivencia con el joven.
El Consejo de Estado, después de analizar las pruebas, encontró culpable al Inpec por la muerte del joven, porque este estaba a su cargo en el centro penitenciario. Igualmente le certificó que la madre y los hermanos, tenían derecho a recibir indemnización por el dolor causado después de la muerte de Jhon Jairo.

"Reconocerá a favor de la madre de la víctima el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a favor de los hermanos de la víctima, el valor equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos". Que en total suman unos 170 millones de pesos.

Según la sentencia del Consejo de Estado, García Conde ingresó a la Cárcel Modelo de Bucaramanga "el 22 de febrero de 1995, y se le dio de baja por defunción el 23 de febrero del mismo año".

Fuente

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LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA LA HIZO EL M – 19, LA MASACRE LAS FUERZAS MILITARES

Por Nelson Lombana Silva

Solo veintidós años después, de la trágica toma del palacio de justicia por un comando guerrillero del M -19, comienza la verdad a salir a flote y a socializarse las 27 horas de horror y terror que estremecieron a Colombia y que hasta entonces se mantuvo en reserva por un pacto de silencio en las alturas del poder de la burguesía abrazada en los dos partidos tradicionales, con la complicidad pusilánime de los medios masivos de comunicación y el interés marcado de los Estados Unidos.

La pluma mágica y de acero del famoso escritor, Germán Castro Caycedo, rompe el crudo y tétrico frío de la impunidad y el silencio cómplice con su maravillosa obra intitulada: "El palacio sin máscara", de la editorial Planeta S.A. cuya primera edición vio la luz pública en abril de 2008. Es decir, es una obra que todavía huele a tinta, a imprenta, está "calientica".

En su estilo literario magistral de dejar hablar con entera libertad y suma responsabilidad al personaje, Germán Castro Caycedo, devela una parte oculta del holocausto del palacio de justicia, el seis y siete de noviembre de 1985.

Fue un hecho en el que el grupo guerrillero M – 19 hace la toma y la horrenda masacre el militarismo recalcitrante. Los centenares de rehenes, entre ellos, magistrados, funcionarios, jóvenes y gentes sencillas que accidentalmente fueron sorprendidas, fueron asesinadas, desaparecidas y torturadas por las fuerzas represivas del Estado, como ha sido su costumbre, puesto que ésta no está para la defensa de la patria y del pueblo como reza la constitución, sino simplemente para la defensa de los intereses económicos de los poderosos y de las transnacionales estadounidenses, principalmente. Por algo diría Jorge Eliécer Gaitán, en su momento y refiriéndose a la masacre de las bananeras del 6 de diciembre de 1928: "El gobierno nacional tiene la metralla homicida para los colombianos y una temblorosa radilla en tierra ante el oro americano".

Esta obra de arte, de cruda y directa denuncia, es una investigación meticulosa que hace el escritor y que el pueblo colombiano debe leer con detenimiento y análisis crítico, en aras de crear conciencia del tipo de clase dirigente que durante tantos años han manejado el país, unas veces con el rótulo azul y en otras con el rojo, pero siempre en la dinámica de la defensa plutocrática de unas cuantas familias privilegiadas, que con tal de preservar sus privilegios, no dudan en asesinar medio país sin contraer un solo músculo de su rostro.

Es quizás la historia de los vencidos, tergiversada, ignorada y manoseada, que Germán Castro Caycedo rescata con profesionalidad, responsabilidad histórica, en forma valiente, digna de admirar, pues no hay cosa más peligrosa en Colombia y concretamente en el gobierno de la "seguridad democrática" de Uribe Vélez que decir la verdad.

Varias conclusiones salen a flote. Por ejemplo, el golpe de Estado que los militares dieron, inmovilizando al presidente Belisario Betancur en su propia silla presidencial. Dice la comisión de la verdad: "Se vio un vacío de poder porque el presidente simplemente fue espectador en el desarrollo de los acontecimientos". [1] Bernardo Ramírez, Ex ministro de Estado, señala: "En la desgracia del Palacio de justicia, en su desarrollo, hubo un golpe de Estado de los militares". Agrega: "Pero los militares como estaban sedientos de venganza, y esos mandos militares de esa época eran siniestros, les chorreaba sangre de las manos, fueron a lo que querían. A ellos nos les importaba que fueran magistrados, o que fueran mujeres, lo que querían era vengarse de todas las humillaciones que habían sufrido, de pronto por su propia incompetencia". [2]

El testimonio de Elvira Sánchez – Blake, profesora universitaria y periodista de palacio, es bastante revelador: "Fui de las pocas personas que conocieron de primera mano el secuestro de que fueron objeto el presidente Belisario Betancur y sus ministros por parte de los militares, y la forma ilegítima de poder que asumieron por la fuerza". [3]

Lo que un mayor de la casa militar le contesta es verdaderamente tétrico, cuenta: "El presidente no puede hacer nada. Ya no es presidente. El que está a cargo de la situación es mi general, y sus órdenes son éstas: Aniquilar a los terroristas".

Las dudas son muchas sobre el luctuoso acontecimiento. Por ejemplo, ¿Por qué el día anterior de la toma, se retira la seguridad del palacio de justicia? ¿Quién o quienes dieron la orden? Máxime cuando se tenía serios rumores que esto sucedería. Figura el memorando militar 2789 CG2 ItN – 252, que dice: "El M – 19 planea tomarse el edificio de la corte suprema de justicia el día 17 de octubre, cuando los 24 magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada República Dominicana". [4]

El ministro de defensa, general Vega Uribe, miente en el congreso, cuando afirma que la orden de retirar la seguridad del palacio vino directamente del presidente de la corte suprema de justicia doctor Alfonso Reyes Echandía. ¿Quién puede creer semejante disparate del general?

Nunca los militares tuvieron en sus cálculos rescatar a los rehenes, como en cambio sí lo pensó y deseó el presidente de la república, pero donde mandaba general no mandaba presidente. Dice en su informe la fiscalía general de la nación: "Es clarísimo que pese a saber qué tipo de acción planeaba el M – 19, el plan del ejército no contempla ni la presencia de rehenes ni el respeto por sus vidas…la operación en ningún momento fue de rescate sino de aniquilamiento". [5]

Por su parte, la comisión de la verdad expone: "Lo cierto es que la gran mayoría de los cuerpos se encontraron desmembrados, mutilados, calcinados y por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla". [6]

El relato que hace María Mercedes Ayala, es que al penetrar el ejército, asesinaron a varios guerrilleros sin estar armados, es decir, estando vencidos. [7] Julio Roberto Cepeda, redactor de la revista legis, otra víctima del palacio, habla de los comentarios que hacían los militares: "Hay que matar a todos esos hijueputas, no debe quedar ninguno vivo"[8] (¿Desde cuándo acá la constitución aprueba la pena de muerte?)

No importaba la vida de los rehenes. La meta era aniquilar a todo el que se presentara en frente, fuera quien fuera. La orden del general Samudio, entonces comandante del ejército era inexorable: "Por favor, apurar, apurar a consolidar el objetivo y acabar con todo"[9]

Consumado la catástrofe, la masacre, los militares acudieron a todos los artilugios posibles para esconder el crimen, eliminar las pruebas y hacer que el holocausto pasara en su totalidad al frío sótano de la impunidad. Movieron los cadáveres, bañaron algunos, barrieron, muchos cuerpos fueron sepultados en fosas comunes como NN, otros fueron víctimas de ácido sulfúrico para desintegrar sus cuerpos, desaparecieron personas, amenazaron, etc.

Dice la comisión de la verdad: "Consumado la catástrofe, los militares no sólo impidieron que se cumpliera con las más elementales reglas de investigación criminal sino que se incineraron algunos cadáveres, otros fueron cuidadosamente lavados, se le despojó de sus prendas". [10]

Según esta comisión, "140 personas salieron con vida del palacio y fueron conducidas a la Casa del Florero, pero fueron muertos 95, incluyendo 13 desaparecidos"[11]

El voraz incendio que envolvió al palacio fue obra de los militares, no de la guerrilla. "Vinieron una cantidad de cañonazos y fue cuando se prendió parte del palacio", expresa la periodista Julia Navarrete. [12]

Julio César Uribe, Consejero de Estado, manifiesta: "vi. cuando algo fue lanzado del costado oriental y tuve la impresión de que de la parte baja, esto es, del primer piso, pegó en el techo de madera que daba sobre el pasillo del palacio produciéndose un incendio tan rápido e impresionante". [13]

Los testimonios de los sobrevivientes que lograron salir son impresionantes, por la forma criminal como fueron torturados por los "señores" militares que supuestamente estaban defendiendo la "democracia". José Vicente Rubiano Galvis, humilde obrero de obras públicas, que accidentalmente pasaba por las calles aledañas al palacio fue puesto preso y acusado de llevarles armas a la guerrilla, siendo sometidos a los más inhumanos vejámenes, entre otros colocarle electricidad en los testículos, golpearle el rostro, etc.

La misma suerte corrieron los estudiantes de la universidad externado de Colombia, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson, que era sobrino del entonces gobernador del departamento de Bolívar y su padre magistrado del tribunal de Cartagena. Nada de eso valió para los enceguecidos militares, sus torturas brutales no se hicieron esperar.

Pero hay algo más monstruoso. La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada de palacio con quemaduras, llevada al hospital Simón Bolívar donde fue atendida por el médico Cristóbal Sastoque Melani, jefe del pabellón de quemados; de allí fue sacada por el ejército, contra la voluntad del médico, llevada a la escuela de caballería donde fue torturada y finalmente asesinada.

Muchas personas salieron con vida, fueron asesinadas y regresadas al palacio para simular, caso del doctor Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del consejo de Estado. Es más, sabiendo los militares su identidad, fue reportado como NN.

Son apenas, algunas, algunas perlas de este singular y conmovedor relato periodístico que nos presenta el consumado escritor, Germán Castro Caycedo, que hay que leer con criterio crítico, pensando en el drama violento que vive el país con el mismo terrorismo de Estado, quizás más violento, con la tenebrosa "seguridad democrática" y la necesidad de la unidad del pueblo por la base alrededor del Polo Democrático Alternativo y el partido comunista colombiano, porque de nada sirve saber, pero seguir apoyando la burguesía, el modelo neoliberal, los verdaderos responsables de esta hecatombe con nuestra indiferencia, nuestra desunión y nuestra desorganización. El mejor mensaje del libro "El Palacio sin máscara" es indudablemente la unidad y la acción de masas.

Ibagué, agosto 20 de 2008





[1] CASTRO CAYCEDO, Germán. El Palacio sin máscara. Editorial Planeta Colombiana, S.A. 1ª edición abril 2008. página consultada 236.
[2] Ibíd. Página consultada 239
[3] Ibíd. Página consultada 243
[4] Ibíd. Página consultada 23
[5] Ibíd. Página consultada 25
[6] Ibíd. Página consultada 40
[7] Ibíd. Página consultada 55
[8] Ibíd. Página consultada 58
[9] Ibíd. Página consultada 70
[10] Ibíd. Página consultada 71
[11] Ibíd. Página consultada 71
[12] Ibíd. Página consultada 87
[13] Ibíd. Página consultada 88

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Amenazas de muerte contra dirigencia y población indígena Nasa en el Cauca*

*Prensa Reiniciar. Bogotá D.C., 12 de agosto de 2008.* La Corporación Reiniciar denuncia la grave situación por la que atraviesan las comunidades indígenas del departamento del Cauca luego que el pasado lunes 11 de agosto llegara una amenaza de muerte contra toda la dirigencia indígena de la región.

A lo largo de siete páginas el grupo autodenominado "Campesinos Embejucados" asegura que en el transcurso de las próximas horas empezaran a asesinar a los dirigentes del Concejo Regional Indígena del Cauca --CRIC- que aglomera todos los procesos organizativos indígenas de la región, como también a población indígena en general.

Los autores de la amenaza insisten en que las comunidades indígenas han despojado de sus tierras a pequeños campesinos y a poblaciones afrocolombianas y que por eso: "hoy debemos ALZARNOS para detener a los opresores o nos quedamos sin futuro".

En la amenaza, que llegó por vía correo electrónico a la sede del CRIC, se señala al Senador Indígena Jesús Enrique Piñacue como una de las personas que ha incitado desde sus discursos comunales y en el Congreso de la República al conflicto con las poblaciones campesinas.
"Tonto e iluso discurso por que la pretensión de Piñacue, es eliminar a los campesinos, Negros y hasta matarse entre Indios"

Es preocupante el lenguaje discriminatorio que se plasma a lo largo de la amenaza contra el proceso organizativo Nasa de la región. El nombre autóctono de esta población indígena es NASA. El nombre dado por los Españoles durante la colonización es Páez. En cada párrafo de la amenaza se refieren a estos nativos como *paHECES*, con lo que exponen su racismo y los señalan como excremento.

Sobre la amenaza, algunos dirigentes indígenas le dijeron a Reiniciar que hace por lo menos un año el orden público de muchos municipios se agravó por las disputas territoriales entre los diferentes actores del conflicto armado. Esta disputa, aseguran los indígenas, la quieren hacer extensiva a toda la población. "Quieren poner a pelear a la gente entre si", refiriéndose a las poblaciones campesinas, afro, mestiza e indígena.

Para el CRIC: "esta carta de amenaza no fue escrita por campesinos. Su lenguaje soez y cuidadosamente elaborado, nos permite aseverar esto con certeza", y aseguraron que: "no vamos a caer en la trampa de odio con la que pretenden dividirnos para mantener un orden de injusticia y pobreza".

El departamento del Cauca es una de las regiones con mayor población indígena del país, aproximadamente unas 300 mil personas.

El proceso histórico de esta región, como la de muchas de nuestro país, se ha caracterizado por la pugna del territorio.

El Cauca, en especial, es una región controlada históricamente por los grandes terratenientes y narcotraficantes quienes en las últimas décadas, han recibido o contratado los servicios de grupos paramilitares para afianzar y proteger su dominio.

Las comunidades indígenas han luchado a lo largo de la historia por recuperar lo que desde su origen les pertenece, el territorio, la "Madre Tierra". Su lucha es legítima, pero ahora quieren desvirtuarla y aniquilarla de nuevo.

El pasado 8 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo Colombia uno de los países donde esta población ha sido más golpeada y diezmada por la violencia. Cabe recordar que el gobierno colombiano se negó a firmar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU el año pasado.

La Corporación Reiniciar reitera su voz de repudio contra este tipo de hechos que solo quieren enlodar el proceso histórico organizativo de la población Nasa del Cauca, como también, desvirtuar la lucha indígena por su territorio ancestral. De igual forma le exigimos al gobierno regional y nacional se tomen las medidas necesarias para proteger a los dirigentes del CRIC y a la población Nasa en general.

masacres cauca, lunes, 11 agosto, 2008 4:14 PM

*A continuación presentamos el texto completo de la amenaza*

Por Culpa de Criminales

paHECES

CAMPESINOS EMBEJUCAOS --

En estos últimos años el CRIC ordena la toma de tierras en distintas partes del Cauca, tierras que a nosotros los Campesinos nos obligan a vender en contra de la voluntad, cuando solo lo que hacemos es producir el pan coger, comida y empleo, este propósito se está dando en medio de las peores amenazas y hostigaciones patrocinadas por los asesores y cabecillas del cric, donde dicen que el territorio es de ellos y que allí no caben ni los mismos indios, campesinos, ni negros, que ese espacio es de los paHECES, cuando entendemos que estas amenazas, amedrentamientos, y hechos de ocupaciones sedan entre los mismos pobres, en medio de las condiciones de pobreza, en una de las zonas más violentas y conflictivas del cauca, como lo es Caldono, Santander, Piendamo, Cajibio, Jámbalo, Totoro.

Zonas donde habitan entre indios, negros, mulatos, mestizos, pero un 99% habitan seres humanos humildes, pobres, excluidos por el sistema estatal y explotados por el gran capital, que hoy se ha tomado esta región del país, nosotros los campesinos embejucaos no solo vivimos de la persecución estatal sino también de la persecución del cric y sus cabildos, que nos ponen en una situación muy difícil de nuestras familias en nuestras propiedades y minifincas con la que hemos sobrevivido siempre.

La persecución del CRIC y cabildos paHECES que no solo permiten trabajar, y vivir, sino que llenan de zozobra, aterrorizan confunden nuestras familias y niños, por que como ellos mismos dicen son terroristas de campesinos, negros, mestizos y mulatos, y hasta entre los mismos indios se persiguen, se acosan, hasta se matan y se roban los alimentos y semovientes a través de sus guardias y cabildos, que no sabemos si son guerrillas, o paramilitares, o delincuentes patrocinados por el CRIC, porque su propósito es desplazar a campesinos y lo más triste es ver que entre ellos mismos no se aceptan, y se amenazan y se han matado, los paHECES creen que el Cauca, Valle, Tolima, Huila y Putumayo es de ellos, eso es lo que hace el CRIC (Combo de Revoltosos Incitadores de la CXenofia)

Hoy debemos ALZARNOS para detener a los opresores o nos quedamos sin futuro.

Señalamos el "problema de fondo" que nos amenaza para anunciar un camino que ya empezamos a recorrer y al que convocamos para que juntos todos caminemos para defendernos del CRIC y paHECES, ellos hablan de liberar la Madre Tierra, la preocupación de los campesinos del Valle, Cauca y Huila es que tenemos que defendernos de las agresiones y xenofobia y hay muchas formas desde la militar por que ya sabemos quiénes son, donde están y que hacen.

Para nosotros los campesinos el panorama en el Cauca, Valle y Huila es realmente desolador, fuera del abandono del estado, la capacidad de organizarnos para atender las necesidades de acceso al servicio de agua, acueducto que también nos mezquinan los Indios y especialmente los paHECES la respuesta del gobierno nacional ante estas circunstancias debe ser es búsqueda de una solución pública o clandestina porque no soportamos mas.

En Colombia, creíamos que los indios iban a dar una lucha que alguna vez buscarían algún equilibrio entre los pobladores, en los últimos años se ha quebrado a favor de la imposición del CRIC que según sus actos son iguales a los de las la guerrilla han perdido toda posibilidad de negociar acuerdos humanitarios en condiciones favorables para todos los pobladores del campo y hasta entre los mismos indios, no podemos aceptar ni mantenernos agachados ante las agresiones, ofensivas y políticas mezquinas de los paHECES y que hoy sufren y enfrentan un agudo y grave descrédito entre lapoblación del Cauca, Colombia y el Mundo .

Ya sabemos de sus aliados significativos en la región, aún así, lo más cierto es que las FARC sigan adelante, con su menguada capacidad de iniciativas y con la probable fragmentación entre sus mandos y frentes como el CRIC y paHECES, preparan militarmente en el ejercito a sus jóvenes para entregarlos a las FARC.

"Celebremos la liberación, y no aceptar el régimen del CRIC y paHECES" Hay que decirlo con claridad: se instaura una dictadura del CRIC-paHECES en el Cauca y Valle del Cauca en Colombia. El CRIC juzga, condena y ordena las ocupaciones, desalojos de campesinos pobres, ignorantes como su misma raza, y hasta entre los mismos indios que a futuro serán nuestros aliados.

No se requiere nada más que su palabra para comenzar este desafío y condenar a sus responsables. No somos culpables que estemos en Colombia, los cargos que hace el CRIC y paHECES de ocupar terratenientes son falsos porque no tenemos cinco mil hectáreas como lo tiene Uribe Vélez.

Pero no parece importar, porque con su reputación ha reemplazado su ilegitimidad. El aparato del CRIC y Cabildos paHECES, desde hace años, es utilizado como un arma contra el pueblo Caucano, en particular contra los pobres (creados en gran medida desde el mismo) y contra quienes se organizan o denuncian o resisten.

La evidencia y los testimonios, se ocultan por orden de los propios incriminados. Los testigos desaparecen porque son sobornados, se compran, se asesinan. Los altos mandos del CRIC que son Doctores justifican pretensiones de civiles y mienten.

En medio de esto, debemos alzarnos para ver quien resiste más. Si no resistimos, si no nos alzamos si no los detenemos, nos sacaran de estas tierras y del planeta a costa de zozobra, fuerza, hambre y mentiras ordenados por los funcionarios del CRIC, guardias entrenados militarmente para la guerra de terror y de Cabildos ilegítimos se instala en el poder para convertir la vida en su ganancia y destruir a los demás.

Ellos denuncia la Gravísima Situación de Guerra en el Norte del Cauca pero el terror, amedrentamiento, zozobra, corrupción, holgazanería, delincuencia, prostitución dentro de las mismas oficinas del CRIC, abigeato, quemas y demás daños que comenten contra los campesinos lo ocultan.

Hacen llamados a la opinión Publica URGENTE de ASESINATOS DE COMUNEROS DE TACUEYÒ, FUERTES COMBATES EN "LA COMUNIDAD" RESGUARDO DE TACUEYÓ
HACEMOS UN LLAMADO A LA PRUDENCIA Y AL RESPETO POR LA VIDA DE LA POBLACIÓN CIVIL. Cual llamado, Cual Prudencia, cual Respeto por la VIDA de la población de campesinos pobres del Cauca?

1. Ahora si vamos a hacer noticia, y también diremos que siendo aproximadamente las 00:00 de esta Noche, recibirán información sobre la muerte de paHECES y cabecillas exguerrilleros del CRIC por campesinos, lo que les será confirmado Telefónicamente a causa de su irrespeto.

2. No se quejen cuando el CRIC y paHECES, serán encontrados muertos y un significativo número de miembros de ustedes desaparecidos, Sabemos que en Colombia ustedes no sobrepasan el Millón de personas en Colombia. Queremos de Popayán, Cali y Bogotá Libre de Indios porque allí están la guarida y concentración de los cabecillas.

3. Sus Guaridas se encuentra rodeadas de miembros de inteligencia nuestra y otros paHECES es decir su propia gente que nos dan información para poder defendernos, tenemos nuestros equipos, logística y equipos preparados.

4.Así como nos desvelaron ustedes, también tendrán la oportunidad de sentir lo bueno del desvelo, la zozobra y la incertidumbre después de todas estas noches.
5. Cual tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida esto, es sinónimo de pa-HECES

Debemos avanzar en un proceso de ocupación militar y exterminio contra las Cabecillas del CRIC y paHECES del Cauca. Porque ellos nos agreden con declaraciones falsas y criminales, lo mismo que tienen infiltración de armados (QUINTIN) son parte de sectas que presionan con iniciativas irrespetuosas orientadas al despojo y entrega de tierras para los cabildos.

No tenemos más alternativa que defender la vida y convocar a la humanidad para que no permita que se extinga nuestra tranquilidad y ganas de vivir, porque también tenemos derechos, derechos no solo lo tienen los indios. También somos patrimonio de vida. Los criminales del despojo, desalojo, amedrentamiento y la muerte son ustedes...el CRIC paHECES que hacen y deshacen, ordenan las acciones de despojo, mienten y matan para acumular, también merecen ser castigados por nuestra justicia, porque también merecemos la vida y nuestra tranquilidad.
Las acusaciones que realizo el comandante de la tercera brigada del ejército nacional, el general Jaime Esguerra a través de un noticiero, el cual dice de manera textual y "asegura que en documentos que él posee, demostrarían nexos entre los funcionarios de la alcaldía de Toribio y el sexto frente de las FARC". Cuando el rio suena es porque piedras lleva.

El CRIC y paHECES que reclaman? Por el derecho a la Vida, la dignidad y la convivencia Pacífica cuando al campesinado no nos dejan vivir tranquilos?

Ellos dicen que con Falsas y Graves Acusaciones quieren Exterminar los Procesos de Resistencia, nosotros los campesinos tampoco resistimos los abusos del CRIC y paHECES

1) El gobierno les da plata para que hagan fechorías? Con sus farsas de procesos comunitarios proyectan solo Planes de envidias, dizque por el camino de la autodeterminación como pueblos para dominar y asustar a los tontos?.

2) El gobierno asigna dineros para que renten sus comunidades y no las gasten en Popayán organizando fechorías justificando el movimiento cívico, realizado diagnósticos, planeando claras políticas de no convivencia de corto mediano y largo plazo, de destierro de campesinos y negros, de esta manera igualmente se distribuye las transferencias de la Nación, en asambleas donde participan gentes y delegados de las veredas del Cauca a comer y emborracharse a costa de los demás indios ignorantes.

3) Quieren hacer creer a los gobiernos que los funcionarios del CRIC son personas idóneas elegidas mediante asambleas públicas y en caso de cometer faltas son sancionados por asambleas comunitarias de acuerdo usos y costumbres eso es falso porque son unas ratas, que viven solo de ese medio (Alcibíades).

4) El CRIC y los paHECES hablan de procesos transparentes que la comunidad fiscaliza mediante sus asambleas evaluativas y veedurías comunitarias, y que por eso se ha resaltado el trabajo de este proceso que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, eso es mentira, porque también vende tierra igual que nosotros los campesinos, y quieren hacer creer por fuera del país que han hecho mucho, con tanta plata que han recibido donde está el desarrollo?.

5) Que la organización indígena en reiteradas ocasiones se ha manifestado públicamente de no compartir la salida del conflicto por la vía armada y frente a este se ha asumido la posición crítica y constructiva en defensa de la vida mediante mecanismos humanitarios lo cual nos pone en contradicciones con quienes buscan una solución al conflicto por la vía militar. Entonces porque nos persiguen, discriminan y amenazan a nosotros los campesinos pobres?

6) Los campesinos anti-indios solicitamos a organismos defensores de derechos humanos Nacionales e Internacionales mantener vigilantes ante las sesgadas y mal intencionadas acusaciones del CRIC y paHECES que desde años atrás vienen perturbando nuestra tranquilidad.

Los municipios y sus pobladores campesinos del Cauca, Valle, Tolima y Huila han sido afectados por la violencia generada por el conflicto Indígena. Estos hechos violentos que afecta la población civil campesina generando la muerte a inocentes, desestabilizando la tranquilidad y la convivencia pacífica de los pobladores campesinos y negros. Frente a estos hechos de lesa humanidad contra los campesinos; hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y DIH para que medien, frente a los actores en conflicto y la población civil no siga siendo afectada por los indios.

Campesinos del Cauca (Colombia), denunciamos la privatización por Indígenas de los recursos naturales, «única fuente de supervivencia de los campesinos Pobres»

Colombia no es solo la guerrilla de las FARC, ni el gobierno del presidente Uribe, aunque fuera del país sean las noticias relacionadas con ambos las que más espacio ocupan en los medios de comunicación. Para hablar de la otra realidad y de los otros colombianos, en este caso de los campesinos del Cauca, Valle, Huila y Tolima.

El CRIC y paHECES salen a decir por fuera del país que andan defiendo la autodeterminación de su territorio desde la resistencia pacífica que apuestan por un pacto de los indígenas, campesinos, afrocolombianos y sindicalistas para trabajar una agenda popular que lleve a la consecución de sus objetivos y a resolver los graves problemas de las comunidades indígenas del país que están siendo desposeídas de sus tierras y con ello de su medio de vida. Eso es mentira porque a nosotros nos arrebatan y obligan a vender las tierras.

De ahí que, siendo también, tan graves los problemas estructurales de los campesinos y negros colombianos, reivindicamos, por una parte, el derecho a dar a conocer esa otra realidad de nuestro país y, por otra, la ayuda y la solidaridad del exterior. La presencia de las FARC con ser grave, no es el problema de fondo de Colombia, lo es el hambre y la privatización de los recursos naturales por parte de los Indígenas sea cual fuere, que nos niegan el agua y la tierra, todo esto orientado por exguerrileros y fensuagro.

Nosotros no estamos de acuerdo con la política de la guerrilla ni con los secuestros, no compartimos que se prive a la gente de su libertad, ni que nos perturben nuestra tranquilidad de nuestros hijos campesinos, también necesitamos comer, beber agua, pero tampoco queremos que se use eso para tapar el resto de la problemática que hay en Colombia con los campesinos.

En cuanto al tema que manifestamos, aseguramos que las comunidades indígenas están sometiendo a un «plan integral de agresión» y que la privatización de los recursos, tierra, aguas, se ha llevado a cabo para favorecer la entrada al medio rural solo sus intereses etnocentricos y xenofóbicos, para apoderarse y explotar los recursos naturales del Huila, Valle y Cauca, donde precisamente estamos los Campesinos, afros y urbanos pobres que tenemos casas de descansos, que subsistimos de nuestra economía campesina. Por otra parte, acusamos al CRIC y paHECES de estar sembrando el terror y zozobra en nuestras pequeñas propiedades.

Los desplazamientos no solo lo hace la guerrilla, también los propician los indígenas y especialmente el CRIC y paHECES que nos obligan a instalarse en las principales ciudades sin trabajo, y que cuando regresamos a las fincas, se encuentran con sus tierras saqueadas, quemadas y dicen que. «ya no somos dueños de la tierras. No entendemos sus políticas.
El CRIC y paHECES y sus Cabildos exigen el autogobierno y proclaman la defensa de la vida y del territorio pero a nosotros no nos respetan, por tanto tendremos que actuar de otra forma para poder vivir.

Pero "sabemos quién más" co-actuan, odian y amedrantan al mismo tiempo que si se hace justicia y se descubre de verdad que en el más alto nivel CRIC están los asesores criminales, entonces se falta al respeto. Nos sentencian a la represión en nombre del respeto, convivencia pacífica, resistencia, igual que el gobierno coinciden en sus intereses.

Hablamos desde Popayán al pueblo Caucano -- Colombiano y al Mundo. Que quede constancia, !NO A LA DICTADURA! ¡NO MAS IMPUNIDAD NI INJUSTICIA PARA BENEFICIO DE CRIMINALES Y LADRONES del CRIC y paHECES

Nosotros, los campesinos, somos gente tranquila, nos asombro cuando los del CRIC y paHECES mataron entre ellos en Silvia, entonces vemos que ni ellos se respetan, no aguantamos mas, y somos enfáticos, la única y verdadera solución es que reformen su sus actos o actuaremos bajo nuestros criterios de Seguridad que lo estamos gestando con financiación propia Es lo único que puede desterrar el terrorismo, que son las peores amenazas de nuestra tranquilidad, en tiempos pasados sin CRIC todo era tranquilo y no habían disgustos..

El senador Piñacue en sus discursos solo habla para ellos, donde dice que los paHECES son el motor que creen en las leyes, hablan de paciencia y fuerza heroica cuando a los pequeños campesinos los tienen aterrorizados, hablando de adversidades y amenazas, la tragedia que dice esta persona la creo el CRIC desde 1991, y ellos mismos dicen estar cansados, se cansan de no hacer nada, sudan de no hacer nada, dicen luchar por el territorio, será todo el cauca, toda Colombia, toda América? Tonto e iluso discursopor que la pretensión de Piñacue, es eliminar a los campesinos, Negros y hasta matarse entre Indios. Aunque en el congreso digan todo lo contrario-
No tenemos más alternativa que manifestarnos por este medio y defender nuestras vidas y convocar a la humanidad para que no permita que se extinga nuestra tranquilidad en nuestras tierras. También somos patrimonio de vida y responsabilidad de todos los campesinos y negros. Los criminales y mezquinos del CRIC crean zozobra que la deben pagar hasta con la muerte porque, ordenan las acciones de desalojo, mienten y matan para "acumular", merecen ser castigados por la justicia

CAMPESINOS EMBEJUCAOS DE COLOMBIACEC NO paHECES

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Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por este caso, en agosto de 2007.

TRES MILITARES CONDENADOS A 18 AÑOS DE CÁRCEL POR EL HOMICIDIO DE GERMAN ESCUE ZAPATA, LIDER INDÍGENA PAEZ.

(Colombia - CCajar)
A 18 años de prisión condenó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao a los miembros del Ejército Nacional, teniente Alberto Navarro Devia, cabo Roberto Camacho Riaño y al cabo ® Evert Ospina Martínez, por su responsabilidad en el asesinato del líder del cabildo indígena de Jambaló, Germán Escué Zapata.

El caso por el que fue condenado el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto del 2007, fue inicialmente asumido por justicia penal militar, donde paradójicamente fue “perdido el expediente”.

Para la Corte Interamericana, la pérdida de un líder para el Pueblo Páez significó una "desmembración y daño a la integridad de la colectividad; frustración ante la enorme confianza depositada en él para ayudarlos a realizar el buen vivir y, sentimientos de pérdida ante los esfuerzos colectivos realizados para que, apoyado por su comunidad, pudiera actuar en desarrollo de su misión como persona especial". [1]

Adicionalmente, consideró que el Estado colombiano también era responsable por injerencia arbitraria y abusiva en el domicilio de Germán y su familia.

Es de aclarar que a pesar que la Corte ordenó en dicho fallo al Estado colombiano, efectuar una publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional en español y en Nasa Yute, así como la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad acordado previamente con los familiares y sus representantes en el resguardo de Jambaló, teniendo en cuenta las tradiciones, usos y costumbres de los miembros de la Comunidad, estas solicitudes, a la fecha no se han cumplido.

Germán Escué, era un reconocido líder comunitario. Desde niño, participó en asuntos de la vida política y cultural de la comunidad de Vitoyó, asumiendo una temprana defensa de sus derechos. Germán, aún siendo muy joven, fue Cabildo Gobernador suplente, administrador de la tienda comunitaria y luchador al lado de su padre Mario Pasú por la defensa del territorio y el no pago de terraje.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 1988 en horas de la noche, cuando uniformados del Ejército Nacional, a cargo del en ese entonces, Teniente Coronel Navarro Devia, asesinaron al líder indígena Germán Escue, luego de sacarlo de su vivienda, so pretexto de trasladarlo al campamento del Ejército, ubicado cerca del sitio conocido como Loma Redonda, en el departamento del Cauca.

Su asesinato se produce luego de la identificación que realiza de German, un supuesto informante que quía la tropa, se desplaza uniformado y armado en la parte trasera del contingente, quien lo sindica de ser guerrillero.

El cuerpo de Germán, ya sin vida, fue encontrado “tirado a la orilla del camino que de Vitayó conduce a Loma Redonda, con tres disparos de fusil”, según relata su propia madre, media hora después de haber escuchado muy cerca de su vivienda unos disparos.

[1] Peritaje antropológico de Esther Sánchez de Guzmán de 19 de enero de 2007 (expediente de fondo, Tomo III, folio 611).

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FENSUAGRO SOLICITA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN QUE ACLARE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE LA SEÑORA LILIANY PATRICA OBANDO VILLOTA

RECIENTEMENTE DETENIDA (Colombia) (Autor: FENSUAGRO)

En mi condición de Representante Legal de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuria “Fensuagro - Cut y demás miembros firmantes, me permito manifestar mi más profunda preocupación por las desinformaciones aparecidas en diferentes medios de comunicaciones (hablados y escritos) que pretende relacionar a nuestra Federación con el proceso de la Farc Política, desinformación tendenciosa y mal intencionada que Rechazo y Repudio; esto con relación a la reciente detención de la señora Liliany Patricia Obando Villota, por parte de las autoridades colombianas, y a quien se ha presentado ante los medios de comunicación como Directora o Representante legal de la ONG Fensuagro, lo cual es completamente falso; no sobra decir sin embargo que Fensuagro no es una ONG.

Queremos manifestarle al señor Fiscal que la mencionada ciudadana NO ocupa ningún cargo como directivo de nuestra Federación, sin embargo aclaramos que sí prestó los servicios de Coordinadora de un Proyecto en Derechos Humanos, pero que en ningún caso ha llevado nuestra vocería o Representación Legal como se hizo ver ante la opinión pública nacional e internacional.
No queremos desaprovechar la ocasión para reiterarle además nuestro inconformismo por la poca evolución en la investigación de los más de cuatrocientos cincuenta (450) casos de asesinatos contra nuestros dirigentes y afiliados nacional y regionales, que en realidad en los 32 años de existencia de Fensuagro pueden llegar a cerca de mil quinientos (1.500). Por ello no entendemos que hoy se nos quiera involucrar en actividades al margen de la ley, cuando lo que hemos hecho es trabajar por el bienestar social y económico de las comunidades rurales.
Señor Fiscal, solicitamos que su despacho haga las debidas aclaraciones ante la opinión pública y los medios informativos con el objeto de que el buen nombre de nuestra institución (Fensuagro) no quede enlodado y sobre todo no cargar con la lápida del señalamiento que de seguro se convertirá en suficiente argumentación para que los enemigos de las organizaciones sociales y sindicales continúen con los asesinatos en contra de nuestros afiliados y dirigencia nacional.
Por último recordar que somos una Federación con un alto grado de reconocimiento público Nacional e Internacional, miembros de la Federación Sindical Mundial, de La Vía Campesina, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de la Gran Coalición Democrática, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado entre otras.

Es por ello que dejamos bajo su responsabilidad, toda acción que atente contra nuestra integridad física y la de nuestros familiares.

Agradeciendo su atención.

Con todo respeto de usted

Atentamente,

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
EBERTO DIAZ MONTES

Presidente Nacional

Procuraduría General de la Nación
Defensor del Pueblo
Vicepresidencia de la República
Alto Comisionado Naciones Unidas en Colombia
Central Unitaria de Trabajadores CUT
Vía Campesina
Opinión Pública Nacional e Internacional

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PARA QUÉ UNA CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS

La Caravana Internacional de Juristas, busca reunir en Colombia durante una semana a un importante número de abogadas y abogados procedentes de diversas partes del planeta con el tema defensa a los abogados defensores.

La presencia de colegas nos permitirá desde el terreno, denunciar y analizar la situación que viven los abogados y abogadas defensores de derechos humanos. Buscar el compromiso de las autoridades nacionales y departamentales de protección y respeto a los abogados defensores, así como llevar un mensaje de apoyo y solidaridad a los y las colegas que se encuentran en situación de riesgo.
Igualmente, el encuentro con diversas organizaciones sociales y de derechos humanos permitirá a las personas participantes en la caravana conocer más sobre la realidad colombiana más allá de la difusión que hacen los medios de comunicación.

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SITUACIÓN DE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS EN COLOMBIA

La normativa internacional de los derechos humanos reconoce el derecho fundamental de toda persona acusada de la comisión de una conducta punible a contar, en todos los momentos de la actuación procesal, con la asistencia letrada. De conformidad con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta garantía hace parte de los elementos esenciales del debido proceso legal. Tal asistencia, según los pactos internacionales, ha de ser recibida aun en las diligencias preliminares que realice el funcionario judicial para cumplir sus funciones de indagación e investigación.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado en su jurisprudencia que el derecho a la asistencia de un abogado -esto es, a la defensa técnica-, demanda en quien asume el papel de defensor no sólo un mínimo de conocimientos jurídicos para enfrentar las exigencias del proceso, sino también una actitud diligente en el empleo de las acciones y recursos judiciales.

Para la Corte todo posible conflicto entre el derecho a la defensa técnica y la eficacia de la administración de justicia debe resolverse en favor de la efectividad de ese bien jurídico, pues el cumplimiento de los objetivos de la función judicial no puede alcanzarse con el sacrificio de un derecho cuya pérdida dejaría a la persona en estado de indefensión absoluta frente a los poderes públicos. A la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia por la Ley 74 de 1968, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, toda persona tiene derecho a un juicio imparcial. Como bien lo ha recordado el Comité de Derechos Humanos, la imparcialidad en el proceso hace imperativo que en él se respeten dos principios básicos: el de la igualdad de posibilidades y el del procedimiento contradictorio. Estos dos principios se desconocen cuando, al privar a la persona de la asistencia de un abogado, se vulnera su derecho a disponer del tiempo y de los medios suficientes para la preparación de su defensa. Si, como lo afirma el artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, las garantías mínimas del debido proceso deben reconocerse a todo aquél que se halle sometido a la potestad jurisdiccional del Estado, y cualquier diferencia de trato en este campo deberá ser vista como discriminatoria.

Por lo demás, el derecho de defensa es también reconocido por el ordenamiento internacional humanitario. El artículo 6º del Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, aprobado en Colombia mediante la Ley 171 de 1994, dispone que en situaciones de conflicto armado sin carácter internacional el enjuiciamiento y la sanción de infracciones penales cometidas en relación con ese conflicto deberán someterse a la regla según la cual es obligatorio garantizar al acusado “todos los derechos y medios de defensa necesarios” En el mismo sentido, los principios de La Declaración de la Habana (sobre la función de los abogados), indican que éstos no deben ser confundidos con la causa de sus defendidos, ni ser atacados por razones del ejercicio profesional. No obstante este nutrido marco jurídico normativo que busca garantizar los derechos de los ciudadanos que comparecen ante la justicia y la labor de los abogados, en Colombia siguen siendo perseguidos los abogados en razón del ejercicio profesional. En Colombia, no existe colegiatura de abogados lo cual es un punto que se agrega a las dificultades que enfrentan pues no hay una institución nacional que vele por sus intereses. El Consejo Superior de la Judicatura que es una de las altas cortes que componen la estructura de la rama judicial se ocupa del registro de los abogados y de la expedición de su tarjeta profesional. Igualmente los investiga disciplinariamente así como lo hace respecto a jueces y fiscales. La inexistencia de una organización gremial nacional que agrupe a todos/as los abogados y defienda el libre ejercicio profesional, hace que sea particularmente difícil en la actualidad saber con exactitud la cantidad de abogados asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados o exiliados y en general que han sufrido limitantes al ejercicio de su profesión. La agudización de la situación de riesgo para los abogados litigantes en el país, especialmente quienes defienden derechos humanos, motivó la activación de una campaña iniciada en el año 2003, denominada SIN ABOGADOS NI HAY JUSTICIA!! por el libre ejercicio del derecho y el acceso a la justicia en Colombia, en la que participaron diversas organizaciones de juristas y de derechos humanos.

La situación de los juristas fue objeto de análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una audiencia regional, así como impulsó la presencia en el país de diversas misiones internacionales, entre ellas la desarrollada por las organizaciones ABOGADOS SIN FRONTERAS - QUEBEC y la ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS en septiembre de 2007 cuyo informe se anexa a este documento.

Hasta el día de hoy, La ACADEUM sigue registrando asesinatos de abogados, desplazamiento interno y el exilio de muchos de ellos; apertura de procesos judiciales en su contra, amenazas, desapariciones y presiones indebidas para impedirles aceptar defensas o litigios relacionados con el acompañamiento jurídico a víctimas de derechos humanos. Esta situación también ha sido objeto de la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que a través de su oficina en Colombia expresó: “La Oficina observa con interés y preocupación las condiciones en que desarrollan su tarea quienes en Colombia se desempeñan como defensores de personas penalmente procesadas, actuando como defensores de confianza, defensores públicos o defensores de oficio. No pocos de ellos hacen parte de los sectores de la población cuya vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más inquietantes del “contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia” . La Oficina está especialmente preocupada por algunos casos puestos en su conocimiento durante los últimos meses, y en los cuales varios de esos defensores se vieron afectados por amenazas, por privaciones arbitrarias de la libertad o por señalamientos infundados o temerarios.

En su último informe sobre Colombia, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el mes de abril de 2004, el Alto Comisionado alentó al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo “a velar por el respeto de las garantías procesales de aquellas personas privadas de la libertad cuya situación jurídica no se haya definido” . Tal respeto exige que se reconozcan plenamente las facultades del defensor para solicitar o controvertir pruebas y para impugnar las providencias.

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Corte Constitucional falló a favor- Presos pueden protestar

Foto: El Espectador

Presos hicieron huelga de hambre por las malas condiciones sanitarias

Por: Redacción Judicial

Un preso que hizo una huelga de hambre para manifestar su inconformidad por el hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias en la celda que le habían asignado y la dilación injustificada del beneficio administrativo de las 72 horas, fue sancionado por el director del penal porque con dicha protesta violaba los estatutos penitenciarios y carcelarios.

La Corte Constitucional amparó los derechos a disentir y protestar del detenido porque se encuentra en situación de debilidad. Con la decisión, el Alto Tribunal ordenó dejar sin efectos dicha sanción, lo cual podría beneficiar a cualquiera de los 67.909 presos en Colombia que se encuentre en la misma situación.

Se trata del caso de Fabio Alex García Chaverra, quien junto a varios compañeros, el 14 de noviembre de 2006 decidieron protestar de manera pacífica, sin ingerir alimento alguno por las precarias condiciones sanitarias del patio N° 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada (Caldas). Él en particular, porque pasaban los días y no le otorgaban el permiso con el cual podía estar tres días fuera del penal sin la vigilancia de los guardianes.

Por la inconformidad manifiesta, el 29 de ese mismo mes el director del penal estableció el inicio de un proceso disciplinario en contra de quienes participaron en la huelga por la presunta violación de varios numerales del Código Penitenciario y Carcelario. Fue así como la máxima cabeza del penal ordenó el traslado de García Chaverra al establecimiento de Girón, en Santander, el 8 de diciembre de 2006, y le quitó 20 días del beneficio de reducción de pena. Esa orden se impartió para los otros huelguistas, quienes fueron enviados a distintas cárceles, no sin antes eximirlos también de los 20 días de redención.

El 25 de abril del año siguiente Fabio García interpuso un recurso de reposición contra la resolución con que los amonestaron, pero la decisión fue ratificada y la sanción se mantuvo porque el juez de tutela consideró que en el recurso “había carencia actual del objeto”, por lo tanto no les otorgaron el amparo. Los internos apelaron la decisión, pero una vez más les fue negada porque supuestamente era extemporánea.

Los reclusos no cesaron en su lucha y detrás de los barrotes volvieron a apelar la decisión, recibiendo una nueva negativa. Esta vez por parte del Inpec, quien declaró la apelación “improcedente”. Según obra en el expediente, el abogado del establecimiento penitenciario indicó que el traslado del interno a la cárcel de Girón no fue una represalia por la protesta, sino que se llevó a cabo porque García Chaverra “presionó” con la huelga para que se le enviara a ese centro de reclusión y que la decisión asumida había sido por la vulneración de la normas del código penitenciario.

En ese sentido, el pasado mes de julio, la Corte consideró que en circunstancias donde haya una situación de debilidad manifiesta, hay una permisibilidad constitucional que les brinda a las personas el derecho a disentir y protestar por principios como la dignidad, debido a que el Estado está obligado a garantizarles los derechos a los internos. Fue así como la Alta Corporación en los pasados días le ordenó al director de la cárcel de La Dorada o al funcionario del Inpec correspondiente, que en un tiempo no mayor a 48 horas dejara sin efecto la sanción que le habían impuesto a Fabio Alex García Chaverra por haber realizado una huelga de hambre para que le mejoraran las condiciones sanitarias y le dieran trámite al beneficio administrativo de las 72 horas.

Fuente

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Hallan nuevas fosas de víctimas de paras de Montes de María

Alias Juancho Dique, ex jefe paramilitar, acompañó al equipo de fiscales y expertos para indicar dónde estaban enterradas las víctimas.

Con la orientación del ex jefe paramilitar Juancho Dique, los fiscales encontraron nuevos cuerpos en Ñanguma, un caserío a orillas del Canal del Dique, Bolívar. Van 1.559 cuerpos rescatados de los miles que dejó la barbarie.

Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en la Costa Caribe

Fecha: 08/08/2008 -

Ñanguma es un caserío a orillas del Canal del Dique al norte de Bolívar, rodeado de ciénagas, cerca del Golfo de Morrosquillo. En ese caserío el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias Juancho, tuvo una de las bases del frente que comandaba, el cual cubría 18 municipios de la zona norte del departamento, incluida Cartagena. Ñanguma es un palenque pobre y desconocido a media hora de Marialabaja, la cabecera municipal.

El pasado miércoles 6 de agosto, el exjefe paramilitar del Frente Héroes del Canal del Dique, conocido con el alias de Juancho Dique, regresó a Ñanguma, Maríalabaja, tras cuatro años de ausencia. Fue con el grupo de exhumaciones de la fiscalía de Justicia y Paz, para buscar los cuerpos de varias víctimas sepultadas en los últimos diez años. Fueron hallados cuatro restos humanos en tres fosas. De ellas sólo se sabe que dos eran mujeres, a una le decían “La Mona” o “Luzmary”, y posiblemente perteneció a la organización armada.

La otra mujer fue hallada en una fosa común con unos restos masculinos. Ambas habían sido sepultadas en fincas diferentes a diez minutos del pueblo. Luzmary, hace cuatro años aproximadamente y la otra mujer (NN), hace ocho, según cálculos de Juancho Dique. La comisión salió de Barranquilla a las cinco de la mañana, dirigida por el fiscal de exhumaciones Nivaldo Jiménez Illera, a quien acompañan siempre un antropólogo, un topógrafo, un auxiliar de campo y un investigador de policía judicial. La comisión fue escoltada por treinta policías especializados y agentes del Inpec encargados de la custodia del postulado.

A las 10 de la mañana y gracias a la colaboración de tres guías conocidos por el ex jefe paramilitar, el equipo inició la primera búsqueda en la finca El Comienzo, vereda Cerro Pando, corregimiento de Ñanguma, municipio de Maríalabaja. En una hondonada, a la orilla de un maizal, se abrió la primera fosa. En primer lugar los exhumadores aíslan el terreno con una cinta. La tierra estaba húmeda y había sido removida.

Días antes los guías, por indicaciones del mismo Juancho Dique, habían estado verificando los sitios dónde habrían sepultado víctimas. No siempre atinan y el trabajo es dispendioso, porque exige un riguroso protocolo. Los excavadores se enfundan en batas esterilizadas y se cubren con tapabocas y gorros. Identificada y cercada el área, delegan en Luna, una perra Labrador, la tarea de buscar con su olfato una posible sepultura. En donde la perra se sienta, allí comienza la excavación.

El ex jefe paramilitar al principio de la diligencia estaba un poco nervioso de que fuera a fallar la exhumación y no encontraran los restos. Con la orientación del ex jefe paramilitar Juancho Dique, los fiscales encontraron nuevos cuerpos en Ñanguma, un caserío a orillas del Canal del Dique, Bolívar. Van 1.559 cuerpos rescatados de los miles quedejó la barbarie. “Luzmary” o alias “La Mona”, murió en los primeros meses de 2004. Su cuerpo había sido descuartizado y los presuntos autores del asesinato fueron, según Juancho Dique, los ex jefes urbanos de Cartagena conocidos con los alias de “El pollo” y El flaco pelle”. “La mona”, según información que le dieron otros patrulleros, era de El Guamo.

Los restos fueron hallados a menos de cuarenta centímetros de profunidad y la fosa tenía aproximadamente 50 por 50. Se hallaron una prendas de vestir femeninas y un análisis inicial de la pelvis permite al antropólogo afirmar que se trataba de un cuerpo femenino. Se desconoce por qué fue asesinada, pero los familiares de ella habían insistido en que la buscaran.

Después de cuatro horas de excavar y extraer con cuidado cada pieza ósea, clasificarlas y guardarlas en bolsas, se cerró la fosa. Del maizal, la comisión se trasladó a otra finca, Blanca Berta, distante a unos cinco kilómetros atravezando potreros. Los guías llevaron a la comisión hasta una cerca, bajo una ceiba roja Tolúa donde posiblemente habría otro cuerpo.

Eran las dos de la tarde y la temperatura bordeaba los 40 grados, se asiló la zona y el olfato de la perra Luna en este caso no fue tan rápido, tardó más en sentarse sobre la sepultura. A 40 centímetros aparecieron los primeros restos: húmeros, rotulas, tibias, peronés, falanges (raíces que se confunden con huesos por el color), medias, camisas, calzado, el cráneo, fragmentos de huesos deshechos. También había sido descuartizado. Cuando ya habían sido hallados casi todos los huesos de una víctima, se dieron cuenta que un fémur era más grueso y largo que otro. ¿Era cojo? ¿Tenía algún defecto? ¿ O se trata de un hueso de otra persona?. Terminó siendo esto último. En la misma fosa había dos cuerpos. Arriba estaban los restos masculinos.

Sobre estas personas Juancho Dique dijo desconocer de quiénes se trataba y las razones por las cuales fueron asesinadas, pero prometió averiguar. Lo que sí cree es que ese sitio puede ser un cementerio.

Buscar muertos en los potreros y en el monte no es fácil. Buscar personas asesinadas por los grupos paramilitares en la guerra irregular de los últimos quince años, mucho más difícil, porque las víctimas fueron sepultadas para desaparecerlas y para que no se supiera dónde quedó su cuerpo ni quién cometió el crimen. También resulta difícil porque, muchos patrulleros encargados de ejecutar órdenes están muertos.

Es duro si van familiares de las víctimas, porque abrir un hueco es desenterrar una historia de vida truncada, un sueño interrumpido, un alma perdida para los familiares y amigos que no volvieron a saber de esa persona, algunas con ocho y diez años de estar en una fosa a la orilla de un camino, cerca de una cañada, al pie de un árbol, cubiertos por la maleza o bajo un maizal. Nadie rezó por sus almas, fueron tirados a un hueco.

La historia de una exhumación comienza con una reclamación de un familiar que dice dónde, cómo y –posiblemente- quién, se llevó a su hermano, padre, amigo, hijo, etc., o por la confesión de quien cometió el homicidio. Desenterrados los restos viene una etapa complicada también, porque identificar a una persona desaparecida toma tiempo y exige muchas pruebas genéticas.

Si se cree que los restos hallados son de una persona identificada y se conoce a los familiares, resultará menos demorado pero se debe hacer un cotejo a través de pruebas de ADN para llegar a la plena identidad. La carta dental, la historia clínica y las huellas dactilares, son las formas que permiten identificar desaparecidos. Los restos exhumados quedan en una cadena de custodia y son enviados a los laboratorios del CTI y Medicina Legal en Bogotá y Medellín.

En estos dos años de versiones libres, la fiscalía ha abierto 1.293 fosas, ha desenterrado 1.559 cuerpos y ha entregado a los familiares 202 restos por hechos ocurridos en toda Colombia. Aunque todavía no se sabe cuántas personas murieron a manos de los grupos paramilitares, la fiscalía tiene registrados –según las víctimas- la muerte de aproximadamente cincuenta mil personas, pero no todas están sepultadas como NN en potreros y montañas. Muchos fueron arrojados a los ríos, otros desaparecieron a la intemperie.

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INDÍGENAS DEL TOLIMA DENUNCIAN ARBITRARIEDADES DEL EJÉRCTIO NACIONAL

Por Nelson Lombana Silva
Los habitantes indígenas del sur del Tolima denuncian ante la defensoría regional del pueblo, atropellos, amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral.

Según denuncia, hace ocho días militares sin distintivos propios del ejército nacional, llegaron al resguardo Totarco – Niple, del municipio de Coyaima, presentándose como guerrilleros exigiendo dinero, recolectando la suma de cien mil pesos.

Por su parte, en el resguardo indígena San Miguel del municipio de Natagaima, los militares afirman que allí existe caleta de explosivos y buscan afanosamente a un miembro de esta comunidad de nombre René Benítez. Patrullan de civil y con armas cortas, unas veces se hacen pasar como guerrilleros, en otras como paramilitares y en otras con distintivos del ejército.

En carta fechada siete de agosto de 2008, dirigida al doctor Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, el gobernador del resguardo San Miguel, José Alcibiades Apache Romero, expresa su problemática y exige del funcionario presencia en la zona para conjurar la grave situación.

Dice la nota: "De manera más atenta le solicito su intervención en aclarar los señalamientos hechos por el ejército nacional, donde suponen ellos que en el resguardo indígena San Miguel Natagaima en su territorio existen caletas con explosivos y buscan a indígenas con nombre propio, en operación realizada de civil y sin identificarse utilizando armas cortas llegaron el día miércoles 30 de julio a las 7:30 de la noche y lo han seguido haciendo hasta hoy siete de agosto".

"Queremos que intervenga ya que genera desconfianza el hecho que no se identifiquen y preguntado al comandante de una patrulla del ejército, teniente Angulo, contestó: "Es que en ese territorio hay caletas y hay un indígena implicado". Consideramos que se abra una investigación y que si resulta judicialización de alguien del resguardo, se haga de una manera clara y no con simples señalamientos de personas que dicen ser informantes y buscan una reciprocidad económica, que sabemos le hace falta, pero pone en problemas a una familia y a la comunidad en general. Por último, responsabilizamos a las autoridades militares de cualquier hecho violento".

Ibagué, agosto 8 de 2008

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“Aquí va a morir mucha gente” El Castillo, Meta

Fotoelespectador

El Castillo, Meta“Aquí va a morir mucha gente”:

Ejército Serias denuncias de sindicatos agrícolas y de las comunidades contra la Fuerza Pública por violación s sus derechos

Por Camilo Raigozo.

Con información de Fensuagro.

Según denuncias del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, en los días siguientes de la Misión Humanitaria realizada los días 21 y 22 de mayo en las veredas de Campo Alegre y La Esmeralda, han ocurrido hechos que tiene preocupados a los pobladores.
Tropas del Batallón 21 Vargas que controla el territorio con patrullajes permanentes, han realizado allanamientos a varias viviendas campesinas buscando amedrentar y causar terror en los pobladores, lo mismo que a las personas que han retornado a la región luego de haber sido desplazadas.

Según los campesinos la situación es muy grave ya que las autoridades civiles del municipio de El Castillo no tienen control y al parecer tampoco poseen información de los desmanes que la fuerza pública viene realizando.

A finales del mes de mayo allanaron la casa de Valentina, una campesina de avanzada edad quién vive sola y en condiciones muy precaria. En la población de Miravalles miembros del ejército acusaron a un campesino de ser guerrillero y lo amenazaron con los paramilitares.

El día 7 de Julio de 2008, a las 10 de la mañana hombres del ejercito se acercaron a unos 30 metros de la vivienda de Aladino Álvarez Calvo, en la parte alta de la vereda de Caño Lindo.

Los soldados le pidieron que les vendiera unos plátanos a lo cual asintió Aladino, pero cuando el campesino les ofreció limonada, le tomaron fotos con un celular y seguidamente le preguntaron que en realidad que estaba haciendo mientras simulaba el que trabajaba.

Aladino les respondió que estaba sembrando fríjol, a lo que el uniformado lo acusó de estar comunicándose por teléfono con la guerrilla, avisándole de la ubicación del ejército.

“Tranquilos, ya estamos engordando a varios marranitos para la noche buena, ahora las cosas han cambiado, por que los que no salieron antes de la región en el desplazamiento pasado los tenemos ubicaditos, aquí va a morir mucha gente”, le dijo el militar a Aladino, quién advirtió que los militares poseen una larga lista de campesinos de la región, entre los que recuerda a Jesús Rengifo, campesino de la vereda.

El día 7 de Julio de 2008, entre las 11 y las 12 del día, hicieron presencia tropas del ejército en la casa de Jesús Antonio Rengifo. “Llegaron a mi casa tomándome fotos con un celular, entraron y abrieron un cajón, miraron, lo cerraron y se fueron”, dijo Rengifo quién se encontraba con un nieto menor de edad. Pidió que la Defensoría investigue el porque las tropas del ejército le toman fotos y le hacen seguimientos.

El 13 de julio anterior, en la vereda Caño Lindo, informaron los campesinos sobre la presencia del ejército a 100 metros de distancia de la vivienda de Herminson Tique, quién en días anteriores había sido citado por el ejército en una parte montañosa lo que le generó temor y sospecha decidiendo no acudir.

Ese mismo día hubo sobrevuelos de aviones militares a muy baja altura lo que generó pánico colectivo entre los habitantes de las veredas. El 19 de julio del 2008, a las 2:30 p.m. aproximadamente, al sitio donde se realizaba una fiesta organizada por el comité de deportes de la vereda de La Esmeralda.

De repente llegaron al sitio un carro vino tinto y una furgoneta de los que bajaron militares del Gaula que inmediatamente rodearon el lugar y se dedicaron a tomarle fotos y a filmar a los pobladores que se encontraban en la reunión comunitaria.

El mismo día arribaron a la vereda El 11 dos camiones del ejército con personal uniformado y hombres de civil armados, lo que ha despertado temor en la población inerme a lo que pueda ocurrir.

El sindicato agrario pidió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras estar alertas e instar al gobierno nacional para que cesen las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades de esta región del Meta.

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